La Gaceta Jurídica

Precisiones sobre la Sentencia Constitucional 300/2012

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 27 de julio de 2012

Queremos abundar sobre el contenido de la controvertida Sentencia Constitucional 0300/2012, referida a la consulta dispuesta para la construcción de una carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Nos referimos con algún nuevo detalle a algunos aspectos que ya fueran abordados en un trabajo anterior. Comencemos por insistir en el uso, como forma de Resolución, de la improcedencia que se utiliza para los artículos 1-III, 3 y 4 de la Ley 180 y el artículo 8 de la Ley 222.

Insistimos en que se ha hecho uso de una forma de Resolución ajena a nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, fuera del texto del artículo 107 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp). También hacíamos notar que los aspectos formales referidos a una acción abstracta de inconstitucionalidad, como es el caso que comentamos, corresponde resolverlos en la Comisión de Admisión.

El artículo 54 de la Ley ya citada destaca que corresponde a esa Comisión (respecto de cualquier acción, recurso o consulta) el “admitirlas… cuando cumplan los requisitos exigibles en cada caso”. “Observar los defectos formales subsanables que determinen la inadmisibilidad de los recursos y demandas”.

Tiene que suponerse, por lo tanto, que aquellos aspectos formales no fueron observados o fueron subsanados en el plazo del artículo 55 (diez días) dentro de la Comisión de Admisión. Entre tales defectos formales podría estar alguno que estuviese relacionado con la improcedencia de la “acción de inconstitucionalidad abstracta”, que fue interpuesta en concreto.

En cambio, si la Comisión de Admisión del tcp acabó admitiendo la acción (artículo 54-1) de la Ley de aquél, el pleno del Tribunal (ya no la Comisión de Admisión) resulta inconcebible que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de aquella acción.

El artículo 107 de la Ley del 6 de julio del 2010 (Ley del tcp), se refiere a los tipos o formas de la Sentencia Constitucional que cabe en este tipo de acciones.

Aquellas formas son dos: la que declara la constitucionalidad en todo o en parte de la norma impugnada en la acción o, por el contrario, la que declara la inconstitucionalidad en todo o en parte de la norma impugnada. La que declare la “inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendrá efecto abrogatorio de ellas”.

Nos preguntamos, en relación a la Ley 180, ¿cuál es el efecto de su declaratoria de improcedente? Lo único que queda en claro es que en la Sentencia dictada el TCP se ha lavado las manos. Lo decimos porque, como dice el mismo texto de la Sentencia 0300/2012, aquella improcedencia, obviamente, se refiere a la acción presentada, no a la Ley 180. Por lo tanto, habría que deducir que aquella Ley sigue vigente en razón del principio de presunción de constitucionalidad, que consagra el artículo 5 de la Ley del TCP, al anotar que aquella se mantendrá entre tantos el Tribunal Constitucional resuelva y declare inconstitucionalidad. Nunca dice su improcedencia.

Entonces, la Ley 180 sigue vigente y como todos saben es abiertamente contradictoria con la Ley 222. Alguien había llegado a firmar que esta última ha significado la abrogatoria automática de la 180, pero es obvio que esta singular figura no existe en el ordenamiento jurídico. Existe abrogación expresa o nada.

Peor todavía, porque en la misma Sentencia que analizamos, respecto de la Ley 222, el tcp declara la constitucionalidad condicionada del artículo 1 de aquella y de los artículos 3, 4 (inciso I), 6 y 9. Añadiendo que el condicionamiento es referido a su concertación, observando los razonamientos de la presente Sentencia…”

Primeramente, habrá que hacer notar que esa forma de Sentencia, declarando la constitucionalidad, pero… condicionada a lo que sea, tampoco está prevista en la Ley del tcp.

El Tribunal pretende ingresar a fallar sobre temas que no le corresponden. Habla de un condicionamiento (se supone que de la vigencia de la constitucionalidad de la Ley 222) a que el proceso de consulta, al que se refiere esa Ley, sea concertado; se supone también entre las autoridades del Gobierno y los interesados que habitan el Tipnis (artículo 30, inciso 15) de la cpe, el mismo que ni siquiera es citado en el texto de la Sentencia.

Insistimos en la interrogante que nos habíamos permitido formular en nuestro trabajo anterior, ¿Qué ocurriría si aquella concertación tan genéricamente señalada, finalmente no se concreta? Es decir, primero, ¿quién decide si ha habido o no concertación o si la misma ha existido en el marco del texto de la Sentencia Constitucional 0300/2012? ¿Va a ser el mismo Tribunal de oficio? ¿Va a ser el Gobierno o los propios indígenas?

La Sentencia acaba añadiendo otra “perla jurídica”, cuando destaca que “ante el incumplimiento de los términos desarrollados en la presente Sentencia, referidos al proceso de consulta, se tendrá expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos inherentes a los pueblos indígenas”, ¿qué tal?

El mismo tcp acaba de establecer esta jurisprudencia: resuelta una acción de inconstitucionalidad abstracta se puede sobre el mismo caso interponer otras nuevas. Correspondía al Tribunal resolver todos los detalles sobre la acción interpuesta, pero dice que si se incumple la setencia habrá otras acciones. ¿No era que las sentencias del tcp eran de cumplimiento obligatorio (artículos 203 de la cpe y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional)? ¿En qué quedamos finalmente? Más imprecisiones, imposible.

Espere…

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia