La Gaceta Jurídica

Primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la CoIDH

(Parte final)

Foto: telemundo51.com

Foto: telemundo51.com

Mónica Feria Tinta

00:00 / 10 de julio de 2015

Fue asimismo notado que la jurisprudencia tanto de la Corte Europea de Derechos Humanos (cedh) en Aydin v. Turkey como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en el caso Raquel Mejía vs Perú ha tomado la misma aproximación al reconocer que la violación sexual puede ser una forma de tortura.

En referencia a estos alegatos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh) reconoció que la “inspección” vaginal dactilar practicada en el caso constituyó violación sexual y tortura, en contravención con el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Corte reconoció que “la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”.

El pleno de la Corte reconoció que la violación sexual “es una experiencia sumamente traumática” que causa “gran daño físico y psicológico” y “que deja a la víctima ‘humillada física y emocionalmente’, reconociendo que esta situación es difícilmente superable por el paso del tiempo”.

Por otro lado, citando comentarios realizados por la Relatora especial de la onu para la violencia contra las mujeres, la Corte reconoció que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras agravadas en los casos de detenidas.

La importancia de tal dictum no puede dejar de notarse. Fue la primera vez que la Corte falló a favor de una víctima de violación sexual en más de 25 años y que un Estado fue declarado internacionalmente responsable dentro de la jurisdicción de la Corte por una violación del derecho de la mujer tan seria como es la violación sexual.

La tortura en las condiciones de prisión de la mujer: la noción de “dignidad humana” desde una perspectiva de género

Las sobrevivientes fueron sometidas a una gama de formas de tortura caracterizadas por la privación de la estimulación sensorial normal. Dichas prácticas incluyeron, interalia, falta de luz; aislamiento; manipulación de los patrones a la hora de recibir alimentos; exposición a temperaturas extremas; negación de toda intimidad; desnudez forzada; confinamiento en celdas pequeñas y superpobladas; restricciones en el sueño, baño, actividades motrices, atención médica y contactos sociales; la pérdida de contacto con el mundo exterior; y variedad de técnicas que abarcaron el abuso verbal y los choques eléctricos.

La violencia y el sufrimiento psicológico severo a la que fueron sometidas estaban diseñados para atentar contra su identidad como madres y su dignidad como mujeres. Las medidas de incomunicación prolongadas afectaron de manera particular en lo psicológico y moral a las detenidas madres: sus hijos pequeños no las reconocían y muchos dejaron de llamarlas “mamá”.

La falta de atención médica adecuada pre y postnatal a las embarazadas y las condiciones de detención insalubres atentaron contra su dignidad. Estas privaciones fueron intencionales para infligir sufrimiento físico y psicológico severo. A menudo los agentes del Estado les decían: “ustedes no tienen derechos aquí” y que el trato que recibían era “un castigo”. Aquellos a cargo de las prisiones les decían a los sobrevivientes de la masacre que dicho régimen de prisión era ordenado por Alberto Fujimori.

El tratamiento deshumanizante al que fueron sometidas las detenidas tuvo secuelas físicas y psicológicas. La carencia de ropa (ya que solo tenían las ropas que vestían el día de la masacre) pronto produjo problemas de dolores en los huesos. Otros efectos fueron la pérdida de pigmentación (por falta de acceso a la luz), mareos (por el constante encierro y falta de alimentos) y debilitamiento general, ya que el tamaño de la celda hacía imposible caminar más de dos pasos en su interior.

Las sobrevivientes experimentaron también gran caída de cabello, constante cansancio y hambre. Algunas contrajeron tuberculosis. Por las violentas requisas donde las prisioneras eran golpeadas por los agentes, muchas sufrieron afectaciones físicas. Debido a la oscuridad constante a la que fueron forzadas (no había luz artificial en las celdas y tampoco acceso a luz natural), la mayoría devino prematuramente en males de vista.

Para shocks de electricidad en los senos y otras áreas del cuerpo, los bastones eléctricos eran populares entre los agentes del Estado. Caminar encima de ellas como si fueran “alfombras humanas” y hacerles pasar formas de castigo llamados “callejón oscuro”, golpes entre las piernas y glúteos, golpes a mujeres embarazadas en la barriga y otros actos humillantes, fueron otras formas de violencia infligidas a ellas.

