La Gaceta Jurídica

Posible juicio por “octubre negro”

…en vista de que las gestiones del Estado boliviano no han prosperado para la extradición de los demandados con el objetivo de que sean juzgados en la sede del Órgano Judicial, las instancias pertinentes en Bolivia podrían coadyuvar para que la causa sea abierta en el país del norte y que su tramitación sea completada hasta una sentencia final.

Editorial

00:00 / 23 de mayo de 2014

Después de intentos en diferentes tribunales por parte de los familiares de las víctimas de “octubre negro”, un juez federal de Florida, Estados Unidos, posibilita la instalación de un proceso en ese país contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, quienes radican en esa jurisdicción desde su huida de Bolivia el 17 de octubre de 2003, luego de fracasar en su intento de frenar por la fuerza las protestas populares, inicialmente desatadas por el rechazo a la venta de gas por territorio chileno y radicalizadas por la muerte de decenas de ciudadanos debido a las acciones militares ordenadas por el régimen.

De acuerdo con el juez James Cohn, los nueve demandantes pueden continuar con el litigio contra los acusados apelando a la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (tvpa); además, según informó el periódico Miami New Times, el magistrado consideró que, “a menos que los acusados ​​sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de derechos humanos. Más bien, como están las cosas, Estados Unidos parece ser el único foro en el que los demandantes pueden tratar de mantener a los acusados (como) ​​responsables por sus presuntos agravios”. 

Las acusaciones contra Sánchez de Lozada y contra Sánchez Berzaín incluyen su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos extrajudiciales de civiles, crímenes contra la humanidad, negligencia en la muerte de civiles desarmados –incluso niños–, ordenar a las fuerzas bolivianas de seguridad usar fuerza letal contra civiles desarmados. En el análisis del tema, el juez rechazó “la moción de los demandados para desestimar en parte la demanda”, pues la tvpa puede hacer valer el caso planteado por la parte demandante.

Lo importante para que la justicia por los muertos y heridos de la “guerra del gas” sea aplicada es que Cohn encontró que los argumentos de la demanda han sido suficientes como para seguir con el proceso en ese país, además, un comunicado de prensa de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard informó que el jurista rechazó la moción de los demandados para desestimar en parte la demanda.

De hecho, los datos anteriores ofrecen gran expectativa debido a que se puede instalar en breve un proceso sancionatorio para los políticos acusados por la violencia estatal de hace casi 11 años. Asimismo, en vista de que las gestiones del Estado boliviano no han prosperado para la extradición de los demandados con el objetivo de que sean juzgados en la sede del Órgano Judicial, las instancias pertinentes en Bolivia podrían coadyuvar para que la causa sea abierta en el país del norte y que su tramitación sea completada hasta una sentencia final.

En la eventualidad de que los acusados sean declarados culpables, se debe considerar que la sentencia la cumplirían en Estados Unidos; por otra parte, si el fallo pudiera ser de inocencia, desde los tribunales bolivianos podría replantearse la tramitación de la extradición de “Goni” y “El Zorro”, acusados de delitos que no prescriben debido a su carácter de violación al derecho a la vida, establecido en la legislación internacional y nacional.

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