La Gaceta Jurídica

Principios del Nuevo Código Procesal Civil

Apunte legal - (Parte I)

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 03 de diciembre de 2013

Una grata noticia para el mundo jurídico y para los(las) abogados(as) es la promulgación de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, que aprueba el nuevo Código Procesal Civil que consta de 509 artículos (menos que el anterior que tiene más de 700), 10 Disposiciones Transitorias (entre las cuales se prevé que entrará en vigencia plena el 6 de agosto de 2014 y que algunas de sus normas tendrán vigencia anticipada desde el momento de su publicación, 25 de noviembre de 2013).

También tiene tres Disposiciones Adicionales y tres Finales, además declara la abrogatoria del Código de Procedimiento Civil promulgado por Decreto Ley Nº 12750 (sic) de 6 de agosto de 1975, puesto en vigencia el 2 de abril de 1976 y elevado a rango de Ley en 1997; todo ello a momento de su entrada en vigencia plena el próximo año, una vez culminada la vacatio legis prevista por la nueva norma.

Me interesa resaltar de manera breve los Principios (algunos nuevos, otros conocidos) que sustentan este nuevo Código. Entre ellos resalta el Principio de Oralidad (1), a través del cual se pretende poner en evidencia que “la oralidad es la forma (principal) de desarrollar el proceso, sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley”. El paréntesis en esta cita textual corresponde a la redacción original del proyecto de Código que el Ministerio de Justicia difundió este año (en adelante “el Proyecto”) y no se ha justificado su supresión, dado que es la característica esencial de la nueva normativa.

En todo caso, el principio de oralidad no es exclusivo ni excluyente, dado que si bien ahora prima la oralidad sobre la escritura, en ningún momento resta importancia a la utilidad de la escritura en los casos que así lo requieran, sobre todo a efectos de dejar constancia de lo actuado en determinado proceso, para conocimiento público y verificación de las partes.

Asimismo, cabe hacer notar que se ha mantenido la mayoría de los Principios originalmente establecidos en el Proyecto, salvo por la inclusión de otros, como es el caso del Principio de Legalidad, por el cual “la autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley”, lo que implica que, si bien su actividad jurisdiccional debe estar enmarcada en las reglas de procedimiento establecidas en el mismo Código, no significa que deba limitarse a ello, sino que necesariamente debe ampliar su visión hacia las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado (cpe) y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Es decir que debe actuar conforme al Bloque de Constitucionalidad, a fin de asegurar el derecho a un debido proceso civil, justo y equitativo para las partes (Conc. artículo 4 del Código) en mérito del Principio de Constitucio- nalidad que debe observarse en todo proceso judicial, procurando que las actuaciones procesales sean conforme a los postulados constitucionales.

Por otro lado, el Principio Dispositivo establece que el proceso “se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en (una controversia, cuyos derechos son objeto de)  la tutela jurisdiccional” (el agregado es mío); ello supone que depende del ejercicio por las partes, de las oportunidades de actuación procesal previstas en la norma jurídica, tal como se lo había establecido en el Proyecto original. En virtud de éste Principio se hace recaer en los litigantes (las partes o sujetos procesales), por una parte, la tarea de estimular e iniciar la función jurisdiccional y, por otra, la de suministrar los materiales probatorios sobre los que deberá tratar la decisión del juez.

Asimismo, de acuerdo al Código, el Principio de Dirección “consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente, y ordena a las partes, sus apoderados y abogados, al cumplimiento de las disposiciones legales”, vale decir, su sujeción plena a las normas del ordenamiento jurídico vigente, en observancia del Principio de Legalidad descrito.

Conviene tener presente que mediante éste Principio de Dirección Judicial del Proceso, “la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio –cuando corresponda– el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales –con el deber imperativo de tramitar con carácter preferencial los procesos–, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora)” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0015/2012 de 16 de marzo).

Por el Principio de Inmediación, el nuevo Código permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, así como en la producción de prueba y la demostración de los hechos alegados en el proceso, “excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión, fuera de la jurisdicción (se refiere a la competencia) del Juzgado” (sic), vale decir, en territorio distinto al de su competencia.

Sin embargo, no se ha tenido cuidado de establecer (tal como señalaba el proyecto) la prohibición de delegación de competencias y tampoco se ha previsto que su comisión podría devenir en nulidad, lo que resulta inexplicable porque ambas situaciones irregulares provocan enormes perjuicios a las partes.

El Principio de Concentración básicamente determina la reunión de la mayor cantidad de actividad procesal desarrollada por las partes, en el menor número posible de actos; principalmente para evitar la dispersión procesal que muchas veces ocasiona una perjudicial fragmentación del proceso en diligencias accesorias que obstruyen una correcta apreciación de las pruebas propuestas y producidas válidamente durante su sustanciación.

De esta forma se trata de resguardar de mejor forma los materiales probatorios que se acumulan para ser sometidos a valoración por la autoridad jurisdiccional.

Este principio, halla su complemento en el Principio de Eventualidad, que exige realizar actividades conjuntas dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e incompatibles.

Por el Principio de Publicidad se exige como condición indispensable de la sustanciación de los procesos civiles la máxima difusión de la actividad procesal desplegada por las partes, “salvo que la misma autoridad judicial decida lo contrario cuando la Ley lo determine” (sic), quedando aparentemente restringido de poder actuar discrecionalmente por razones de resguardo de las buenas costumbres o por seguridad pública, según la gravedad o especial trascendencia del caso que se trate, como hubiera sido aconsejable que la norma lo disponga expresamente.

El Principio de Saneamiento faculta a la autoridad judicial adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa,“siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal”; ello significa que la autoridad jurisdiccional se encuentra determinada a resolver las cuestiones que puedan impedir o entorpecer el pronunciamiento final sobre el fondo de la causa, inclusive puede determinar la inmediata finalización del proceso por la necesaria prontitud con que deben ser resueltos los asuntos de su conocimiento.

Nota

1. En 1997 existía un Anteproyecto de Código del Proceso Civil bien elaborado, fruto del esfuerzo de expertos nacionales como los doctores Mario Cordero Miranda y Kenny Prieto Melgarejo, quienes lo redactaron propugnando la introducción de la oralidad a través del Proceso por Audiencia en el proceso civil.

Es abogado diplomado en Derecho Procesal Civil y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia