La Gaceta Jurídica

Posición ante el cambio de sede de la CIDH

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 21 de mayo de 2013

Indudablemente, una noticia importante ha sido la Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), que se realizó en Tiquipaya, Cochabamba; escenario elegido para que 24 delegaciones de los países miembros debatan y lleguen a un consenso sobre el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), que actualmente funciona en Washington, Estados Unidos (eeuu), habiéndose perfilado Perú y Costa Rica como posibles candidatos, sin descartar a otros Estados.

Es importante destacar, que los principales impulsores de las reformas a la cidh son Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, Países del alba, que observan el hecho de que la Comisión funcione en eeuu, una potencia que, hasta el presente, no suscribió ningún tratado sobre derechos humanos. También critican que esa nación, algunas ong y otros países aporten para su funcionamiento.

Al respecto, en este mismo espacio, ya habíamos sostenido que la falta de interés de eeuu para ratificar la mencionada Convención Americana, además de ser cuestionable en todo tiempo y lugar, es al mismo tiempo una muestra de la relación de dependencia o subordinación de la cidh con el país del norte.

Por otro lado, y en ocasión de ésta reunión, el Canciller boliviano afirmó que los Estados que suscribieron el Pacto de San José de Costa Rica buscan “retomar” y “reencauzar” la cidh, para una real aplicación de los principios que rigen los derechos humanos.

A ello cabe agregar que todos los derechos humanos son universales por esencia, indivisibles, interdependientes unos de otros, y se encuentran interrelacionados entre sí; de ahí que la comunidad internacional debe tratarlos en forma global, de manera justa y equitativa, situándolos a todos en pie de igualdad y, asimismo, los Estados tienen el deber (sean cuales fueren sus sistemas políticos económicos y culturales) de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme se ha establecido en la Conferencia de Viena de 1993.

Ahora bien, la Conferencia de Cochabamba no logró el objetivo para el que fue convocada, dado que el traslado de la sede de la cidh a otro país no convenció a varios Estados miembros; por ejemplo, Brasil consideró la necesidad de la inclusión de un análisis de los costos económicos y presupuestarios que implicaría esa iniciativa; de ahí que, en la Declaración de Cochabamba no hubo consensos para el cambio de la sede de la cidh de eeuu a otro país y, en su lugar, se anunció la conformación de una comisión para que continúe con el avance de la propuesta.

Al respecto, se tiene como antecedente importante el hecho de que en Guayaquil, durante la Primera Conferencia de Estados Parte, ya se consideró la conveniencia del traslado y en esta reciente Conferencia el avance importante ha sido la decisión de conformar una Comisión Especial, a cargo de Uruguay y Ecuador, para que trabaje en torno al traslado de la sede, además de los temas presupuestarios, reglamentarios y funcionales que son necesarios de analizar, porque es en base a esta acumulación de datos e información que los países miembros podrían adoptar la decisión del traslado de la sede, en los márgenes de pertinencia, utilidad y oportunidad, de modo que implique una menor afectación a los intereses de los países miembros.

Me parece importante rescatar también que la reciente Declaración de Cochabamba, adoptada después de la realización de ésta Segunda Conferencia, contiene cinco conclusiones importantes que se traducen en las acciones a que se comprometieron los países participantes:

1) Conformar la Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores que representen a Sudamérica (Uruguay), el Caribe (Haití), Centroamérica (pendiente) y Norteamérica (pendiente), para realizar visitas a los países que no forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lograr afianzar y promover la universalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos;

2) Avanzar en el análisis sobre la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (cidh), esté ubicada en un Estado Parte de la cadh, a través de la creación de un grupo de trabajo abierto (encabezado por Uruguay y Ecuador), que identifique los desafíos presupuestarios, reglamentarios y funcionales que implique dicho traslado, a cuya conclusión deberá presentar un informe sobre este trabajo, en la Tercera Conferencia de Estados Parte de la Convención;

3) Proponer a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (oea) que encomiende a la cidh, incorporar en su plan estratégico una Guía de Promoción de los Derechos Humanos, que incluya eventos de difusión sobre prácticas nacionales de todos los Estados;

4) Solicitar al Secretario General de la oea, que presente al Consejo Permanente el análisis detallado de las fuentes de financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el más corto plazo; y

5) Encargar a Ecuador y Bolivia las coordinaciones necesarias con los Estados Parte para la organización de la Tercera Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, no es fácil comprender cuál la importancia del traslado de la sede de la cidh a otro país, cuando el asunto de vital importancia debiera ser el análisis serio y objetivo para lograr adoptar medidas urgentes y efectivas, conducentes a la protección eficaz de los derechos humanos en la región, minimizando los costos económicos que supone a las personas acudir a ésta instancia internacional (superando las barreras de tiempo y lugar) ante una situación de vulneración de sus derechos, en que podría verse involucrado(a) no sólo por acción de los gobiernos o las autoridades estatales, sino también por la acción de eventuales personas particulares que se encuentren en situación de poder o jerarquía superior.

Entonces, el tema de debate tal vez debiera ser el análisis de mecanismos idóneos y adecuados para “acercar” el sidh al ciudadano(a), es decir, a la “gente de a pie”, que muchas veces tiene que renunciar a la reivindicación de sus derechos, ante una decisión injusta de una autoridad, determinado(a) por el rasgo económicamente inalcanzable que supone acudir a una instancia internacional para protestar por la defensa de sus derechos eventualmente desconocidos o suprimidos.

De ahí que es posible que la gratuidad del acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh), consonante con el principio de gratuidad de la justicia, aliado al informalismo ante todo, se perfile dentro de algunas de las alternativas de respuesta inmediata que debieran discutirse ampliamente para “aproximar” o “hacer llegar” los derechos humanos y sus medios de protección a toda la gente, lo que ciertamente guarda estrecha relación con el Principio de Universalidad de los derechos humanos, a fin de que la “capacidad económica” ya no sea un referente/obstáculo para lograr la efectividad de los derechos y libertades de todas las personas.

*    Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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