La Gaceta Jurídica

Protección de los Derechos Fundamentales

Entre los aspectos positivos que contiene nuestra nueva Constitución Política del Estado, es fundamental resaltar la positivización muy importante reconocida sobre los derechos humanos, a diferencia del catálogo incipiente que contenía la carta magna abrogada de 1967.

La Constitución regula garantías para los derechos individuales  y para el respeto  de los colectivos.

La Constitución regula garantías para los derechos individuales y para el respeto de los colectivos. Foto: jaumandreu.wordpress.com

La Razón Digital / Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 19 de agosto de 2015

En este marco, alcanza gran expectativa el reconocimiento y desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos o de los pueblos, presupuesto sobre el cual, consecuentemente, se amplía el catálogo de los derechos civiles y políticos.

La positivización de los derechos humanos que prevé nuestra nueva carta fundamental, incorpora en dicho reconoci- miento a los tres grupos de derechos humanos, es decir: i) derechos civiles y políticos, ii) derechos económicos, sociales y culturales y iii) derechos colectivos o de los pueblos. En consecuencia, podemos establecer las características principales de que goza la referida positivización de derechos humanos en nuestra Carta Fundamental:

-Se reconoce en nuestra Constitución los derechos fundamentales, basados en los principios de inviolabilidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

-Se determina constitucionalmente la responsabilidad que tiene el Estado de promoverlos, protegerlos y respetarlos con la garantía del eficaz ejercicio de los derechos reconocidos en la norma fundamental, las leyes ordinarias y los tratados internacionales que versen sobre la materia de derechos humanos.

-Se prohíbe toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras. Asimismo, se sanciona toda conducta, acto u omisión de discriminación.

-Se reconoce la categoría supraconstitucional de los tratados, convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos.

-Se establece la interpretación de las normas de la Constitución sobre derechos fundamentales, en conformidad con las normas de los tratados, convenciones o pactos internacionales que versen sobre derechos humanos, cuando estos sean más favorables.

Capítulos y derechos

Así,  desde el Título II, Capítulo Primero con la consagración de los Derechos Fundamentales y Garantías, y a partir del Capítulo Segundo, titulado Derechos Fundamentales, nuestra Constitución reconoce y consagra los derechos humanos. En el Capítulo Tercero consagra los derechos civiles y políticos; en el Capítulo Cuarto los derechos de las naciones pueblos indígena originario campesinos.

En el Quinto están contemplados los derechos sociales y económicos: como el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud y a la seguridad social, el derecho al trabajo y al empleo, el derecho a la propiedad, los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, los derechos de las familias; los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores.

En el Capítulo Sexto versan los derechos a la educación, interculturalidad y derechos culturales: el derecho a la educación, el derecho a la educación superior, el derecho a las culturas, el derecho a la ciencia, tecnología e investigación, el derecho al deporte y recreación; y en el Capítulo Séptimo se consagra el derecho a la comunicación social.

Presupuestos y garantías

Es importante determinar que, con relación a la concreción material de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos colectivos o de los pueblos, no depende su realización únicamente de su reconocimiento normativo-constitucional, sino principalmente de la adopción de políticas legislativas, administrativas, jurisdiccionales para su efectiva materialización y que, en este sentido, requerirán de un presupuesto designado por parte del Estado.

Por otro lado, nuestra Constitución incorpora el reconocimiento de las garantías constitucionales como instrumentos de defensa de los derechos, cuando éstos se encuentren amenazados o efectivamente vulnerados. Así, nuestra ley fundamental regula garantías constitucionales no solo para los derechos individuales, sino para el respeto de los derechos colectivos, como la acción popular. Las garantías jurisdiccionales, se refieren al Principio de Igualdad, imprescriptibilidad de delitos graves, obligación de reparación, debido proceso y otros. Se reconoce las acciones de defensa como la Acción de Libertad, Amparo Constitucional, Acción de Protección de Privacidad, Acción de Inconstitucionalidad, Acción de Cumplimiento y Acción Popular.

Finalmente, nuestra Constitución boliviana establece, en cuanto al reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos a través de sus artículos 256, parágrafos I y II, y 410, parágrafo II, la siguiente regulación:

“I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.

“II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

Es abogada constitucionalista.

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