La Gaceta Jurídica

Principios de la nueva Ley para el Ejercicio de la Abogacía

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 06 de agosto de 2013

No puede pasar desapercibida la nueva Ley Nº 387 de fecha 9 de julio del presente, que tiene por objeto regular el ejercicio de la abogacía en nuestro país, así como el registro de abogadas y abogados que se encuentren en el ejercicio de la profesión dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a cuyo efecto se requiere mínimamente:

a) el título profesional (en provisión nacional) de abogada o abogado; y

b) el Registro y matriculación en el Ministerio de Justicia (dependiente del Órgano Ejecutivo); asimismo, se ha dejado establecido que las abogadas y los abogados se someterán al control del ejercicio de su profesión a través del Ministerio de Justicia o de los colegios de abogados.

Asimismo, la nueva norma pone de relieve que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la sociedad (porque, de lo contrario, no sería función social) del Derecho  (como norma, ciencia y también facultad subjetiva) y la Justicia  (como valor superior del ordenamiento jurídico); de lo cual se infiere que el “servicio a la sociedad” constituye una premisa o propósito esencial en la nueva Ley y que, además, debe guiar todas las actuaciones de los(las) profesionales abogados(as), no sólo desde ahora, sino en todo tiempo.

En este sentido, me parece importante poner de relieve, aquellos principios mínimos e indispensables que deben guiar la conducta de mis colegas (abogados, juristas, magistrados, etc.) para el ejercicio idóneo de la abogacía, teniendo presente que, de acuerdo a esta nueva norma, las abogadas y los abogados “son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público; ejercen su trabajo bajo los principios establecidos en la presente Ley por medio del asesoramiento y la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica” (artículo 5).

De acuerdo a la Ley Nº 387, los principios del ejercicio de la abogacía en Bolivia (artículo 4) son los siguientes:

1. Independencia. El ejercicio de la abogacía, en todo momento, se encuentra exento de cualquier presión o influencia externa, ajenos al Derecho y a la justicia.

El(la) abogado(a) necesita ejercer libremente la profesión para la cual ha sido formado y ello implica que, en todo momento, debe estar libre y exento de cualquier tipo de presiones o compromisos que afecten negativamente la independencia con que debe actuar en la atención de los casos concretos que llegan a su despacho para patrocinarlos o que sean sometidos a su conocimiento para decidirlos.

En ambos ámbitos, patrocinio o juzgamiento, requiere de un mínimo de independencia en sus actuaciones para así poder expresar sus criterios técnico-jurídicos con plena libertad de decisión, sin estar sujeto a ningún deber de obediencia o sumisión respecto de ninguna persona o autoridad que pretenda influir negativamente en su accionar, porque lo único que siempre debe buscar es la reivindicación de aquello que es justo conforme al ordenamiento jurídico preestablecido, sin afectar el ámbito de libertad (derechos y garantías) de terceras personas, a cuyo efecto debe desplegar la mejor de sus capacidades, sin escatimar esfuerzos.

2. Idoneidad. El ejercicio de la abogacía debe observar en todo momento capacidad para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime.

El ejercicio idóneo de la profesión, implica no solamente la capacidad técnica y jurídica suficientes para hacerse cargo de un caso (actuando a la altura de las circunstancias), sino también que el abogado(a) debe mostrar una “conducta íntegra y ecuánime” ante la sociedad, libre de influencias externas que pretendan corromper o nublar su juicio, preservando en todo momento su objetividad e imparcialidad frente a la posición que en determinado momento debe defender.

3. Fidelidad. El ejercicio de la abogacía se rige por la obligación de no defraudar la confianza del patrocinado ni defender intereses en conflicto con los de aquél.

El(la) abogado(a), ciertamente, tiene como principal objetivo la reivindicación de la justicia, pero también la enorme responsabilidad de no defraudar, engañar o menoscabar la plena confianza depositada por el cliente en su capacidad profesional y que pone en sus manos muchas veces su libertad, sus bienes y hasta su vida misma (cual si fuera un confidente del destino de los demás), lo que ineludiblemente le impide defender intereses ajenos a los confiados por su patrocinado(a), demostrando así su idoneidad profesional.

4. Lealtad. Por la que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades.

La defensa de los intereses (derechos y bienes) confiados por la persona patrocinada, ciertamente, determina al abogado(a) a actuar con lealtad frente a su defendido(a) para llevar a cabo su misión y, asimismo, actuar con honestidad respecto a las posibilidades de éxito o fracaso en la defensa que lleva adelante, lo que incluye mostrar también todas las posibles consecuencias emergentes de su actividad.

En otras palabras, significa que el abogado(a) debe también ser leal consigo mismo, no estándole permitido hacer promesas falsas o alimentar esperanzas inciertas, respecto de cosas que sean jurídicamente inalcanzables o fácticamente imposibles.

5. Libertad de defensa. El ejercicio de la abogacía goza de libertad de preparar y desarrollar la defensa por todos los medios legales permitidos por ley, a favor de la persona patrocinada.

Como se dijo anteriormente, el abogado(a) necesita ejercer libremente la profesión para la cual ha sido formado técnicamente, a cuyo efecto puede preparar y desarrollar su defensa de la manera que mejor juzgue conveniente, debiendo utilizar únicamente las vías que el ordenamiento jurídico vigente prevé a favor de su patrocinado(a), no pudiéndose apartar de los preceptos legales u omitir el cumplimiento de la ley que garantiza nuestra pacífica convivencia, porque, en su función social, está llamado a exigir el respeto y observancia de la Constitución y las leyes por parte de todas las autoridades y los particulares.

6. Confidencialidad. La abogada o el abogado, debe guardar para sí las revelaciones de la persona patrocinada.

La confidencialidad implica el deber de no defraudar la plena confianza que se le otorga al abogado(a) cuando es conocedor de revelaciones inéditas por parte de su patrocinado(a), no pudiendo ser utilizadas sino únicamente cuando ayuden a comprender y explicar los hechos concretos, cuyo acontecimiento debe ser puesto a conocimiento de la autoridad competente en determinado caso, procurando evitar que dichos testimonios puedan causar algún perjuicio a la persona patrocinada.

7. Dignidad. La abogada o el abogado, debe actuar conforme a valores inherentes a la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito.

Las actuaciones profesionales del abogado(a) no deben desplegarse alejadas de los mínimos valores éticos con que debe actuar toda persona en sociedad, sino que deben manifestarse en la medida que no impliquen una afrenta a la moral o las buenas costumbres, lo que implica luchar por la vigencia de los cánones ético-profesionales que (además de los anteriormente detallados) sean necesarios para preservar, por sobre todos los peligros, la dignidad de nuestra profesión.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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