La Gaceta Jurídica

Privilegios e independencia judicial absoluta

Bajo la separación de poderes, las funciones judiciales son un poder independiente del Gobierno, de manera que se pone en vigor el estado de derecho. La independencia judicial, sin embargo, debe ser moderada, con un cierto grado de responsabilidad judicial. Un judicial independiente pone en vigor adecuadamente el estado de derecho solamente si es que se encuentra incluido en la ley y se caracteriza por imparcialidad e integridad.

Este análisis del sistema penal argentino retrotrae similitudes en otros espacios geográficos de Latinoamérica.

Este análisis del sistema penal argentino retrotrae similitudes en otros espacios geográficos de Latinoamérica. Foto: wikipedia.org

La Gaceta Jurídica / pensamientopenal.com.ar

00:00 / 20 de noviembre de 2012

La inmunidad, primeramente parlamentaria, tiene su origen en Inglaterra a mediados del siglo xvii, en el marco de la revolución y en plena crisis del sistema feudal, donde los señores feudales buscaban equilibrar el poder absoluto del Rey frente a sus feudos y sus tierras.

Fue cuando el Parlamento se creó como un espacio fundamentado en la premisa de dualidad del poder, signado en esencia por una dinámica donde los diferentes sectores de poder del Reino pudieran tener un espacio donde discutir, conversar, dialogar y parlamentar, sobre los asuntos comunes al Reino y particulares a cada Feudo.

Los privilegios parlamentarios respondían a criterios políticamente condicionados, por ejemplo, el caso de que un señor feudal para llegar a la sede del Parlamento debía transitar el territorio de un feudo enemigo, lo que constituía una felonía evidente al código de honor en el sistema socioeconómico feudal.

Esto hizo diseñar fórmulas jurídicas y políticas que lograran mantener la paz, el equilibrio y la unidad del reino; pero al interior del Parlamento también era fundamental tener alguna garantía de que los problemas, conflictos y desacuerdos que se pudiese tener frente al rey, quien era el monarca y soberano, no terminasen en la guillotina con el verdugo de interlocutor, esto como disposición arbitraria del rey.

Estos resumidos elementos fueron los argumentos históricos utilizados para crear privilegios parlamentarios a los representantes ante los órganos de poderes; en la actualidad existe en casi todos los estados democráticos del mundo un conjunto de disposiciones constitucionales que inspiradas en la experiencia histórica feudal “garantizan” la actividad de las cámaras legislativas, Ejecutivo y del Órgano Judicial; protegiéndolos de una manera muy especial, a fin de que puedan realizar a cabalidad sus funciones, evitando cualquier interferencia de los otros órganos del Estado o de algún particular.

Garantizar la independencia

La justificación actual de mantener dichos privilegios, constituyendo de esta manera una excepción al derecho común, refiere que quienes integren los órganos de poder gozan de ciertas exenciones que los colocan en situación diferencial en cuanto al principio de igualdad consagrado en la Constitución, ello con el objeto de garantizar –en el caso a los miembros del Poder Judicial– una independencia absoluta en el ejercicio de sus funciones, protegiéndolos de persecuciones. no solamente por parte de particulares sino también por parte de los restantes órganos de poder.

Bajo la separación de poderes, las funciones judiciales son un poder independiente del Gobierno, de manera que se pone en vigor el estado de derecho.

La independencia judicial, sin embargo, debe ser moderada con un cierto grado de responsabilidad judicial. Un judicial independiente pone en vigor adecuadamente el estado de derecho solamente si es que se encuentra incluido en la ley y se caracteriza por imparcialidad e integridad.

Subyace así la necesidad de un judiciario independiente que actúe de contrapeso para el Legislativo y Ejecutivo. No obstante, ¿resultan eficaces las garantías e indemnidades con que son investidos los magistrados para el logro del fin buscado?

La lectura de la realidad de los sucesos que son de conocimiento público, creemos que permiten dar respuesta negativa al interrogante cursado.

