La Gaceta Jurídica

La Procuraduría y los arbitrajes internacionales

El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, informó el jueves que durante la gestión 2015 se gastó en la defensa de siete arbitrajes internacionales 8.306.063, 07 bolivianos, mientras que, según estándares internacionales, ada proceso cuesta 4.200.000 dólares.

A la Rendición de Cuentas en la Vicepresidencia asistieron representantes institucionales.

A la Rendición de Cuentas en la Vicepresidencia asistieron representantes institucionales. FOTO: pge

La Razón (Edición Impresa) / Direcom PGE

00:00 / 31 de enero de 2016

"El mecanismo de defensa se ha activado y se ha desarrollado el año 2015, gastando solamente la suma de 8.306.063 bolivianos, algo más de un millón de dólares, yo quiero hacer notar que, de acuerdo a estándares internacionales que están en los sitios web, si ustedes pueden constatarlos, solamente la defensa de un arbitraje en promedio del contexto internacional le cuesta a un Estado cuatro millones 200 mil dólares americanos, solamente un arbitraje, aquí estamos hablando de siete procedimientos”, señaló Arce.

En ese marco, explicó que el caso más complicado y que mayores requerimientos económicos tuvo es el de South American Silver, que proviene de la nacionalización de la empresa minera Mallku Khota, que costó Bs 4.344.979,40 bolivianos en abogados, Bs 910.765 en expertos internacionales mineros y Bs 2.571.392, 30 en expertos internacionales económicos.

En el caso Iberdrola hubo un gasto de Bs 350.891, 47. En el caso Jindal Steel Bolivia se gastó Bs 128.034, 90 en expertos internacionales y expertos bolivianos. En los casos Abertis infraestructuras, Quiborax y Glencore no se registró gastos.

Otras áreas

Respecto a otras áreas que atiende la Procuraduría General del Estado (pge), por ejemplo, en materia de derechos humanos se informó que en 2015 se atendió 33 casos, de los cuales 21 están en etapa de admisibilidad, seis en etapa de fondo-admitidos, uno en acuerdo de solución amistosa, dos en procesos contenciosos jurisdiccionales y tres en supervisión de cumplimiento de sentencia.

También se destacó la promulgación de la Ley 768, la cual modificó a la Ley 064 de la pge y norma su intervención cuando hay cuantías elevadas; cuando la parte demandada o procesada sea la máxima autoridad ejecutiva (mae) en ejercicio de sus funciones y se presente un informe o dictamen aprobado por la Contraloría General del Estado o, de manera excepcional, cuando exista una solicitud del Presidente del Estado.

Asimismo, se creó el Registro de Abogados del Estado (rae) y el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (rope) y se amplió las facultades de la Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma” para formar a profesionales que no sean abogados.

Respecto a la evaluación de las unidades jurídicas, durante 2014 y 2015 se realizó 115 evaluaciones con 108 recomendaciones.

En cuanto al tema normativo, la pge emitió el Dictamen General 01/2015 que establece que las unidades jurídicas de la administración pública deben asesorar adecuadamente a la mae, Dirección Administrativa Financiera y a la Unidad de Recursos Humanos cuando corresponda a través de informes técnico legales para desvincular laboralmente a un trabajador.

El Dictamen 02/2015 instaura que las unidades jurídicas en el tema de procesos de contratación y ejecución de contratos verifiquen que el contratista cumpla materialmente sus obligaciones contraídas y hagan seguimiento a la ejecución contractual en cuanto al cumplimiento de plazos y condiciones, entre otras. 

También se elaboró la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje, norma que tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual.

Finalmente, en el evento se destacó que el Procurador es parte del Consejo de Reivindicación Marítima (Conarema) y que apoya jurídicamente a la demanda presentada contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

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