La Gaceta Jurídica

Previsión normativa sobre contribuyente

La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0967/2014 de 23 de mayo de 2014 declaró la inconstitucionalidad del artículo 10.II de la Ley 212, de 23 de diciembre de 2011, que exigía que el contribuyente acredite el pago total del tributo antes de impugnarlo (solve et repete, en latín “paga y reclama”), expulsándolo del ordenamiento jurídico.

El control constitucional verifica que todas las normas cumplan los mandatos constitucionales.

El control constitucional verifica que todas las normas cumplan los mandatos constitucionales. FOTO: Archivo La Razón

La Razón (Edición Impresa) / Jorge Asbún*

00:00 / 06 de enero de 2015

El artículo 10.II de la Ley 212 disponía: “Cuando el monto determinado sea igual o superior a quince mil Unidades de Fomento a la Vivienda (15.000 UFV’s), el contribuyente deberá acompañar a la demanda el comprobante de pago total del tributo omitido actualizado en UFV’s e intereses consignados en la Resolución Determinativa. En caso de que la resolución impugnada sea revocada total o parcialmente mediante resolución judicial ejecutoriada, el importe pagado indebidamente será devuelto por la administración tributaria expresado en UFV’s”.

Como se observa, la previsión normativa citada exigía que el contribuyente que consideraba que la administración tributaria incurrió en error en la determinación del monto supuestamente adeudado y, en razón de ello quisiera impugnarla, estaba obligado primero a pagar el monto total del cargo tributario para que recién se admita su impugnación en la vía judicial.

Este contenido fue demandado como inconstitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), entidad que, conforme al artículo 196.I de la Constitución Política del Estado (cpe), ejerce la potestad de control constitucional, potestad que consiste en la verificación de que todas las normas –incluidas las leyes– que sean aprobadas en el país cumplan tanto en lo formal como en lo material los mandatos constitucionales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, al contrastar el artículo 10.II de la Ley 212 con las garantías de gratuidad, acceso a la justicia y a la defensa, previstos en los artículos 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado vigente, concluyó que: “La exigencia de un pago previo, constituye negación a los ciudadanos de acceder a la justicia, a ser protegidos oportunamente por jueces imparciales, a ser oídos ante la autoridad jurisdiccional competente e imparcial, privándoles del derecho a la impugnación,…”, entre otros fundamentos relacionados con las garantías referidas.

En su resolución, el Tribunal Constitucional Plurinacional también hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Cantos vs Argentina, en la Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Fondo, Reparaciones y Costas, respecto al derecho de acceso a la justicia, estableció que: “…éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha observado, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”.

Y que, en el caso de la Ley 212, los administrados no tenían derecho de acceder a un recurso judicial efectivo, en razón de que primero debían efectuar el pago del monto o cargo que, justamente, consideraban no debían pagar.

En razón de las características atribuidas a las sentencias constitucionales por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado, cuando aquellas declaran la inconstitucionalidad significa que la prescripción del solve et repete no puede incluirse en ninguna norma, mientras estén vigentes las garantías constitucionales de gratuidad, acceso a la justicia y a la defensa previstos en los artículos 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado vigente, porque así lo ha dispuesto la sentencia constitucional plurinacional N° 0967/2014 de 23 de mayo de 2014.

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