La Gaceta Jurídica

Polémica designación

…susceptibilidades que solo podrán ser superadas por el reconocimiento que tenga la persona en cuestión en la sociedad, es decir que su trayectoria sea distinguida y recordada por acciones claras y que su desempeño en esa oficina sea ejemplar e íntegra.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 10 de abril de 2016

Más que cualquier otra decisión que se ha tomado últimamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), era de esperarse que la designación del Defensor o Defensora del Pueblo sería controversial, porque se trata de un cargo dirigido a la defensa de los derechos humanos frente a situaciones que los pudieran vulnerar y porque, según el artículo 218 de la Constitución Política del Estado (cpe), “la función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos”. 

Para este nombramiento, la ley fundamental, en su artículo 161 inciso 8, establece que una de las funciones de las Cámaras reunidas en Asamblea Legislativa Plurinacional es “designar al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo”. Asimismo, el artículo 220 determina que “la Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos”.

Más allá de las disposiciones constitucionales, lo quieran negar o no los opositores y oficialistas, el puesto de Defensor o Defensora del Pueblo tiene una carga política considerable, por lo que lleva a grandes susceptibilidades que solo podrán ser superadas por el reconocimiento que tenga la persona en cuestión en la sociedad, es decir que su trayectoria sea distinguida y recordada por acciones claras y que su desempeño en esa oficina sea ejemplar e íntegra.

El trabajo en ese marco solventará el ahora observado Reglamento para la Designación del Defensor del Pueblo, que fue aprobado en la semana con la crítica y amenazas de la oposición de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp). Por otra parte, estas observaciones se dirigen a otros aspectos que pueden ser argumentados como renovados para este mecanismo, como el referido a la no exigencia de un título profesional.

En virtud del texto constitucional, los constitucionalistas podrán encontrar argumentos en pro y en contra del contenido del reglamento, no obstante, existen puntos claros determinados en el artículo 221, que dice: “para ser designada Defensora o ser designado Defensor del Pueblo se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con treinta años de edad cumplidos al momento de su designación y contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública”.

Sin embargo, el señalado tema político aparece en dos magnitudes fundamentales, además de otras, pues una buena parte de los luchadores y luchadoras por los derechos humanos han tenido militancia partidaria, en especial, en partidos de izquierda o se han relacionado de manera estrecha con militantes y dirigentes de estas agrupaciones, lo que para la oposición podría ser óbice para que determinadas personas sean seleccionadas o designadas en el cargo.

La otra dimensión política está relacionada con la obvia intencionalidad de utilizar la labor del Defensor o Defensora en contra del régimen de turno o que este pretenda ocultar sus fallas en relación a los derechos humanos. De hecho, lo que queda esperar es que la persona de sea designada cumpla con su deber como manda la Constitución y la integridad personal.

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