La Gaceta Jurídica

Principios del Nuevo Código Procesal Civil

Apunte legal - (Parte II)

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 10 de diciembre de 2013

El Código declara que, en mérito al Principio de Gratuidad, el proceso civil es gratuito, “siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”. Este principio pretende significar que la administración de justicia descansa en principios que exigen que los procesos no sean objeto de gravosas imposiciones pecuniarias a las partes que intervienen en ellos, ni que por razón de su duración y costo sean accesibles sólo a ciertos estamentos sociales en desmedro de los intereses de grupos vulnerables o de escasos recursos.

Ciertamente, esta previsión intenta luchar contra la discriminación de que pueden ser objeto muchas personas por carecer de recursos económicos para llevar adelante un proceso civil en todas sus instancias; es una forma de contrarrestar las desigualdades que provocan perjuicios a los justiciables cuando reclaman por la vulneración de sus derechos subjetivos e intereses legítimos a través de las vías que la misma ley prevé.

Es también un llamado a la conciencia de abogados(as), para que coadyuven en este objetivo y no se constituyan en los principales obstáculos por medio de cobros indebidamente exagerados para lograr el acceso a la justicia de sus patrocinados.

Asimismo, en virtud del Principio de Celeridad, se entiende que la economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales (lo cual está estrechamente relacionado con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que es un elemento del debido proceso), impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados y servidores judiciales.

Hasta ahí se mantiene la redacción del Proyecto, ahora se ha adicionado la siguiente directriz: “El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla, salvo por razones que expresamente autorice el presente Código”; mandato que está indudablemente dirigido a efectivizar la celeridad procesal como condición esencial de la administración de justicia, quedando así proscritas las suspensiones de audiencias o diligencias pertinentes, sin que el Código lo autorice, o circunstancias de fuerza mayor, debidamente justificadas, así lo ameriten.

En otras palabras, “los jueces y tribunales deben dirigir y resolver los casos sometidos a su conocimiento dentro de los plazos previstos por ley y, para el caso de no estar normados, desarrollar los actuados procesales dentro de un término razonable, por cuanto sus dilaciones indebidas y retardaciones injustificadas atentaran los derechos fundamentales de las partes que van exigiendo mayor celeridad en la tramitación de sus causas” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0110/2012, de 27 de abril de 2012).

Es importante prestar atención al Principio de Interculturalidad que se ha previsto incorporar al nuevo Código, dado que, en mérito al mismo, la autoridad judicial, durante el desarrollo del proceso, deberá considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos permite la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística.

Esto, en directa referencia al carácter plurinacional del Estado boliviano, que implica el reconocimiento de distintas culturas, pueblos y naciones ancestrales de carácter indígena originario campesino, cuyos miembros son sujetos de iguales derechos que todos los demás, por lo que merecen igual tutela judicial en caso de encontrarse involucrados en una controversia sometida a conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la diversidad normativa y lingüística implica el debido resguardo del derecho al traductor o intérprete, que, como una de las garantías judiciales previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser observado en los procesos civiles, en caso de que así lo ameriten las circunstancias.

La Transparencia ahora constituye uno de los principios rectores del proceso civil y significa, básicamente, que los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable, facilitando la publicidad de los mismos con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica (es decir, tutela judicial efectiva).

Este principio está dirigido a garantizar la eficacia del derecho de acceso a la información de los justiciables, respecto de las causas o procesos judiciales que fueren instaurados en su contra y, en este sentido, se debe precisar que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, protegido por tratados de derechos humanos que obligan a los países a respetarlo y preservarlo.

En este sentido, el derecho de acceso a la información es considerado una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública, en especial para el control de la corrupción; así también, para la participación ciudadana en asuntos públicos, como es el caso de la administración de justicia, a través del ejercicio informado de los derechos y garantías judiciales que conforman el debido proceso y, en general, para la realización de otros derechos humanos, en especial de los grupos más vulnerables.

Este derecho es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión de las autoridades judiciales (elegidas por voto popular) y de todas las autoridades estatales. El pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es una garantía indispensable para evitar cualquier abuso de funcionarios públicos judiciales y promover la transparencia en el ámbito judicial, previniendo corrupción y autoritarismo. Por el Principio de Igualdad Procesal durante la sustanciación del proceso, la autoridad judicial tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. En sentido jurídico, esto significa que las partes del proceso civil tienen los mismos derechos y obligaciones, las mismas oportunidades de atacar y defenderse, debiendo ser tratados procesalmente de la misma manera en sus proposiciones y alegatos ante el(la) juez(a) o los miembros del Tribunal de Apelación (Cfr. artículo 119, parágrafo I constitucional).

Este principio, a su vez, se interrelaciona con el Principio de Bilateralidad o Contradicción o Principio de Contro- versia que se deriva del principio constitucional de la inviolabilidad de defensa en juicio (artículo 119, parágrafo II constitucional) y que, según el Código, significa que las partes tienen derecho a exponer sus argumentos (de ataque o defensa) y rebatir los contrarios; en otras palabras, implica la exigencia institucional de conferirle a las partes iguales oportunidades para el ataque y defensa de sus intereses. De la misma forma, en virtud del Principio de Verdad Material (que hasta ahora estaba reservado para el ámbito administrativo), la autoridad judicial deberá verificar los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes.

Esto no implica ninguna forma de producción de prueba de oficio, sino llevar a la práctica la dirección judicial del proceso y así el(la) juez(a) civil deje de ser un “convidado de piedra” en el proceso, asumiendo un rol activo promoviendo la búsqueda de la verdad material sobre los hechos que son objeto de juzgamiento y que debe valorar en forma íntegra para adoptar una decisión acorde al derecho y la razón de la justicia que asista a cada una de las partes en determinado caso.

Finalmente, frente las voces que pretenden ensalzar el nuevo Código indicando que sería “una norma realizada íntegramente por abogados bolivianos”, se debe recordar que el Código de Procedimiento Civil de 1975, que permanecerá vigente un tiempo más, fue obra de los más sobresalientes juristas bolivianos de aquel tiempo, entre ellos Rodolfo Virreira Flor y otros, quienes consultaron la realidad social en su tiempo para confeccionar un Código adecuado a las exigencias de la sociedad boliviana.

Es abogado diplomado en Derecho Procesal Civil y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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