La Gaceta Jurídica

Primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la CoIDH

(Parte II)

Foto: fronterad.com

Foto: fronterad.com

Mónica Feria Tinta

00:00 / 07 de julio de 2015

En lo concerniente a la salud reproductiva, la representante de las víctimas señaló la relevancia de la Recomendación General 24 del Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en la que se reafirma que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la Convención (párr. 1) y que es discriminatorio que un Estado parte se rehúse a proveer ciertos servicios reproductivos para la mujer (párr. 11) (1).

Dicho comentario también indica que los Estados partes deben considerar “factores biológicos” que difieren en la mujer en comparación con los hombres, tales como el ciclo menstrual, la función reproductiva y la menopausia (párr. 12).

Se destacó que las condiciones insanas para mujeres en periodo de menstruación, tanto como los riesgos a la salud para mujeres lactantes y embarazadas pueden constituir violaciones a los derechos de la mujer.

Por tanto, la representante de las víctimas sostuvo que, para satisfacer los estándares de trato humano del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), el Estado debió haber observado estas necesidades específicas de la mujer. Por otro lado, fue igualmente notado en los alegatos de parte que el Comentario General 28 del Comité de Derechos Humanos específicamente dispone:

Las mujeres embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos.

Los Estados Partes deben indicar qué servicios tienen para garantizar lo que antecede y qué formas de atención médica y de salud ofrecen a esas madres y a sus hijos (2).

También requiere que los Estados reporten sobre si las mujeres privadas de libertad son mantenidas bajo el resguardo de personal de seguridad femenino. Se debe tomar en cuenta, por otro lado, que el artículo 4 de la Cedaw aclara que “igual disfrute de derechos deben ser protegidos durante un estado de emergencia” (3). El derecho al trato humano no es pues derogable.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh) reconoció en su sentencia que “el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia” (4).

La Corte reafirmó también el carácter inderogable del derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas con el respeto ameritado por la dignidad inherente del ser humano, de conformidad con los artículos 5.2 y 27.2 de la Convención (5).

En cuanto a las alegaciones de violencia contra la mujer, la coidh tomó en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención de Belém do Pará, ratificada por Perú el 4 de junio de 1996, y la Cedaw como referencia de interpretación del artículo 5 de la Convención Americana, subrayando “que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana” (6).

Temas de violencia de género relativos a la masacre

En el caso, fue establecido como parte de los hechos que el uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales había sido unilateral y había singularizado al pabellón de las mujeres como blanco del ataque. Es así que, según los hechos probados, cientos de unidades de élite de la Policía y unidades especiales de la Marina y el Ejército habían rodeado el penal y habían logrado acceso al volar una pared del patio del pabellón 1A.

Como lo recordaron algunas sobrevivientes, estos uniformados empezaron a abrir fuego con armas de largo alcance contra el pabellón y el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del Estado se incrementó a medida que pasaban las horas. Las sobrevivientes dieron cuenta de la intención claramente letal de las fuerzas que estaban interviniendo en el operativo. Amenazas como “¡Terruca, vas a morir como perra! ¡Hoy día es tu día!” (7) y “van a morir como ratas” se intercalaban con el tiroteo.

Una de las prisioneras que fue sacada por un agujero que los agentes del Estado perforaron en el techo, luego de que otra fuera asesinada a quemarropa, rememoró el tipo de insultos y castigos a los que fueron sometidas. Este tipo de abuso representa una de las formas de violencia contra la mujer descritas en la evidencia en el caso:

“A cada una nos tenían con el arma apuntándonos siempre en la sien, mientras otros vociferando insultos de toda clase caminaban sobre nuestros cuerpos y otros groseramente nos amenazaban con violarnos pasando sus varas de goma sobre el cuerpo e intentando introducirnos por la vagina, decían que nos iban a matar a todas, que no merecíamos vivir por ser basura, que Perú no nos necesita, que éramos ‘terrucas’, etc., etc.” (8).