La falta de acceso a libros, periódicos y material para escribir o realizar alguna actividad productiva tuvo, asimismo, efectos devastadores y sufrimiento psicológico extremo. El confinamiento total tuvo un efecto irreversible en la salud mental de varias prisioneras, quienes perdieron su sanidad y sufrieron una aflicción severa. Por lo menos dos internas perdieron la razón por las condiciones de prisión.

La coidh integró las experiencias de la mujer y su perspectiva dentro del concepto de “dignidad humana”, protegido por el artículo 5 de la Convención Americana y las provisiones relevantes de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Varones y mujeres habían sido sujetos al mismo régimen de prisión. Era claro que determinadas formas de tortura afectaban con diferencia a hombres y a mujeres por razón de género.

En su análisis, la Corte tomó como punto de partida su propia jurisprudencia en lo referente al derecho a condiciones de detención compatibles con la dignidad personal y señaló que “como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos condiciones que respeten sus derechos fundamentales y dejen a salvo su dignidad”.

La Corte analizó los actos cometidos por el Estado peruano y llegó a la conclusión de que las condiciones a las que fueron sometidas constituyeron tortura, particularmente la desatención de las necesidades fisiológicas de la mujer al negarles materiales de aseo y la salud pre y postnatal.

La Corte enfatizó en que la incomunicación tuvo efectos particulares en las madres porque se vieron impedidas de mantener relación con sus hijos, lo cual causó sufrimiento adicional. De conformidad con el Derecho internacional, el Estado tiene la obligación de realizar arreglos especiales para las detenidas en período menstrual, embarazadas o acompañadas por hijos.

La Corte reconoció que la inobservancia de estas obligaciones causó sufrimiento especial a las detenidas y, en caso de las embarazadas, violación adicional a su integridad. Concluyó que este conjunto de condiciones aplicadas a los sobrevivientes de la masacre constituyó tortura física y psicológica en violación del artículo 5.2 de la cadh y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Familiares de las víctimas como víctimas de hechos violatorios

La masacre de la prisión Castro Castro ocurrió a ojos vistas del mundo. Fue significativo el hecho de que se eligiera el día de visita femenina a la prisión para lanzar el ataque. Era obvio que un día así la visita se iba a encontrar en las afueras de la prisión. Sin embargo, la violencia del Estado peruano había sido planeada de forma que el castigo ejemplarizante de las prisioneras (destrucción humana) y el de los prisioneros varones, que, era predecible, iban a intentar auxiliar a las presas, fuera presenciado por sus madres y hermanas. Más aún, el ataque fue realizado la semana del Día de la Madre.

Los testimonios recogidos de las madres, hermanas y demás familiares de las personas privadas de libertad en los pabellones 1A y 4B fueron dramáticos. Durante los cuatro días del ataque estuvieron en las afueras del penal con la esperanza de que, si estaban allí tantos familiares como testigos, las fuerzas de seguridad no podrían matar a los presos. Pero se equivocaron.

Al mismo tiempo que el ataque se desarrollaba, las mujeres, madres, hermanas y esposas de los prisioneros fueron sometidas a violencia, se les arrojó agua de rochabuses, bombas lacrimógenas y se les reprimió con balas y golpes mientras se les decía “terroristas perras” y “madres de terroristas”.

El torturador usa técnicas que incluyen elementos intencionales para que la víctima asocie la tortura con ese elemento y la “reviva” cada vez que se tope –incluso años más tarde– con él. La tortura está orientada a dejar sintomatología que subsista y sea estimulada por elementos de la vida cotidiana del sobreviviente “para que uno siempre recuerde”. Como lo señala la neuróloga Inge Genefke “el daño (de la tortura) queda grabado siempre en el cerebro”.

La masacre del Penal Castro Castro se perpetró de manera que cada Día de la Madre las mujeres revivieran el sufrimiento. La elección de la fecha para la masacre creó una asociación perversa entre un día en que ese aspecto de la identidad misma de la mujer es celebrado en el mundo (la maternidad), con el ataque frontal que la víctima sufrió. La violencia contra las madres había sido cuidadosamente planeada y dirigida a ellas.

Las madres simbolizaban la “causa”, las que habían parido al “enemigo” del Estado, “al terrorista” y, por tanto, debían “pagar por ello”. De allí la constante referencia de los perpetradores a “madres terrucas” y “madres de terroristas”. Además, se considera que los métodos aplicados por la “guerra de baja intensidad” del Estado peruano “influía para que las madres o las esposas se nieguen a que sus hijos se integren a las filas senderistas (...), eran elementos de guerra que buscaban la ‘disuasión’” (Jara 2003, 79).

