La Gaceta Jurídica

Primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la CoIDH

(Parte I)

Foto: peru21.pe

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Mónica Feria Tinta

00:00 / 03 de julio de 2015

La autora, quien litigó el caso a nombre propio y representó al grupo mayoritario de víctimas en el proceso ante la Corte Interamericana, en este comentario de la sentencia, advierte que es un precedente sumamente importante en la medida que trata un amplio rango de temas, como el uso de la fuerza sobre personas privadas de libertad y las prácticas de tortura tanto en hombres como en mujeres prisioneros.

Si bien el sistema interamericano ha tratado estos temas, el alto número de víctimas varones y mujeres permite acceder a evidencia que un caso aislado no puede proporcionar, enriqueciéndose de esa manera, el análisis jurídico que se extrapola de los hechos.

Pero quizás el punto más importante de la sentencia es que, por primera vez, un tribunal internacional de derechos humanos tiene la oportunidad de tratar un caso sobre población penal femenina, lo cual ha permitido que se establezca estándares vinculantes importantes en relación a los derechos de prisioneras en la región y un precedente mundial bajo el derecho internacional.

El 25 de noviembre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh) emitió una sentencia histórica. Fue la primera vez que el tribunal más alto en nuestra región abordó un caso aplicando un análisis de género.

La Corte no solo interpretó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh) a la luz del corpus juris existente en materia de protección de los derechos de la mujer, sino que también acertó jurisdicción sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, pronunciándose sobre violaciones de dicho instrumento internacional.

La fecha de la sentencia es simbólica, coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado por las Naciones Unidas en 1999 (1).

Así, las bases temáticas del caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú (2) son sumamente importantes para la región.

Por un lado, al revisar una amplia gama de prácticas de tortura en hombres y en mujeres prisioneros/as, este caso es sin duda uno de los más importantes en materia de derechos de las personas privadas de libertad en los anales de litigación internacional ante un tribunal de derechos humanos.

Muchas de estas prácticas de tortura (golpes de falanga o la utilización de perros entrenados y sin bozal contra personas privadas de libertad en estado de indefensión) nunca antes habían sido objeto de jurisdicción contenciosa ante un tribunal de derechos humanos.

Otras, como la tortura posicional, la privación sensorial o la incomunicación absoluta, las cuales sí han sido temas anteriormente tratados en casos contenciosos ante el sistema europeo y el sistema interamericano, son vistas bajo una nueva luz: el alto número de víctimas de ambos géneros permite acceder a evidencia que un caso aislado no puede proporcionar, enriqueciendo el análisis jurídico que se extrapola de los hechos.

A esto se suma el hecho de que por primera vez un tribunal internacional de derechos humanos tiene la oportunidad de tratar un caso sobre población penal femenina, lo cual ha permitido que se establezca estándares vinculantes importantes en relación a los derechos de prisioneras en la región y un precedente mundial bajo el derecho internacional.

El precedente en el caso del Penal Miguel Castro Castro se suma a otros hitos producidos en los últimos años en materia de Derecho Internacional de los derechos de prisioneros (3) y en materia de género en la justicia internacional.

En otro plano, este caso constituye un precedente importante relativo a la protección de la mujer como parte de la población civil dentro del contexto de un conflicto armado.

Nuestra región se suma a los desarrollos jurisprudenciales en otras regiones y contribuye a la jurisprudencia mundial, en la cual los regímenes del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de protección de los derechos humanos convergen en la formación de normas perentorias, ius cogens, aplicables tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

El caso del Penal Miguel Castro Castro contribuye en ese sentido a la doctrina de responsabilidad agravada de los Estados bajo el Derecho internacional en casos de violaciones de normas de ius cogens, reconociendo en las violaciones graves del derecho de la mujer un elemento que configuraría una responsabilidad agravada del Estado. Este artículo discute los aspectos más importantes de esta sentencia relativos a la violencia de género.

Violencia de género en el contexto de un conflicto armado

Los hechos de la masacre del Penal Castro Castro se remontan a 1992 y suceden en el contexto del autogolpe del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori Fujimori (4).

En ese tiempo, Perú se debatía en un conflicto interno entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares (5); en 1992, dicha contienda había alcanzado un nivel álgido. La intervención llevada a cabo por las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas a ese penal duró cuatro días y tres noches y tuvo como saldo 42 prisioneros ejecutados, 185 presos heridos y la demolición parcial de dos pabellones de la prisión.

