La Gaceta Jurídica

Procesos “en espera”

…en instancias de la ALP se debe trabajar en un mecanismo que cumpla con las preocupaciones de los diferentes niveles de la institución del orden, sin que esto deba significar la ausencia de sanciones y de herramientas disciplinarias que garanticen también a la población que su Policía está controlada ante cualquier acto delictivo, de abuso o indisciplina de los uniformados.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 03 de julio de 2012

Con el motín policial de la penúltima semana de junio quedaron en la nebulosa, en espera o extinguidos los procesos disciplinarios contra policías del Estado, pues uno de los convenios asumidos entre la institución verde olivo y el Gobierno fue que se suspende la aplicación de Ley 101 de Régimen Disciplinario, que es considerada por los amotinados como violatoria de la Constitución Política del Estado (cpe) porque “presume la culpabilidad” de los sospechosos, puesto que el artículo 102 de la referida norma determina que con la acusación del Fiscal Policial se suspende el pago del salario a un efectivo sindicado de algún delito.

Según declaraciones de varios uniformados al respecto, la norma disciplinaria es en realidad un “proceso sumarísimo”, por lo tanto, será revisada en una comisión que también estudiará para proponer un nuevo instrumento legal que sancione disciplinariamente a los miembros policiales, mientras tanto las sanciones quedarán pendientes. Al mismo tiempo, se conoció que la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) tenía abiertos unos 650 procesos a uniformados que fueron denunciados con tipificaciones de la Ley 101. Sin embargo, las oficinas de esta repartición en La Paz y Cochabamba fueron asaltadas por los amotinados el día 22 del mes pasado con el resultado de la quema de expedientes, computadoras y otros archivos de los casos.

Datos interesantes sobre el tema de los procesos disciplinarios publicados por el periódico La Razón dan cuenta de que “unos 1.200 uniformados y funcionarios policiales huyeron de la Ley 101”, al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Clases de la Policía (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos, recordó que la norma cuestionada fue promulgada en 2011 y que desde ese momento y hasta lo que va de la gestión 2012, unos 500 policías que tenían denuncias pidieron su baja voluntaria antes de ser procesados, quienes, además se sentían sin seguro y sin garantías para ejercer sus funciones, según el informe otros 700 prefirieron retirarse de la institución y se fueron al exterior antes de ser denunciados.

Con todos los antecedentes arriba planteados y que sin duda son más amplios y de mayor conocimiento de las autoridades de Gobierno, en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional se debe trabajar en un mecanismo que cumpla con las preocupaciones de los diferentes niveles de la institución del orden, sin que esto deba significar la ausencia de sanciones y de herramientas disciplinarias que garanticen también a la población que su Policía está controlada ante cualquier acto delictivo, de abuso o indisciplina de los uniformados, no en un afán de perseguirlos ni acosarlos, como se han sentido con la medida ahora en revisión, sino para que la institución, dentro de la crisis que aún arrastra sin tintes muy alentadores, salga a flote en el aspecto moral.

Si bien las demandas policiales fueron aceptadas y por el carácter de los demandantes serán cumplidas con mayor rigurosidad, el tema de la disciplina deberá merecer un tratamiento de puntillas para que sirva de estímulo interno a la lucha contra la corrupción, haciendo eco a los discursos y compromisos de las comandancias y las instrucciones del Órganos Ejecutivo que hasta tuvieron fechas fatales ya cumplidas sin resultados.

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