Los testimonios de los cientos de familiares que fueron testigos dieron fe del profundo sufrimiento que experimentaron. Al hecho de presenciar la masacre se adicionó el no saber la suerte corrida por su ser querido, el recorrer morgues y hospitales en busca de éste, expuestos a escenas horribles que traumatizaron a todos, además del sufrimiento posterior debido a la incomunicación y el régimen aplicado a su familiar. La Corte reconoció el sufrimiento y consideró que los familiares de los prisioneros habían sufrido daño a su integridad física, psíquica y moral.

La Corte reconoció que, en lo relativo a las madres, otro elemento de sufrimiento fue la situación de incertidumbre y desesperación por la suerte corrida por su ser querido “precisamente el día de la madre”. Consideró que el régimen de estricta incomunicación fue una fuente de sufrimiento que implicó una violación a la integridad psíquica de los familiares y causó particular afectación en niños por la privación del contacto y relación con sus madres.

La jurisdicción contenciosa de la CoIDH sobre la Convención de Belém do Pará

“Siempre me ha parecido sorprendente, si no enigmático, que hasta hoy, más de una década de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Pará, la Comisión Interamericana no haya jamás, hasta la fecha, buscado la hermenéutica de esta Corte sobre dicha Convención como ésta última expresamente le faculta”, señaló el juez Cançado Trindade en su voto razonado.

Hasta el caso del Penal Miguel Castro Castro, existía una visión generalizada de que la CoIDH no podía ejercer jurisdicción contenciosa sobre la Convención de Belém do Pará porque ésta solo mencionaba a la Comisión Interamericana en el artículo referido a la jurisdicción contenciosa. La base para tal posición era la interpretación errónea que se hacía de su artículo 12.

El alegato de la representante del grupo mayoritario de las víctimas en el caso de que dicha Convención era directamente aplicable a Perú, puso ante la Corte la necesidad de pronunciarse sobre su aplicabilidad directa al caso y de interpretar el artículo 12 y el alcance de su propia competencia. Se alegó la negación de justicia que se había dado y que continuaba a la fecha de litigación del caso (artículo 7.b). Fue una víctima, representante legal del grupo mayoritario de víctimas y a nombre propio, y no la Comisión Interamericana, quien alegó violaciones del derecho de la mujer.

Reiterando su posición en casos previos, como el Cinco Pensionistas o el Hermanos Gómez Paquiyauri, la Corte reafirmó el derecho de las víctimas de invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, incluidos los contenidos en otros instrumentos que otorguen competencia a la Corte, siempre que versen sobre los mismos hechos objeto de la demanda.

La Corte Interamericana ejerció su competencia para aplicar la Convención de Belém do Pará con respecto a los hechos violatorios posteriores a la ratificación de dicho convenio por el Perú. Como lo señaló el juez Cançado Trindade, el artículo 12 cuida de agregar que la Comisión considerará las peticiones “de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la cadh y en el Estatuto y el Reglamento” de la Comisión (...) Ocurre que, entre dichas normas para la consideración de peticiones, figura el artículo 51(1) de la cadh que prevé el envío por la Comisión de casos no por ésta solucionados a la Corte para su decisión.

La Corte tiene jurisdicción sobre dichos casos y puede y debe pronunciarse sobre alegadas violaciones de los derechos humanos de la mujer –con el necesario análisis de género planteado en este caso– bajo la Convención de Belém do Pará en tales circunstancias, dándole a esta última el debido effet utile.

El pleno de la Corte asumió tal jurisdicción por unanimidad, estableciendo que el Estado de Perú había violado el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará. El caso del Penal Castro Castro inaugura en ese sentido una nueva era en relación a los derechos de la mujer ante el sistema interamericano, abriendo la posibilidad de que nuevas víctimas encuentren justicia ante la Corte bajo la Convención de Belém do Pará.

Las violaciones a los Derechos Humanos de la Mujer

La Corte tipificó al conjunto de violaciones a la vida y a la prohibición de la tortura en el caso como “crímenes de lesa humanidad”. En el capítulo relativo a la responsabilidad internacional del Estado, la Corte consideró entre los elementos agravantes la violencia contra la mujer de las características que se habían dado en el caso.

La Corte enfatizó que la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens y que, como consecuencia, “el Estado tiene el deber de no dejar impunes estos delitos y para ello debe utilizar los medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad”.

