La Gaceta Jurídica

Precedentes constitucionales como sistema en Bolivia

Este texto es la presentación del libro El sistema de precedentes constitucionales de Bolivia, escrito por Henry Pinto, quien se introduce en el manejo de este régimen abordando el estudio de tópicos teóricos y técnicas de investigación de la línea jurisprudencial, como el punto arquimédico, la ingeniería reversa y el nicho citacional.

La aplicación de normas tiene jerarquía, primero la Constitución, luego los tratados.

La aplicación de normas tiene jerarquía, primero la Constitución, luego los tratados. Foto: huffingtonpost.es

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 14 de julio de 2015

"En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene, probablemente, más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura”.

Anton Ego 

Este trabajo nació como resultado de un proceso de formación profesional impulsado por la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia, que, mediante la Escuela de Abogados del Estado, viene impulsado un proceso permanente de formación y capacitación a los colegas en temas propios de la coyuntura jurídica como la Ley del Notariado, el Nuevo Código Procesal Civil y otros.

Dentro de esto vio por conveniente abordar el tema referido al manejo, uso e interpretación de las sentencias constitucionales en Bolivia.En efecto, desde la promulgación de la Ley N° 1836 y el consiguiente reconocimiento del valor vinculante de las sentencias constitucionales en Bolivia, que emerge del artículo 44 de dicho cuerpo normativo, el país ha vivido una transformación relevante en su cultura, incorporando el sistema de precedentes constitucionales en su dinámica jurídica.

Este hecho posteriormente se vio reforzado por la incorporación del artículo 203 de la Constitución de 2009, que reconoce a nivel constitucional el carácter vinculante y obligatorio de las sentencias y decisiones constitucionales, además de la posterior promulgación de la Ley N° 254 “Código Procesal Constitucional en Bolivia”, consolidando, de ese modo, la nueva cultura forense de manejo de precedentes constitucionales.

En concreto, lo que busca esta publicación es profundizar el manejo, el conocimiento y el uso adecuado de este sistema de precedentes, ya que en muchos casos se ha visto que existe un manejo arbitrario, si no irregular y displicente, desconociendo que la parte vinculante de una sentencia constituye la ratio decidendi (en latín, “razón para decidir” o “razón suficiente”).

Ésta, para ser invocada y/o aplicada en un caso posterior, debe mediar la regla de la analogía, por lo que el manejo de este sistema de precedentes exige el conocimiento de ciertas reglas y técnicas que, a modo de resumen, son presentadas en el libro El Sistema de Precedentes Constitucionales en Bolivia.

Espero que esta obra, con sus aciertos y limitaciones, ayude e ilumine para que el Derecho sea un instrumento para la materialización de la justicia.Cochabamba, junio de 2015

¿Cuál es el valor de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Bloque de Constitucionalidad?

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos integran el bloque de constitucionalidad.

Así, en la sentencia constitucional (SC) 01 10/2010-R, el accionante del amparo constitucional sostuvo que se negó en su caso la aplicación de la SC 101 /2004 y el AC 79/2004-ECA que establecen parámetros objetivos para demostrar que en la tramitación del proceso penal en su contra se vulneró la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

El Tribunal Constitucional denegó la tutela bajo el argumento de que dicho enjuiciamiento emergía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Trujillo Oroza contra Bolivia y que “...se colige que inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino, por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del “Estado Constitucional” enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos”.

Considero que, si bien esta innovadora sentencia constitucional es plenamente plausible en su ratio decidendi al integrar al bloque de constitucionalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no resuelve el fondo del asunto pues esta corte ha establecido la obligación del Estado boliviano a una investigación seria pero que, a la vez, respete los derechos humanos de los procesados.

Por lo anterior, en el proceso penal de referencia, al menos, debió exhortarse a los órganos jurisdiccionales y de persecución penal a dar la celeridad debida del caso bajo advertencia de incurrir en responsabilidad.

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia desarrolló el bloque de constitucionalidad a partir de la integración normativa (C-1022 de 1999 y C-400 de 1998) y de la integración interpretativa (C-067 de 2003), en Bolivia podría desarrollarse la integración de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no vía normativa (artículo 410-II o 256 primera parte de la Constitución Política del Estado (cpe)), sino vía interpretativa, es decir por el artículo 13-IV de la cpe que establece que:

“Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, concordante con el artículo 256 segunda parte de la misma norma fundamental, de forma que se entienda que, si bien los derechos fundamentales se interpretan conforme los tratados de derechos humanos, éstos son interpretados conforme a lo que las cortes, tribunales y comités de derechos humanos establecen.

Es docente de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

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