La Gaceta Jurídica

Policía de la Fiscalía de Santa Cruz fue sorprendido

Flagrancia de notificación ilegal

El video muestra la acción denunciada.

El video muestra la acción denunciada. Foto: RBD

La Gaceta Jurídica / Ximena Guzmán Pinilla

00:00 / 17 de abril de 2012

Con un falso acto de notificación se violentó el Debido Proceso y se colocó en indefensión a una de las partes en un juicio investigativo penal.El hecho involucra al Sargento de policía Jaime Mamani Condori, quien fue captado por cámaras de seguridad en el domicilio del supuesto notificado el 30 de marzo, practicando la notificación fraudulenta en pleno centro cruceño.

A las 17:18 horas del 30 de marzo, el policía bajó de un vehículo rojo, se acercó al domicilio y, sin tocar el timbre de la casa ni verificar si había alguien en ella, pegó un cedulón en la pared, le tomó una fotografía como constancia de haber dejado la nota y practicado la notificación, luego la retiró de la pared, y se marchó.

Siete personas se encontraban en ese momento dentro del inmueble, incluido el propietario, y solo se enteraron de lo ocurrido cuando una vecina les advirtió que un sujeto que vestía un chaleco con las letras “felcc” en la espalda había colado un papel que luego él mismo se llevó.

El dueño de casa tomó la grabación de sus cámaras de circuito cerrado y con una copia se dirigió a la plataforma de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (felcc) donde no encontró ninguna denuncia en su contra. Los cuatro días siguientes recorrió otros puestos policiales y las oficinas fiscales para saber con qué actuación policial o fiscal había sido notificado. En ningún sitio le supieron dar información y ninguno de los consultados reconoció a la persona de la filmación.

Curiosamente, al quinto día, aparentemente alertado por sus camaradas, el sargento Mamani Condori se presentó en el domicilio señalado, lucía esta vez el uniforme, y realizó la Notificación  personal con la Resolución de Ratificatoria de Rechazo de Denuncia emitida por el Fiscal del Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez Cavero. El caso está identificado como FIS-ANTI 011407, IANUS Nº 2011-32746, referido a una denuncia realizada por opv contra el Juez JNZA por los delitos de Prevaricato (Art. 173 cp), Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes (Art. 153 cp) e Incumplimiento de deberes (Art. 154 cp).

¿Cuál sería el interés de un sargento de policía para que una de las partes no se entere de la notificación y por quién habría estado avalada su actuación? El caso tiene que ver con el Juez Octavo de Sentencia, acusado por los delitos antes señalados, y con actuaciones importantísimas emanadas del fiscal de Materia Freddy Pérez Chavarría y por el mismo fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez Cervera.

Si de esta manera arbitraria y fraudulenta se notifica en un caso en el que participan importantes autoridades del Sistema Judicial, ¿qué podrá esperarse de actuaciones para el resto de los ciudadanos?

Surge otra pregunta ¿Cuál habrá sido el objetivo para practicar esta notificación de manera ilegal? Una de las respuestas probables es que fue realizada para evitar que se pida la conversión de acciones ante el juez cautelar y que se abra un proceso penal contra el juez acusado. Este hecho es un atentado al Debido Proceso, ya que impedir que una de las partes conozca de una notificación provoca estado de indefensión absoluta.

¿Cómo debió notificar el policía? El Art. 163 Inc. 2. cpp dice que la notificación deberá ser personal cuando “las sentencias y resoluciones sean de carácter definitivo” como es este caso particular. “Solamente si el interesado no fuera encontrado, se practicará la notificación en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia”. Incumplir con esta disposición, daría lugar a un proceso penal para el infractor.

Llegar al domicilio sin llamar a la puerta ni verificar si hay alguien, pegar la notificación en la pared, tomarle fotos y luego sacarla para decir que la notificación fue practicada es un delito tipificado como Incumplimiento de Deberes, Art. 154 cp.

Consultado sobre su accionar, el sargento culpó de lo ocurrido a la vecina y dijo haber sido guiado por un abogado cuyo nombre desconoce, pero que lo trasladó en su vehículo hasta el sitio de la notificación ilegal. Señaló también que fue destinado por su Institución recientemente a Santa Cruz.

El público litigante está expuesto a este tipo de atropellos. Para la mayoría, enfrentarse a un oficial de diligencias o a policías que fungen como tales significa paralizar un proceso. ¿Quién controla a estos funcionarios? ¿Por qué siguen cobrando para notificar? ¿Quién se hace responsable por una notificación fraudulenta o no realizada? El ciudadano no debería estar en desventaja por este tipo de empleados públicos que en teoría “dan fe de los actos”.

*     Es parte de la Revista Boliviana de Derecho.

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