La aserción de estos principios tiene un efecto importante en el ámbito peruano en materia de justicia de género. Como lo consignó la coidh en su sentencia, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú afirmó que en el conflicto armado existió “una práctica (...) de violaciones sexuales y violencia sexual contra mujeres principalmente, la cual ‘es imputable (...) en primer término a agentes estatales (...) (y) en menor medida a miembros de los grupos subversivos’”.

La Corte consignó que según la cvr el 83% de los casos de violación sexual contra mujeres víctimas durante la guerra interna en Perú fue cometida por agentes estatales. Pero la impunidad hoy es total, no ha existido un solo caso de violación sexual que haya recibido justicia en un tribunal peruano.

De igual manera, no existe una provisión en el sistema penal peruano que reconozca a la violación sexual y otras formas severas de violencia contra la mujer como crímenes de lesa humanidad. La decisión de la coidh que requiere la investigación penal de la tortura –que tomó la forma de violencia contra la mujer (violencia sexual y condiciones de prisión)– bajo la tipología de crímenes de lesa humanidad en el caso del Penal Castro Castro, sienta un principio importante en la esfera doméstica en Perú y abre la puerta para que los casos de violación sexual de otras víctimas que constituyeron torturas y violencia de género durante la guerra interna, no queden en la impunidad.

Dos observaciones sobre las consecuencias legales

El concepto de equidad en materia de reparaciones ha jugado un rol central cuando se trata de casos de múltiples víctimas y más aún cuando los familiares son también víctimas por derecho propio en el caso. Dentro del espectro de las reparaciones, la Corte tomó como elemento agravante la violación sexual, la violencia sexual (desnudo forzado) a la que fueron sometidas algunas internas heridas, la situación que vivieron las mujeres gestantes en el ataque y la incomunicación que existió entre los hijos pequeños de las madres y las internas sobrevivientes. En dichos casos, la Corte asignó un concepto adicional de reparación en equidad por daño moral.

El tema de Fujimori

Las consecuencias legales derivadas del caso del Penal en relación a la situación de Alberto Fujimori son un aspecto importante de éste. La Corte estableció que había sido de dominio público al tiempo de los hechos “que el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal y determinar las acciones a seguir”.

También fue parte de los hechos probados que “el 10 de mayo Fujimori se presentó en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios de presidio”, quienes se encontraban en las condiciones que se hicieron famosas en fotografías de los medios de comunicación.

La Corte ponderó la importancia en ese sentido de la apertura de un proceso penal en contra de Fujimori “a quien se atribuye haber planificado y ejecutado el ‘Operativo Mudanza I’”.

Cuando Fujimori se encontraba en Chile, la Corte señaló que “en consideración (a) la gravedad de los hechos del presente caso, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones”.

A la publicación de este artículo, Perú hizo pidió la extradición ante los tribunales chilenos por el caso del Penal Castro Castro. Este caso refuerza así la solicitud pendiente por otros casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada que son parte del pedido de extradición, permitiendo que las autoridades chilenas examinen el conjunto de casos en toda su dimensión y no como hechos “aislados”. Ésta sería la primera vez que un ex cabeza de Estado responda penalmente por violaciones sistemáticas al derecho de la mujer que constituyeron crímenes de lesa humanidad.

Reflexiones finales

Los hechos referidos en la sentencia del Penal Castro Castro pertenecen a un periodo de la historia de Perú en el que un régimen dictatorial se ubicó sobre la ley para aplicar una guerra “sin ética y sin moral” (Jara 2003, 63), que puso fin a la guerrilla más sangrienta de su historia. Pero así como episodios de este tipo fueron considerados un mal “necesario” dentro de la guerra librada por el Estado peruano, siguiendo una lógica similar, el representante del jefe máximo de Sendero Luminoso se ha referido a atrocidades cometidas por Sendero como meros “excesos” y que “en toda guerra se producen muertos”.

La sentencia de la Corte en el caso del Penal Castro Castro es la afirmación de la recta ratio por sobre una lógica que pretende desdeñar el hecho de que existen reglas de derecho también en las guerras y que existen normas de ius cogens que no son derogables ni en el caso extremo de una situación de conflicto armado, y que no descansan en principios de reciprocidad.

Es Ll.M. (máster en Derecho Internacional) con mérito, diplomada por la Academia de La Haya en Derecho Internacional (2000). La autora litigó el caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú a nombre propio y de 800 víctimas.

Tomado de: corteidh.or.cr

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia