La Gaceta Jurídica

Potestades de la jurisdicción administrativa

Controversias y actos

La facultad de resolver los conflictos supone la existencia de poderes indispensables.

La facultad de resolver los conflictos supone la existencia de poderes indispensables. Foto: areacompliance.redcumes.com

00:00 / 03 de julio de 2015

Considerando que la jurisdicción administrativa emana del mandato Estatal, tiene la facultad de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, llevando a ejecución los fallos con autoridad de cosa juzgada, esa facultad supone la existencia de ciertos poderes que resultan indispensables para el cometido de ese fin, entre los que se encuentran:

Poder de decisión

Es el poder por excelencia que distingue la función jurisdiccional, la máxima autoridad ejecutiva es juez en tanto decide y no puede excusarse de resolver los conflictos emergentes de las relaciones que surgen entre la administración pública y los administrados.

Este poder de decisión se manifiesta formal e intrínsecamente cuando la máxima autoridad ejecutiva afirma la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley concerniente a las partes o a los presupuestos procesales o al proceso mismo y, finalmente, dando la suficiente fuerza imperativa a las resoluciones que se adopten.

Dicho poder de decisión jurisdiccional se manifiesta cuando la máxima autoridad ejecutiva aplica la ley al caso concreto, subsumiendo los hechos al Derecho, ejerciendo el deber de motivar sus resoluciones, misma que involucra las razones de su decisión que, a la vez, implica un mandato; es decir, la resolución es una orden imperativa que debe ser cumplida, pues, caso contrario, puede ser efectivizada coercitivamente por la administración.

Poder de ejecución

Es el poder que tiene la máxima autoridad ejecutiva para realizar la ejecución procesal forzada de sus decisiones, toda vez que es necesario que la jurisdicción administrativa esté dotada del poder coercitivo necesario para ejecutar sus resoluciones. El poder de ejecución se refiere a la satisfacción de la obligación que está inserta en la resolución que emana de los órganos administrativos.

Poder de instrumentación

Este poder es llamado también de documentación, pues es la potestad que tiene la máxima autoridad ejecutiva de dar categoría de instrumento auténtico a la resolución que emite.

Este poder es conocido como la potestad material de conservar y custodiar el conjunto de documentos que forman el expediente, esto en virtud de que los escritos presentados por las partes y cada una de las actuaciones procesales, como ser las pruebas, autos, resoluciones, etc., adquieren categoría de instrumento público. 

Poder de coerción

Se refiere a la potestad que tiene la máxima autoridad ejecutiva de imponer sanciones a quienes con su conducta obs- truyan o perjudiquen el trámite normal del proceso.

El poder de ejecución y el poder de coerción se diferencian en lo siguiente: el primero consiste en ejecutar el mandato de carácter administrativo, mientras que el segundo gravita en la sanción que impone la máxima autoridad ejecutiva contra un acto de inconducta de los administrados.

Justicia administrativa

Esta es una de las materias más complejas del Derecho Administrativo, al punto que no fue expeditiva para los juristas del pasado; desde entonces, mucho se ha avanzado en la elaboración teórica y positiva de la justicia administrativa, aunque ningún tratadista ni Estado puedan afanarse de una construcción definitiva e irrevisable.

La dificultad surge al momento de establecer la esencia intrínseca de esta institución, que siendo incuestionablemente ajena a la actividad administrativa, tiene una naturaleza absolutamente diferente, sustantivándose como la más elevada de las funciones jurisdiccionales.

En efecto, mientras la justicia común actúa resolviendo en derecho los conflictos entre los particulares, la justicia administrativa consiste en resolver las controversias suscitadas por los actos de la administración. Tal sería una de las razones para que en nuestros días se abogue por el firme reconocimiento de lo procesal administrativo.

Si el Derecho procesal es aquella rama del ordenamiento jurídico que regula el proceso y lo contencioso admi- nistrativo, es una manifestación del fenómeno procesal; no existe razón alguna para pensar que las normas jurídicas sobre lo contencioso administrativo son Derecho Administrativo y no Derecho procesal, conforme señala el profesor Bielsa.

La expresión exacta atribuible a esta institución sería la de justicia administrativa, con la que no se denota una justicia que no procede de la administración, sino una justicia que tiene por objeto la administración.

Pese a la diferenciación, existen dificultades respecto a su aplicación, por ejemplo, el órgano administrativo es a veces juzgador parcial por ser parte interesada, pero siempre está sujeto a órdenes e instrucciones; la administración carece del presupuesto jurídico político que da razón de esencia y justificación de existencia al órgano judicial.

La independencia, por tanto, de este órgano administrativo no puede estar equiparada a un tribunal judicial, estos aspectos merecen ser estudiados con la rigurosidad académica que nos caracteriza, por eso éstos serán tratados en próximos ensayos.

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