Fue establecido ante la Corte el tipo de armas usadas desde el inicio del ataque por parte de las fuerzas del Estado. Entre ellas, rifles akm, G3 (con mira telescópica) y fal, bazucas, instalazas, rockets, granadas de fragmentación, dinamita, explosivos plásticos de demolición, lanzallamas, bombas incendiarias (incluidos gases de fósforo blanco), gases asfixiantes y helicópteros artillados. Fue probado que entre los atacantes había destacamentos cuya tarea era especialmente “el tirar a matar”.

Los certificados de defunción y las observaciones del perito Nizam Peerwani dieron cuenta de que los disparos no habían sido de naturaleza disuasiva, sino que se habían dirigido a órganos vitales con el fin de causar la muerte. Varias mujeres perdieron la vida asesinadas por francotiradores ese primer día –entre ellas una de 63 años que no tenía la agilidad de cubrirse de las balas del bombardeo por aire del pabellón 1A–. Las cuatro mujeres gestantes en el pabellón fueron sometidas al mismo trato:

“Las autoridades sabían que yo estaba embarazada porque yo había salido a un chequeo en el tópico con el médico de la prisión (...) Cuando el ataque empezó yo me encontraba durmiendo en el 4° piso del pabellón 1A (...) Hicieron huecos con explosivos por todo el techo. Mi hijo no se movía. Mi vientre estaba duro como si tuviese una contracción y sentía dolor en el bajo vientre. El siempre se movía y ese día no se movía nada (...) Teníamos que salir ¿ir a dónde? (...) Como se veía que nos estaban apuntando de lejos, no podías pasar parada.

Estábamos tiradas al piso, rampando (...) Disparaban a todo lo que se movía (...) Supuestamente las autoridades habrían accedido a trasladarnos al hospital a los gravemente heridos, embarazadas. Pero nos dejaron ahí. Sin alimentos, a la intemperie.

(...) ‘después que terminemos con los de adentro, ustedes siguen’, nos apuntaban, rastrillaban ‘ahorita los matamos y no pasa nada’, nos decían los militares y policías” (9).

La pericia del perito Nizam Peerwani presentada por la representante legal del grupo mayoritario de víctimas permitió establecer que la utilización de rifles akm, G3 o fal, los cuales usan balas de alta velocidad, contra un recinto cerrado daba lugar al efecto ricochet, es decir, al tocar una superficie dura rebotaban o cambiaban de dirección o se fragmentaban debido a la velocidad de éstas. De allí el número alto de heridos por esquirlas de bala (sobre 150 personas).

El terror de caer herido o muerto era alto en ese contexto.

El perito Peerwani dejó claro que este tipo de armas han sido diseñadas para ser usadas en un espacio abierto y no contra personas privadas de libertad, sin medio de escape y en estado de indefensión.

Fue probado también el uso de gas de fósforo blanco. Éste fue descrito por un gran número de testigos como un gas cuyos efectos eran una súbita asfixia acompañada de un dolor excruciante en el sistema respiratorio, el cual quemaba químicamente al aspirarlo. Inhalar dicho gas producía una sensación de que la piel y los órganos internos quemaban al mismo tiempo, que no había oxígeno.

Por tanto, el tipo de armas usadas contra los prisioneros desde el primer día del ataque era inconsistente con un alegado objetivo legítimo de traslado de prisioneras, ya que buscaban infligir máximo daño y causar sufrimiento innecesario.

Asimismo, tanto el grado de fuerza usado desde el primer día, como su escala masiva, no había sido ejercido con ninguna consideración por la vida humana; por el contrario, su intención había sido el asesinato en masa de los reos.

Así, al tercer y cuarto día se produjo un asalto final que utilizó cañones, morteros y tanques de guerra para destruir el pabellón donde las mujeres buscaron refugio. Dentro de ese contexto, el ensañamiento con las mujeres se vio reflejado en las muertes de varias de ellas y en el trato dado a las heridas:

“Comienzan a gritar que rampemos (...), yo no podía rampar, uno de las fuerzas especiales comienza a gritar rampa, comienza a insultarme, rampa terruca..., no podía, mi pierna estaba casi destrozada y la otra pierna también estaba herida, es así como uno de ellos me coge del cuello de la casaca y comienza a arrastrarme un largo trecho, yo gritaba de dolor; ‘mi pierna, mi pierna’, me seguía arrastrando, me dejó tirada en un lugar que se llama ‘tierra de nadie’” (10).

