La Gaceta Jurídica

Propuestas y aspiraciones para la reforma

Desde el 3 de marzo, el Consejo de la Magistratura desarrolla en su sede de Sucre el Ciclo de Conversatorios rumbo a la Cumbre Judicial. Ese primer encuentro y el segundo del día 11 contaron con la participación de varias instituciones nacionales y locales relacionadas con la justicia.

El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca en la testera para su exposición el 3 de marzo.

El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca en la testera para su exposición el 3 de marzo. FOTO: Consejo de la Magistratura

La Razón (Edición Impresa) / Unicom Magistratura/redacción

00:00 / 20 de marzo de 2016

La primera jornada, a tiempo de dar la bienvenida, el presidente del Concejo de la Magistratura, Wilber Choque Cruz, detalló los objetivos del ciclo y recordó que la Cumbre Judicial convocada por el presidente Evo Morales está planificada para el 16 y 17 de abril y que de ella “se espera la reforma integral del sistema judicial”.

Agregó que para el evento es necesaria una etapa previa de preparación con la intervención plena del Estado, sus instituciones y la sociedad misma.

“Por ello, el Consejo de la Magistratura, buscando aportar a la suficiente información, discusión y elaboración de propuestas en la Cumbre Judicial y la reforma integral del sistema de justicia, propone una etapa intensiva de realización de espacios informativos y comunicacionales, conversatorios y talleres que posibiliten el objetivo planteado de propiciar la participación informada y propositiva de la población”.

Luego, el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Armando Cardozo Saravia, comenzó su exposición anotando que el primer enfoque, cuando se trata de analizar las causas de la crisis del  sistema judicial, debe ser el de “admitir que todas las instituciones involucradas, y no solo las del Órgano Judicial, tenemos alguna responsabilidad en ello, somos parte del problema y, por esto, todos debemos buscar la solución”.

Consideró importante hacer el “mea culpa” en un auditorio mayoritario de abogados, “pues los abogados en el ejercicio de la profesión libre también son responsables del mal funcionamiento del sistema y la administración de justicia”.

Cardozo dijo que el documento del Colegio de Abogados de Bolivia ya fue expuesto en la oportunidad fue presentado al Ministerio de Justicia y antes consensuado en los colegios departamentales. Anotó que su análisis parte de un diagnóstico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh), de informes que datan de 2007 y 2009 sobre el derecho al acceso a la justicia y garantías constitucionales y de informes de rendiciones de cuentas de los últimos tres años de las instituciones que conforman el Órgano Judicial.

De acuerdo al texto de Unicom, de lo anterior se concluye que “el rol que cumple el Órgano Judicial de garante de la institucionalidad y la democracia no se cumple a cabalidad. Por ejemplo, se advierte una peligrosa subordinación del Órgano Judicial hacia quienes detentan el poder político, esto se advirtió, por ejemplo, en las últimas elecciones nacionales y se vivió, en el departamento de Chuquisaca”.

El presidente del Colegio de Abogados puntualizó que debería ponerse más énfasis en las manifestaciones de la crisis estructural del sistema judicial en Bolivia que en consideraciones de tipo filosófico o doctrinal. Así, la primera afirmación, síntoma de la crisis de la justicia boliviana, fue en torno a la violación al derecho al acceso a la justicia o tutela efectiva:

El Estado no garantiza a todas las personas habitantes de su territorio ese derecho, pues no existen juzgados ni tribunales de justicia en los 339 municipios. Solo 180 tienen juzgados, pero no todos los servicios de justicia; tienen una materia pero carecen de otra, el/a ciudadano/a no tiene acceso a los tribunales.

De esos 180 municipios, varios juzgados de provincia fueron trasladados a las capitales y los pueblos reclaman airados cuando eso ocurre, pues se les quita servicios para atender a las ciudades, la misma lógica se utiliza en el tratamiento de los códigos civil y de familias.

A continuación, el jurista planteó temas referidos a la inaccesibilidad de la justicia a través de situaciones como la excesiva burocracia administrativa con mucho personal para atender cada caso. Por otra parte, indicó que continúa la retardación de justicia, que en las cárceles gran parte de los recluídos/as son ciudadanos/as sin sentencia, y que se tiene debilidad en la calidad de jueces y magistrados.

