La Gaceta Jurídica

El Principio Democrático en el Estado Plurinacional

…la configuración de Bolivia como un Estado Democrático hace referencia a la titularidad del poder que descansa en el pueblo y que debe participar en la vida política a través de los diferentes mecanismos previstos por el sistema democrático.

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 01 de octubre de 2013

En noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de septiembre Día Internacional de la Democracia, con el propósito de abrir la oportunidad de examinar, de forma periódica, el estado de la democracia en el mundo.

Asimismo, es importante rescatar que, de acuerdo al artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la Primera Sesión Plenaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 11 de septiembre de 2001, y ratificada por la mayoría de los países latinoamericanos, constituyen elementos esenciales de la democracia representativa (entre otros): “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.

El segundo elemento está estrechamente relacionado al principio de alternabilidad en el poder, en contraposición a la reelección presidencial indefinida, objeto de polémico debate en nuestro país.

En el caso boliviano, cabe recordar que, a través de las reformas constitucionales de 1994 y de 2004, se consagró la vigencia de un Estado Social y Democrático de Derecho. En este sentido, es importante considerar que, según la doctrina constitucional, el Estado democrático entraña distintas características del régimen político:

i) significa que los titulares del poder público ejercen esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal;

ii) implica que la relación de los ciudadanos con el poder político no se reduce a la emisión del voto para elegir a sus representantes y gobernantes, sino que también se expresa en una participación activa y efectiva en la toma de decisiones a través de mecanismos como el referéndum popular, la planificación participativa o el control social y la iniciativa legislativa; y

iii) determina que la democracia sea expresada como la capacidad de respeto a los demás, la capacidad del diálogo y el respeto por la discrepancia, todo ello en el marco de la tolerancia que debe guiar nuestra convivencia diaria, de tal forma que la voluntad de las mayorías no llegue al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de las personas.

Es importante no perder de vista que el Estado Democrático tiene como elementos cualificadores los siguientes:

a) el principio de la soberanía popular, como el modo específico y peculiar de concebir el poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo;

b) la concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que interactúan los diferentes grupos sociales, situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad;

c) la participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno, a través de los mecanismos previstos por la Constitución; y

d) la democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia.Entonces, el principio de Estado Democrático implica hacer un énfasis en la democracia, entendida como el gobierno del pueblo, donde la titularidad del poder político descansa en el soberano, es decir, en el pueblo y no en el gobernante, quien ejerce el poder por delegación conferida por el pueblo a través del voto directo e igual, bajo el sistema de representación proporcional establecido en la misma Constitución.

Es así que, conforme al principio democrático, el Gobierno, en democracia, se legitima por el consentimiento del pueblo, fundamentalmente a través del voto emitido en las elecciones, conforme a la representación proporcional. En este sentido, la configuración de Bolivia como un Estado Democrático hace referencia a la titularidad del poder que descansa en el pueblo y que debe participar en la vida política a través de los diferentes mecanismos previstos por el sistema democrático.

El principio democrático implica mejor distribución del poder político y una apuesta por lo diverso, como negación de todo totalitarismo a nivel étnico, cultural, ideológico, político o regional (Cfr. Sentencia Constitucio- nal Nº 0075/2005, de 13 de octubre de 2005).

Esta configuración democrática del Estado boliviano se ha visto reflejada en el régimen de gobierno adoptado a través de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referendo constitucional en 2009, que en su artículo 11, parágrafo I, establece que: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.

En coherencia con esa configuración estatal y el régimen de gobierno, el artículo 7 de la Ley Fundamental define que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”; lo que supone que el pueblo es el origen de todo poder.

En consecuencia, el poder del Estado emana del pueblo, el cual –en un sistema democrático representativo y participativo como el nuestro–, de un lado, delega su ejercicio a sus mandatarios y representantes mediante elecciones libres, pluralistas, igualitarias y ampliamente informadas; y, de otro, interviene en la toma de decisiones expresando su voluntad política ante las consultas efectuadas por el gobierno a través de los mecanismos de participación democrática previstos por el artículo 11, parágrafo II, constitucional.

Esto constituye avance importante de la democracia constitucional boliviana; sin embargo, ello no debe quedar únicamente plasmado en el papel –como si se tratara de un ideal lejano e inalcanzable–, dado que su realización depende de la actitud que gobernantes y gobernados asumamos en cuanto a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de nuestro derecho a vivir en democracia, más aún cuando mantenemos ésta forma de manera continua por más de 30 años y que ahora debemos preservar ante el peligro de ambiciones prorroguistas que amenazan nuestra existencia como República democrática.

Entonces, es nuestra responsabilidad llamar la atención de nuestras autoridades y representantes para que respeten nuestros derechos democráticos y se sujeten a las reglas de juego establecidas por la Constitución que todos(as) los bolivianos(as) hemos aprobado y así realmente “escuchen y respeten la voz de los ciudadanos y que respondan adecuadamente a ella, ya sea expresada directamente o por medio de los representantes que ellos han elegido”, como lo ha recomendado el Secretario General de la onu en su Mensaje con motivo del Día Internacional de la Democracia (“Reforzar las voces de la Democracia”, disponible en: bit.ly/13CpTsu).

(*) El autor es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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