La violencia ocurrida inmediatamente luego de la masacre singularizó a varias mujeres –entre ellas la interna Julia Marlene Olivos, a quien seleccionaron por haber voceado el pedido de que permitieran el acceso a la Cruz Roja Internacional y grupos de derechos humanos–. Como fue notado por la Corte, su cuerpo registraba marcas de haber sido torturada antes de ser ejecutada, en particular, de violencia producida en sus órganos genitales por la punta de bayonetas.

A la luz de estos hechos, la Corte determinó que el trato recibido por los prisioneros sobrevivientes de la masacre no solo constituyó una violación del artículo 5, sino que, más aún, constituyó una “tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo (...) en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

Dentro de esa calificación, la Corte consideró también las agravantes concernientes a la violencia de género, destacando que “las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que, además de haber visto lesionada su propia identidad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos” (11).

Tortura post-masacre en contra de la mujer

Fue reconocido igualmente que, al término de la masacre, agentes del Estado peruano infligieron violencia física y psicológica seria que, en su conjunto, constituyó tortura en las sobrevivientes de los hechos (además de otras formas de violencia).

Violencia sexual

Basándose en la jurisprudencia internacional, la Corte reconoció correctamente que “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que, además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno” (12).

El desnudo forzado como forma de violencia sexual contra la mujer

La Corte constató, por ejemplo, que todos los heridos conducidos al hospital de la Policía en condiciones deplorables, fueron sometidos a un prolongado periodo de desnudez forzada –al mismo tiempo de estar resguardados por agentes armados– y que esto fue un trato violatorio de su dignidad personal. En lo referente a las mujeres que se encontraban en esa situación, el tribunal consideró que en ellas “esta desnudez forzada tuvo características especialmente graves” (13).

El tribunal consideró en ese sentido que las mujeres que sufrieron dichas violaciones “se hallaban sujetas al completo control del poder de agentes del Estado, absolutamente indefensas, y habían sido heridas precisamente por agentes estatales de seguridad” y concluyó que “lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres” (14).

Asimismo, el tribunal estimó que “dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas mujeres” (15).

Más violencia sexual

La Corte estableció, por otro lado, que por lo menos una sobreviviente de la masacre –quien había resultado herida durante los hechos– había sido sometida a violación sexual en el hospital de la Policía. Consistente con la definición de violación sexual bajo el derecho internacional, la Corte falló que una alegada “inspección vaginal” dactilar realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad y contra la voluntad de la víctima, constituía una violación sexual. La víctima describió su experiencia de la siguiente manera:

“Me dijeron que iban a hacerme una revisión para ver si tenía drogas o algo dentro de la vagina. Yo no quise eso. Yo les dije que no. Me rehusé a eso pero fue peor, pensaron que realmente tenía algo, ‘sino porque tanta resistencia’, me dijeron. Entonces me opuse, pero vi como el dedo entró y yo gritaba y movía y me agarraron de los dos brazos, me agarraron de las piernas y en cuestión de segundos estaba sangrando, me dejaron sangrando y sangre por la vagina.

Luego fui, no fui atendida y después me seguían agarrando y después sentí que varios dedos entraban, uno después de otros y lo único que veía eran caras, caras encapuchadas, varias alrededor de la camilla, al frente, a los costados.

Miraba hacia atrás, algunos se reían, me agarraban de las piernas, yo seguía gritando ‘no, no’, pero duró eso un rato hasta que alguien me tiró una sábana” (16).

La representación del grupo mayoritario de víctimas recalcó que ya la jurisprudencia del Tribunal Internacional Criminal para Ruanda en el caso Akayesu había definido “violación sexual” como “una invasión física de naturaleza sexual, cometida en una persona en circunstancias que son coercitivas” (17).