El ataque comenzó el 6 de mayo de 1992 contra el pabellón 1A, que albergaba aproximadamente a 133 mujeres prisioneras –algunas de las cuales se encontraban en estado de gestación– y concluyó el 9 de mayo con la destrucción del pabellón 4B, donde las prisioneras se habían refugiado.

El operativo había sido dirigido desde los escalones más altos del gobierno y en él se empleó armamento usualmente utilizado en conflictos armados abiertos. La versión oficial de los hechos fue que dicho “operativo” había tenido como objeto el traslado de las mujeres que se hallaban recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro a la cárcel de máxima seguridad de mujeres de Chorrillos (6).

Los pabellones 1A y 4B albergaban prisioneros procesados por delitos contra la seguridad del Estado bajo la legislación antiterrorista peruana; 90% de éstos se encontraban en detención preventiva. El Estado peruano mantenía a procesados y sentenciados sin diferenciación alguna en los pabellones, en los mismos ambientes; tampoco separaba a las personas consideradas de peligrosidad de aquellas que eran procesadas por primera vez o acusadas de delitos menores.

Era conocido que en esos pabellones se encontraban connotados dirigentes de Sendero Luminoso, un grupo considerado por el Estado como una de las guerrillas más sangrientas en la historia de Latinoamérica.

De acuerdo a la jurisprudencia en Derecho internacional, “un conflicto armado existe cuando se recurre al uso armado de fuerza entre dos Estados o violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos dentro de un Estado” (7).

El caso del Penal Miguel Castro Castro se suma a otros precedentes importantes en la jurisprudencia de la Corte, tales como la Masacre de Mapiripán (8) y las masacres de Ituango, ambos versus Colombia (9), en los que el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos confluyen para la construcción del derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona.

Tal como lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares), la protección internacional de los derechos humanos no se limita a situaciones de paz.

La misma Corte lo ha reafirmado en Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinan Territory (Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado): “la protección ofrecida por las convenciones de derechos humanos no cesa en casos de conflictos armados, salvo en el caso de provisiones sujeto de derogación” (10).

En dicho caso señaló: “en lo que corresponde a la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos existen, por tanto, tres posibles situaciones: algunos derechos pueden ser exclusivamente asunto del Derecho internacional humanitario; otros pueden ser exclusivamente asunto de derechos humanos; pero se da también el caso que otros pueden ser materia de ambas ramas del derecho internacional” (11).

El caso del Penal Miguel Castro Castro estaría en este tercer supuesto. Es en ese contexto en el que la Corte tendría que analizar el uso de la fuerza ejercido por el Estado peruano (12).

En lo que respecta a la violencia de género, la Corte se encontró, por primera vez, con alegatos que planteaban un análisis de género que atravesaba todos los hechos. La Corte estableció que, pese a que las autoridades habían argüido que las mujeres se habían “amotinado” como justificativo del uso de fuerza por parte de los agentes estatales, los hechos demostraban que “el objetivo real del ‘operativo’ no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida e integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro” (13). La Corte estableció que no había existido motín u otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza contra los prisioneros (14).

La Corte notó también que los actos de violencia extrema del llamado “Operativo Mudanza I” habían sido dirigidos, en primer término, contra las internas recluidas en el pabellón 1A y lo consideró como un elemento a tomar en cuenta al analizar la responsabilidad internacional del Estado (15).

La Corte identificó tres ángulos para abordar el caso desde una perspectiva de género. Primero, reconoció que las mujeres se habían visto afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres; segundo, que algunos actos de violencia se habían encontrado dirigidos específicamente a ellas; y, tercero, que otros actos les habían afectado en mayor proporción que a los hombres (16).

Durante el procedimiento ante la Corte, el Estado peruano señaló que los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 habían sido aplicados por el Estado dentro de “una lógica de guerra al adversario” (17). Las mujeres que se encontraban en el pabellón 1A eran consideradas parte de ese “adversario”.

Como ha sido reconocido ampliamente por la literatura concerniente a violencia de género, en contextos de conflicto armado a menudo las mujeres son consideradas portadoras “simbólicas” de una identidad y productoras de las futuras generaciones de la comunidad. “En tales situaciones las mujeres pueden ser vulnerables a ataques o amenazas de su propia comunidad por no conformar con su rol o al contrario pueden ser atacadas por el enemigo para destrozar o subvertir su rol” (cicr 2001, 28).

La participación de muchas mujeres dentro de los grupos alzados en armas en Perú había generado concepciones dentro de la sociedad donde se adjudicaba a la mujer “mayor maldad”, considerándola “ser la que daba el tiro de gracia”. Por tanto, a la transgresión de las normas de la sociedad (transgresión en la que sus contrapartes masculinos también habían incurrido) que había llevado a su detención, a estas mujeres se les adjudicaba una “transgresión” adicional, la de su género.

Dichas mujeres eran vistas como transgresoras del rol que la sociedad peruana asigna a la mujer, la personificación de lo opuesto a lo que era concebido como “femenino”.

La singularización del pabellón 1A al inicio del ataque había sido llevada a cabo como un castigo ejemplarizante a la mujer “terrorista” o sospechosa de serlo. Es así que la Corte Interamericana consignó en la sentencia lo que los propios órganos estatales habían reconocido: “que el involucramiento de las mujeres en el conflicto armado cambió la percepción de la mujer y provocó ‘un trato más cruel y violento sobre aquellas mujeres consideradas ‘sospechosas’’” (18).

La perspectiva de género por primera vez presente en la interpretación de la CADH

Muchas veces se concibe y traduce erróneamente la noción de “género” como/por la noción de “sexo”. Sin embargo, “género” no se refiere a un “sexo biológico”, sino a la construcción social y cultural de lo femenino o masculino en oposición a las experiencias determinadas por un sexo biológico (Refugee Womens’ Legal Group 1998).

La sentencia del caso del Penal Castro Castro refleja estas diferencias al declarar que la violencia de género no se reduce a “violencia sexual” o a sus subcategorías. Si bien se determinó la existencia de hechos de violencia de género específicos (distintas formas de violencia sexual) aplicados contra las prisioneras, la Corte aceptó la contención de la representante de las víctimas sobre que el elemento de género atravesaba la violencia infligida en ellas de manera general: “el elemento de género lo invadía todo” (19).

La representante de las víctimas puso la violencia de género en el centro de su análisis del caso, señalando en sus alegatos finales que “(l)a tortura infligida en las prisioneras tomó en cuenta las especificidades de su género para infligir tanto daño físico y mental en ellas” y “atacar la identidad femenina misma de la mujer, que el Estado concebía había transgredido un orden social de roles” (cfr., onu 1997, 314) (20).

Como ejemplos del carácter integral del género en el tipo de tortura utilizado y en las secuelas sufridas por las mujeres, la representante destacó el tipo de insultos dirigidos a las prisioneras (“ustedes no son mujeres sino lesbianas”, “terrucas feas”), la manera como eran golpeadas (mujeres embarazadas golpeadas en el estómago) y el régimen de prisión que les negó acceso a artefactos propios del cuidado femenino (21).

Citando a Barbara Chester, la representante legal recalcó asimismo que “el torturador usa cada aspecto de la persona. En el caso de la mujer, su propia identidad femenina es usada como un arma” (Chester 1992) (22).

La coidh fue llamada a hacer una interpretación de los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 (derecho al trato humano) de la cadh, tomando en cuenta todo el corpus juris relativo al derecho de la mujer para establecer el contenido de dichas provisiones.

No se trataba de aplicar retroactivamente al Estado peruano derechos que no habían sido reconocidos por él al tiempo de los hechos (23), sino de reconocer por primera vez en la jurisprudencia de la Corte que los estándares reflejados en la Convención de Belém do Pará eran relevantes para la construcción de las normas contenidas en la cadh.

Como el propio Preámbulo de la Convención de Belém do Pará indica, los derechos reconocidos allí no son “nuevos” derechos conferidos en la mujer, sino más bien la declaración reiterada de derechos universalmente reconocidos, presentes en los instrumentos del sistema interamericano, con particular foco en la mujer.

Es así que la relevancia de los artículos 1, 2.c, 3, 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará para la interpretación de las obligaciones del Estado peruano vis a vis las víctimas mujeres en el caso, fue enfatizada por la representación del grupo mayoritario de éstas.

En el caso fue alegado que el Estado peruano había violado estos derechos y practicado la violencia contra la mujer de manera sistemática. En ese sentido, se alegó ante la Corte que las conductas consideradas violaciones de la Convención de Belém do Pará constituyen también violaciones bajo la cadh.

El reconocimiento por parte de la Corte de esta dimensión de la cadh, que incorpora el universo femenino dentro de su conceptualización de “dignidad humana”, fue tanto un reconocimiento del estado del derecho actual como de la seriedad que revisten los actos de violencia contra la mujer en una sociedad. Y es que, como señala el Preámbulo de la Convención de Belém Do Pará, “la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad (...) y afecta negativamente sus propias bases”.

Además de la Convención de Belém do Pará, fue enfatizada la relevancia de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) (24), ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982 y vigente en la época de los hechos. Se señaló que las condiciones de prisión impuestas a las sobrevivientes de la masacre no se habían conformado con lo que el artículo 12 de dicho instrumento provee, que “los Estados parte deben asegurar a la mujer servicios apropiados en conexión con su situación de embarazo, confinamiento y el período post-natal así como con nutrición adecuada durante el embarazo y lactancia”. Igualmente relevante para el caso fue el artículo 5 de dicha Convención, que requiere a los Estados observar “un entendimiento cabal de la maternidad como una función social”.

Continuará

Notas

1. En diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Resolución 54/134).

2. CoIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C, N° 160.

3. Además de importantes precedentes provenientes del sistema europeo y los tribunales penales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado importantes decisiones concernientes a poblaciones penitenciarias enteras en nuestro hemisferio, por ejemplo, caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C, N° 112; y caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) vs Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C, N° 150.

4. Cfr., CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 197.2.

5. Cfr., CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 197.1.

6. Cfr., CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 197.15.

7. ICTY. Prosecutor vs Tadic. Case IT-94-1-A, Decision on the defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. Judgement of October 2, 1995, para. 70 (traducción no oficial).

8. CoIDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, N° 134.

9. CoIDH. Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C, N° 148.

10. ICJ. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinan Territory. Advisory Opinion of July 9, 2004, p. 106 (traducción no oficial).

11. ICJ. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinan Territory. Cit. p. 106.

12. La Corte señaló que el entorno político e histórico en el que se desarrollaron los hechos fue “determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en el caso”. Cfr., CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 202.

13. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 197.16.

14. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párrs. 218 y 219.

15. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 222.

16. CoIDH.  Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párrs. 223 y 224.

17. CoIDH.  Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 235.

18. Defensoría del Pueblo de Perú, “Violencia Política en Perú”,  Informe Defensorial 80 (1980-1996), p. 33, cit. en CoIDH. Caso del “Penal  Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 270.

19. Alegatos finales en el caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú” de la representante legal Mónica Feria Tinta, 3 de agosto de 2006, p. 53.

20. En su Recomendación General N° 19, el Comité de Cedaw definió “gender-based violence” (violencia por razones de género) como “violencia dirigida contra la mujer porque es una mujer” “o que afecta a la mujer desproporcionadamente, como discriminación”.

21. Véase en ese sentido que la CVR en Perú ignoró totalmente un adecuado análisis de la violencia de género ocurrida durante el conflicto armado en ese país. A pesar de que el reporte de la CVR en Perú habla de “género”, la aplicación de tal noción en la práctica en el acápite pertinente se redujo a entender por “género” sexo, pues no fue más allá de reconocer a la violación sexual (y de pasada algunos otros tipos de violencia sexual) como violencia ejercida contra la mujer.

22. Alegatos finales en el caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú” de la representante legal Mónica Feria Tinta, 3 de agosto de 2006, pp. 53-54.

23. La Convención de Belém do Pará fue ratificada por Perú en 1996. Los hechos del caso se remontan a 1992.

24. Cedaw, Recomendación General Nº 24 (20° periodo de sesiones, 1999), artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - La mujer y la salud.

Es Ll.M. (máster en Derecho Internacional) con mérito, diplomada por la Academia de La Haya en Derecho Internacional (2000). La autora litigó el caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú a nombre propio y de 800 víctimas.

Tomado de: corteidh.or.cr

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