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En todo caso, la elección de personal con vocación de servicio en el modo que concierne al trabajo policial no servirá de mucho si en la entidad persiste la presión encubridora y la intención de enriquecimiento. Otra vez queda la duda de si el poder político podrá meter las manos con éxito y recuperar la honestidad.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 24 de febrero de 2015

Un tema que no debe ser soslayado y que ocupa varias veces los espacios de comentario es el de la situación de la Policía Boliviana, importante entidad de la superestructura estatal que merece atención restaurativa para que cumpla las funciones para las que ha sido creada y es financiada por el erario nacional, pero que se ha sumido en prácticas que rayan en la inmoralidad debido a la corrupción que campea.

El artículo 251.I de la Constitución Política del Estado de 2009 establece que “la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano…” Entonces, si la Policía está encargada del cumplimiento de las leyes, quiere decir que debe cumplirlas y hacerlas cumplir.

En este marco se puede incluir el artículo constitucional 108, el cual señala que “son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción”. Sin embargo, con relación a la Policía, este aspecto es uno de los menos cumplidos por la ciudadanía en general, debido a las consecuencias que esto puede traer, pues, como ejemplo, recientemente un ciudadano denunció que por haber cometido una infracción que debió ser sancionada de manera adecuada fue objeto de extorsión con la retención de su vehículo por más de un mes, además de que al denunciar recibió amenazas, lo que hasta ahora no ha sido investigado por las entidades encargadas de esto.

Por éste y otros motivos que involucran a policías uniformados y civiles en actos delincuenciales, es que la población está atenta a que se produzca un verdadero cambio en la institución verde olivo, anuncio reiterado en éste y en los gobiernos de los últimos 25 años y que ahora busca tener mayor asidero según anuncio del actual ministro de Gobierno, Hugo Moldiz.

El nuevo intento de reformar la Policía tendrá que ver con modificaciones a las normas internas de la institución. El objetico principal es erradicar la corrupción e indisciplina que deshonran y provocan estigmatización en esas filas. En todo caso, estas transformaciones seguramente tendrán que ver con los postulados esenciales de la actual Ley N° 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, del 4 de abril de 2011.

Entre los puntos fundamentales de la norma se encuentra el “artículo 2. (FINALIDAD). La Finalidad de la presente Ley es cautelar, proteger y resguardar la ética, la disciplina, el servicio público policial, los intereses e imagen institucional de la Policía Boliviana”. Además, el artículo 3 refiere que “la función pública policial deberá sujetarse a los siguientes principios (entre otros), de ÉTICA. Cualidad moral de la policía o el policía expresada en actos que denotan la práctica de valores humanos y sociales así como la observancia de los principios de servicio a la sociedad, a la institución y al Estado Plurinacional de Bolivia”.

En todo caso, la elección de personal con vocación de servicio en el modo que concierne al trabajo policial no servirá de mucho si en la entidad persiste la presión encubridora y la intención de enriquecimiento. Otra vez queda la duda de si el poder político podrá meter las manos con éxito y recuperar la honestidad.

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