Dicho tribunal notó “que mientras violación sexual ha sido históricamente definida en las jurisdicciones nacionales como relaciones sexuales no consentidas, variaciones en la forma de violación sexual pueden incluir actos que envuelven la inserción de objetos y/o el uso de orificios del cuerpo no considerados intrínsecamente sexuales” (18).

Por otro lado, fue alegado que respecto del requisito de “consentimiento” –como el principio de Furundizja señala–, la relevancia es no solo de la fuerza, amenaza de fuerza y coerción, pero también en la ausencia de consentimiento o ausencia de participación voluntaria de la víctima.

El énfasis de tal provisión es que la víctima, debido a su incapacidad de naturaleza cualitativa o duradera (e.g. mental, física, de enfermedad o minoría de edad) o por una circunstancia de naturaleza temporal o circunstancial (ser sujeta a presión psicológica u otro tipo de presión en un estado de inhabilidad de resistir), es incapaz de evitar dichos actos sexuales.

Fue igualmente alegado que el Tribunal Internacional Penal para Ruanda ha establecido que la violación sexual puede ser una forma de tortura. Dicho tribunal ha señalado que:

“La Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes o Castigos no cataloga actos específicos en su definición de tortura, centrándose más bien en el marco conceptual de violencia proveniente o aceptada por el Estado”.

Esta aproximación es más útil en Derecho internacional. Como la tortura, la violación sexual es usada para propósitos tales como intimidación, degradación, humillación, discriminación, castigo, control o destrucción de la persona. Como la tortura, la violación sexual es una violación de la dignidad personal y la violación sexual constituye tortura cuando es infligida por, o a la instigación de, o con el consentimiento o condonación de un oficial público u otra persona actuando en capacidad oficial (19).

Continuará

Notas

1. En el caso de la situación de las presas en la prisión de alta seguridad de Chorrillos, éstas no contaron durante el tiempo, materia temporis del caso, con atención ginecológica. A meses de la masacre muchas adujeron tener problemas con espirales que debían ser extraídos de sus cuerpos. Asimismo, pruebas como “smear tests” (para la detección temprana del cáncer) no existirían en absoluto como requerimientos del cuidado de salud para dichas presas.

2. CDH, Comentario General N° 28: Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3), 29/03/2000. CCPR/C/21/rev.1/Add.10, párr. 15.

3. Ibídem, artículo 3, párr. 7.

4. Cfr., entre otros, CoIDH. Caso “Ximenes Lopes vs Brasil”. Sentencia de fondo 4 de julio de 2006. Serie C, N° 149, párr. 138.

5. Cfr., entre otros, CoIDH. Caso “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs Venezuela”. Cit., párr. 85.

6. Cfr., entre otros, CoIDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C, N° 110, párr. 166.

7. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representante legal Mónica Feria ante la Corte Interamericana en el caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”, 10 de diciembre de 2005, Anexo: exhibición 129.

8. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representante legal Mónica Feria. Cit., Anexo: exhibición 108.

9. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representante legal Mónica Feria. Cit., Anexo: Affi davit de Eva Challco, junio 2006.

10. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representante legal Mónica Feria. Cit., Anexo: Exhibición 116.

11. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párrs. 282-6, 288 y 290-3.

12. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 306. Cfr., también, ICTR. Case of Prosecutor vs Jean Paul Akayesu. Judgement of September 2, 1998, para. 688.

13. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit. párr. 306. La Corte notó que para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas.

14. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párrs. 306-7.

15. CoIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs Perú”. Cit., párr. 308.

16. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representante legal Mónica Feria. Cit., Anexo: Exhibición 263-G.

17. ICTR. Case of Prosecutor vs Jean-Paul Akayesu. Cit., para. 688 (traducción no oficial).

18. ICTR. Case of Prosecutor vs Jean-Paul Akayesu. Cit. para. 686.

19. ICTR. Case of Prosecutor vs Jean-Paul Akayesu. Cit. para. 597 (traducción no oficial).

Es Ll.M. (máster en Derecho Internacional) con mérito, diplomada por la Academia de La Haya en Derecho Internacional (2000). La autora litigó el caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú a nombre propio y de 800 víctimas.

Tomado de: corteidh.or.cr

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia