La Gaceta Jurídica

Procesos policiales

…en la reforma policial, que se anunció sucedería en el marco de la Cumbre Judicial, se tome en cuenta que las mejoras institucionales no solo serán logradas mediante la persecución y la penalidad, sino que se requiere otro tipo de formación y la depuración de comportamiento desde el proceso formativo.

Editorial

00:00 / 18 de noviembre de 2015

El principio de semana, un informe del periódico La Razón dio cuenta de que la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) de la Policía Boliviana mantiene en su competencia, por lo menos, unos 3.000 procesos contra uniformados de toda graduación de esta institución, quienes son acusados de cometer irregularidades de diversa índole.

El dato reviste importancia debido a que esa cifra es, aproximadamente, el 8 por ciento del total de funcionarios policiales, pues éstos sobrepasan los 37.000 en todo el país. En otra palabras, de cada 100 uniformados, ocho se encuentran acusados de alguna irregularidad y en proceso en la Digipi.

Además de que la cantidad representa un tema que llama la atención, otra circunstancia de preocupación es que la mayoría de estos procesos fueron iniciados hace tiempo pero se encuentran paralizados.

Pero la trama tiene otros aspectos que deben ser atendidos de manera adecuada por las instancias pertinentes en la regulación policial, como son el Ministerio de Gobierno y la Comandancia General de la Policía, en primera instancia, y las comisiones del área en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) y los ámbitos de justica en segunda.

Asimismo, un punto importante para tomar en cuenta es la denuncia que realizaron dirigentes de los policías de baja graduación, en sentido de que los oficiales y jefes que se encuentran con causas abiertas, que por lo menos son unos 500, son tratados con menos severidad que los primeros, por lo que debería incidirse en que los procesos sean equitativos y sin preferencias, puesto que se trata de que las sanciones sean emitidas de acuerdo al nivel de culpabilidad y no de conformidad al grado o influencias que puedan tener los acusados.

De hecho, lo que falla es la regulación para la institución verde olivo, debido a que la normativa se encuentra detenida en su aplicación, pues los uniformados de baja graduación están en contra de la todavía no abrogada Ley 101 que instituyó un régimen disciplinario, pero tampoco se avanzó mucho en la puesta en marcha de una nueva normativa que fue acordada entre el Gobierno y delegados de los policías (luego de un amotinamiento de tres días en junio de 2012) y que fue desarrollado en la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol).

En el ánimo de crear más normas para toda circunstancia, se supo por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que existe un anteproyecto de ley para acelerar los procesos retrasados contra uniformados policiales, pero que “aún está en proceso de consulta, ya que existe un trabajo elaborado y todavía se socializa (para que haya consenso). Seguramente en la nueva ley de la Policía Boliviana vamos a prever algunas medidas de liquidación de causas pendientes en la Digipi”.

Vaya a ser como avance el asunto, lo que queda como inquietud es que la solución a la crisis de la Policía parece que está pensada principalmente desde el plano sancionatorio sin darle mucho interés a la construcción moral. Es de esperar que en la reforma policial, que se anunció sucedería en el marco de la Cumbre Judicial, se tome en cuenta que las mejoras institucionales no solo serán logradas mediante la persecución y la penalidad, sino que se requiere otro tipo de formación y la depuración de comportamiento desde el proceso formativo.

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