Según Cardozo, en las causas estructurales de la problemática de la justicia se identifica que no hay independencia del Órgano Judicial frente al Ejecutivo ni legislativo, que los pocos recursos del Órgano Judicial están mal administrados, que existe más personal administrativo y en oficinas que en lo jurisdiccional y que los recursos de la Fiscalía son insuficientes. En el mismo grupo de causas dijo que la legislación sustantiva y procesal no responde a la realidad y hay demasiada dispersión, lo que dificulta labores de ad- ministración de justicia. Asimismo, persiste la deficiente formación universitaria de los abogados que, en especial al iniciar su carrera, incurren en errores como los recursos innecesarios que impiden celeridad en los juicios.

Propuestas

Al final, el jurista reflexionó que en la cumbre de dos días la participación se reducirá a escuchar y no debatir; por ello, sugirió la postergación hasta junio a julio para la adecuada realización de la misma.

Propuestas del colegio

-Incremento del 4% del presupuesto del Órgano Judicial destinado a la creación de juzgados.

-Condiciones adecuadas de trabajo para los/as jueces.

-Mejora salarial para los jueces/as.

-Mejorar infraestructura y transporte para que los fiscales investiguen en los seis meses que dice la Ley.

-Aumentar el número de conciliadores.

-El Instituto de Investigaciones Forenses (inif) no tiene alcance nacional, pero eso se debe crear más institutos en el país.

-Redimensionar geográficamente la ubicación de los juzgados.

-Desarrollar políticas de gestión ágiles que apoyen la labor jurisdiccional.

-La asamblea legislativa debe trabajar superando las contradicciones y vacíos de la Ley.

-Garantizar protección al juez o magistrado que falle contra el Estado y no seguirle procesos disciplinarios o penales por tal hecho.

-Los abogados deben reflexionar sobre la ética profesional, todo parece tener un fin monetario, se practica una política embrolladora para cobrar más.

-Los abogados no generan especialidad, lo que afecta a la adecuada atención del litigante; contradictoriamente, existen muchos postgrados que no parecen incrementar la capacidad solo el curriculum profesional.

-Se debe aumentar defensorías públicas y privadas.

En seguida, la exposición de Enrique Durán, asesor de Presidencia del Consejo de la Magistratura, coincidió con las corrientes de opinión pública en cuanto a que se conoce poco de la cumbre y quién la dirigirá, cómo se elegirá a los participantes, los mecanismos para presentar propuestas y las probabilidades de que éstas no solo sean presentadas y escuchadas, sino debatidas y analizadas.

Durán expresó la necesidad de reflexiones que resumió en estos puntos.

-En la crisis del sistema judicial se tiene el “estado del arte”, es decir que se conoce cuáles son los problemas y hay un claro punto de partida.

-Los anteriores eventos preparatorios a la cumbre arrojaron datos técnicos y jurídicos; sin embargo, se requiere la reforma integral de la justicia, un cambio total de paradigma y de conceptos en torno a la misma. La cumbre es la oportunidad histórica para que todos los involucrados en el sistema de justicia confluyan buscando soluciones.

-La justicia es un derecho fundamental, entonces ya no es ejercicio de poder, sino un ejercicio de derecho.

-Con esa nueva lógica para leer la realidad de la Justicia, se propone un enfoque multidimensional jurídico, político, social e ideológico.

-De acuerdo a lo anterior, los seis ejes propuestos por el Presidente del Estado son insuficientes. El Consejo de la Magistratura trabaja una propuesta para sumar otros ejes, por ejemplo la desjudicialización de controversias y varios más.

Finalmente, Juan Edwin Michel, jefe nacional de Control y Fiscalización de la Magistratura, expresó que la Constitución Política del Estado no fue comprendida por los responsables de impartir justicia y, entre los varios problemas que aquejan al Órgano judicial, anotó que existe excesiva judicialización de las relaciones personales y deficiente infraestructura para la atención.

Agregó que la independencia judicial debe ser garantía para que la función de los servidores públicos sea correcta y de satisfacción para el destinatario final, el pueblo. Además que la reconfiguración del sistema de justicia debe estar o tener servicio integral, oficinas de las defensorías y de la Fiscalía para el acceso de acuerdo a las necesidades de la gente. Asentó que en el mundo los países tienen el 6% de sus presupuestos para el Órgano judicial y en Bolivia menos del 1%.

Al final reflexionó que en 180 años de gestión judicial se heredó el modelo ritualista de la colonia y que la justicia todavía está colonizada, motivo por el que debe ser reformada.

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