La Gaceta Jurídica

Prevención y denuncia

Habida cuenta de estos hechos y las circunstancias que los rodean, queda pendiente la sensibilización de vecinos y familiares para denunciarlos oportunamente y la acción de la Policía y fiscalía para que actúen eficaces y con celeridad.

Editorial

00:00 / 11 de noviembre de 2014

El tema del feminicidio y la violencia contra las mujeres se hace casi recurrente en este espacio, pues no es para menos si se toma en cuenta que, pese a la existencia de una normativa específica y su reglamentación, la Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la tipificación penal, estos hechos continúan con bastante impunidad y hasta solapados por varias partes.

En el desconcierto que provocan los recientes y graves actos de violencia contra el género femenino se cuenta el caso del diputado oficialista Wilfredo Calani, quien fue detenido por presuntas agresiones a su esposa. En este asunto existen contradicciones que perjudican la lucha que se ha establecido para que personas del sexo femenino no continúen siendo víctimas, porque, pese a la existencia de un acta de denuncia en la Policía, el asambleísta niega el hecho y la presunta víctima hace lo mismo, aunque también fue la denunciante, según el acta policial.

La negación del hecho tiene obvias circunstancias, ya que el presunto agresor espera mantener el tema sin investigación y sin que se haga más público, mientras que la presunta víctima podría estar bajo amenazas o tratando de mantener el asunto como inexistente para no generar escándalo. Pero lo que más llama la atención es que el caso habría sido asignado a una fiscal luego de abierto con el código LPZ1414663, sin embargo, la funcionaria aseguró no conocer el expediente. Por otro lado, en la Comisión de Ética de Diputados se argumenta que esta instancia solo puede actuar si existe una denuncia, lo que lleva a que, por omisión, puede dejarse paso a que comportamientos como éste lleguen a niveles irremediables.

En general, es menester que las investigaciones en estos sucesos no paren hasta su esclarecimiento ni queden en el olvido y que otras instancias ayuden efectivamente a evitar posibles consecuencias en caso de mujeres denunciantes. Por otra parte, es fundamental que exista resolución judicial de situaciones como la narrada, antes de que ellas deriven en grados mayores de agresión; en esta consideración, pese a lo lamentable que resulta la falta de prevención, se debe destacar que en La Paz se dictó la primera sentencia por feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto contra el profesor Hernán Mamani Sacaca, acusado de matar a su esposa, Baldina López Pucho.

La víctima murió por un traumatismo encéfalo craneal (tec) cerrado y un trauma abdominal cerrado debido a que recibió patadas y puñetes de parte del ahora sentenciado. Sobre el caso, los familiares conocían de agresiones anteriores, pero no se hizo mucho al respecto, lo que es una clara falencia de la aplicación normativa que también debe actuar para la prevención y castigo de agresiones menores.

Algo similar ocurrió con otro feminicidio que se encuentra ventilado en la justicia, el de María Isabel Pilco, quien se desangró en un hospital luego de ser presuntamente golpeada en estado de gravidez por su pareja. La agresión habría ocurrido por lo menos cinco veces durante su embarazo, pero tampoco se hizo mucho para evitar el desenlace tan dramático. Habida cuenta de estos hechos y las circunstancias que los rodean, queda pendiente la sensibilización de vecinos y familiares para denunciarlos oportunamente y la acción de la Policía y fiscalía para que actúen eficaces y con celeridad.

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