Contradicciones

Lejos de lograrse la independencia buscada, el Poder Judicial padece (en varios países) cada día una mayor intromisión y presión externa de parte de los restantes poderes o grupos de particulares, que en la práctica deciden por el magistrado el resultado de la contienda, o cuanto menos lo condicionan fuertemente.

Lo mismo sucede con las políticas de organización interna del Poder Judicial, lamentablemente digitadas para satisfacer cuestiones presupuestarias del Ejecutivo, muchas veces a contramano de las reales necesidades del sistema de administración de justicia.

El estancamiento, paralización y posterior archivo de las causas donde se ventilan hechos de corrupción, la selectivización y direccionamiento hacia un grupo determinado de personas del ejercicio punitivo del Estado, encarnizado por el magistrado actuante, no sólo deslegitima al judiciario, sino que refleja esa imposibilidad de lograr la independencia deseada.

El método de selección y remoción de magistrados claramente no ayuda a la problemática descrita. Por ejemplo, basta con anoticiarse de las disputas actuales en Argentina en el Consejo de la Magistratura para ver reflejada la politización adquirida por el mentado organismo.

Los jueces son oficiales públicos importantes, quienes ejercen una inmensa autoridad sobre los individuos. Como tales, son protectores de la confianza del público.

Se les debe otorgar independencia para alcanzar responsabilidad en hacer cumplir la ley, pero esa independencia debe estar templada con el más alto grado de imparcialidad e integridad.

Si quienes han elegido por propia voluntad desempeñar el cargo público, permanecen contemplativos de los hechos descriptos y se limitan a desempeñar el papel que les toque –o se les pida– al momento de padecer presiones externas, lamentablemente la independencia judicial quedará como un ideal relegado a las bastas bibliografías que narran sobre un Estado de Derecho.

El apoyo público del judiciario es fundamental y aquel apoyo es solamente posible cuando los miembros del judiciario mantienen un idéntico estándar de imparcialidad e integridad.

En éste contexto, y retomando lo narrado al principiar el presente ensayo, si los actores judiciales aceptan esa intromisión externa como una regla del juego político actual, los fueros e inmunidades que mantienen sólo pueden ser vistos como una reminiscencia de los fueros feudales citados, y nada más.

Derivaciones

La persistencia de esa situación de privilegio, lamentablemente, aleja cada vez más a los magistrados de la sociedad y ciudadanos en general, quienes a la postre no comprenden las razones de las inmunidades con que se pretende proteger a la judicatura.

Esa creencia de mayores derechos sobre la ciudadanía conlleva a absurdas derivaciones, como sostener que la imposición de una obra social o el pago de un tributo implican un menoscabo a su salario, derivando de ello una limitación a su independencia.

El aseguramiento de un salario 300 veces más elevado que el de sus empleados (comprendidos en el mismo Poder Judicial), el pago “en negro” de sumas no remunerativas y condiciones de trabajo violatorias de la legislación laboral, refleja lo expuesto en el caso argentino.

Los actores judiciales tienden a cerrarse en el círculo de actuación y ejercicio de poder, siendo evidencia clara de ello el lenguaje con que se redactan sus resoluciones.

Los jueces deben redactar con lenguaje claro sus sentencias porque viven y son parte de una sociedad que necesita entenderlas y que tiene el derecho a entenderlas. La sociedad debe participar en el modelo de justicia de la nación y de la provincia.

En efecto, una sociedad que tiene el deber de participar en un juicio en carácter de jurado empezará a mirar y entender la justicia y el derecho de otro modo. La eventual periodicidad de los cargos públicos podría decirse que se condecirá con el principio republicano.

El Poder Judicial, en éste sentido, es el poder más feudal de los tres poderes. No tiene periodicidad en sus mandatos y no responde más que al juicio político de sus miembros.

Para que nuestra calidad institucional sea cada día mejor necesitamos una justicia más democrática.

Tomado de: Revista digital Pensamiento Penal, del 5 de noviembre de 2012.

Espere…

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