La Gaceta Jurídica

Presunción de inocencia

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 12 de julio de 2013

El principio, que viene a adquirir característica de universal, denominado “presunción de inocencia”, es, además, un principio constitucional. Hasta aquí no hay mucho para discutir o poner en duda. Pero las interrogantes quedan abiertas cuando nos preguntamos si aquel principio dentro de la práctica del Derecho penal y/o de sus procedimientos tiene verdadera y cabal aplicación.

El artículo 116 de la Constitución Política vigente dice: “Se garantiza la presunción de inocencia…”. Aquí queda consagrado el principio como una garantía constitucional.

Pero es el Código de Procedimiento Penal (cpp) el que ingresa a mayores abundamientos al destacar en su artículo 6 que “todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declara su culpabilidad en sentencia ejecutoriada…”

La anterior Constitución Política era incluso menos terminante y completa cuando en su artículo 16 decía: “i.- Se presume la inocencia del encausado, mientras no se pruebe su culpabilidad”.

Como acaba de verse, la actual legislación ha acabado por destacar que aquella culpabilidad tiene que tener como respaldo jurídico, la existencia de una “sentencia condenatoria ejecutoriada”.

Este detalle que destacábamos en el texto del Procedimiento Penal supone, por tanto, que no es suficiente la conclusión de un juicio penal en su primera instancia, sino que tendrán que haberse agotado a segunda instancia e incluso, en su caso, el recurso de casación.

Sin embargo, ese esquema universal recogido en nuestro país se trata de un panorama engañoso y puramente ideal, porque es el propio procedimiento penal que acaba trastocado en sus propias disposiciones o es que la realidad que se impone en la práctica echa por tierra lo que se ha legislado con tan buenas intenciones.

El artículo 302 del actual Procedimiento Penal destaca: “Si el Fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formaliza la imputación mediante resolución fundamentada.

Aquí comienza a aplicarse en forma concreta la presunción de inocencia, porque la misma favorece, como lo dice la ley, al imputado, al que se sigue considerando inocente.

Y esta presunción se sigue manteniendo aún en el caso de que ya existiera acusación formal, incluso si hubiera sentencia de primera instancia del tribunal respectivo, porque aún no se trata de una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Pero es esto lo que sucede en la práctica? Lamentablemente no lo es.

Cuando se realiza la famosa audiencia de medidas cautelares ante el respectivo juez competente, éste puede disponer la “detención preventiva del encausado en el proceso”. Y, ¿esta medida cautelar dónde se cumple y por cuánto tiempo? Aquí comienza el problema.

El artículo 233 del Procedimiento Penal señala que, “realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado a pedido fundamentado del fiscal o del querellante…” y luego se detalla los casos en que aquella detención será procedente.

A su vez, el artículo 303 del mismo cuerpo legal tiene el nomen juris de “Detención en sede policial”, al referirse a la detención del imputado.

Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando el juez ordena la detención “preventiva” del imputado? Que éste acaba no en celdas policiales precisamente, sino en la cárcel pública del distrito donde se realiza el juicio, o sea, es enviado a “prisión” como si fuera una persona condenada por sentencia ejecutoriada.

Y, ¿dónde aparece ésta? Pues, en ninguna parte. Entonces, ¿en qué queda la presunción de inocencia?, ¿no es que el imputado seguiría siendo considerado inocente”? y ¿por qué razón, entonces, se lo detiene en una cárcel pública?, ¿en qué queda todo ese esquema trabajosamente armado a partir de los correspondientes textos constitucionales?, ¿de qué sirve que la presunción de inocencia se la considere constitucionalmente una garantía constitucional? En la práctica, no sirve de nada.

Ya ha existido un caso concreto que felizmente fue enmendado por un fallo del Tribunal Constitucional y fue el caso de la “suspensión” de alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales, los cuales fueron reiteradamente suspendidos, sin ningún proceso previo, sin derecho a la defensa, por una orden arbitraria e interesada de un fiscal. Así, desapareció la presunción de inocencia en forma total, aunque ese esquema que disponía la Ley Marco de Autonomía y Descentralización fue finalmente declarado inconstitucional. Pero nos preguntamos, ¿por qué lo aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional?

Un otro detalle que resulta ser complementario al que hemos analizado hasta hoy es el referido a la interrogante que planteábamos anteriormente. El artículo 239 del Procedimiento Penal se refiere a la Cesación de la Detención Preventiva, señalando tres casos concretos.

Tomemos como referencia el caso tres, cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o veinticuatro si es que aquella no hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. O sea que una detención preventiva que, además se cumple en la cárcel, puede durar año y medio o dos años.

Y así habrá de ser dada la “enorme celeridad” en el trámite de nuestros procesos penales. Pero, además, tampoco esas previsiones de la ley se cumplen en la práctica. En muchos casos la detención preventiva de “imputado” se convierte en indefinida. ¿Hasta cuándo vamos a mantener un esquema semejante?

Es abogado y analista de la constitucionalidad.

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