La Gaceta Jurídica

Protección contra avasallamientos

Queda pendiente si será efectiva en casos que son menos atendidos por las instancias legales y por el Ministerio Público como son los avasallamientos de neocolonizadores llamados “interculturales” en territorios indígenas de tierras bajas y en áreas protegidas por el Estado por su importancia ecológica…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 07 de enero de 2014

Entre varios, uno de los temas que ha sido calificado como elemento de presunta inseguridad jurídica en el país es el de los avasallamientos de tierras y minas, protagonizados por comunarios buscando recuperar su derecho propietario ancestral y por loteadores o colonizadores en busca de beneficios particulares.

En todo caso, los argumentos para actuar de manera avasalladora pueden ser varios y, seguramente, en diversos casos valederos, sin embargo, constituyen una irregularidad hasta que puedan ser dilucidados en los tribunales.

De hecho, y por las circunstancias de abandono o de desprotección en las que se encuentran muchas propiedades agrícolas en el país, es posible que los avasallamientos continúen, por lo que el Estado ahora cuenta con un mecanismo legal que previene este tipo de prácticas que utilizan diversas justificaciones.

De este modo (desde luego muy aparte del tema de los avasallamientos de minas) el Gobierno promulgó el 30 de diciembre de 2013 la Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, que instaura condenas de tres a ocho años de cárcel.

El artículo 1 de la medida señala que el objetivo es “establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”.

Asimismo, en su artículo 8 la nueva norma incorpora en el Código Penal tres artículos.

Ellos tipifican el tráfico de tierras como el hecho de que por sí o por tercera persona se arriende, negocie o se efectúe compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad o sean bienes públicos o de patrimonio del Estado.

Este delito será sancionado con tres a ocho años de privación de libertad, pena similar al delito de avasallamiento, que se encuentra definido como la invasión u ocupación de hecho de tierras.

Un agravante de la condena hasta en un tercio será el conocimiento de que la persona o personas involucradas en el tráfico o avasallamiento son servidoras y servidores públicos, “en especial aquellos de entidades relacionadas con el acceso a la tierra rural y urbana (…) o el delito afecte a las áreas productivas urbanas o rurales, zonas de recarga hídrica, servidumbres ecológicas, franjas de seguridad y otras áreas con protección legal”.

También se establece los plazos para la denuncia y la actuación policial en caso de que el o los avasalladores no dejen los predios de manera voluntaria en determinado tiempo.

En todo caso, tomando en cuenta datos como el del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (ibce), que señala que más de 70 predios agroproductivos fueron avasallados y dañados materialmente en Santa Cruz y de otra fuentes en otras regiones, la norma se constituye en importante para la protección de tierras, sin embargo, queda pendiente si será efectiva en casos que son menos atendidos por las instancias legales y por el Ministerio Público como son los avasallamientos de neocolonizadores llamados “interculturales” en territorios indígenas de tierras bajas y en áreas protegidas por el Estado por su importancia ecológica, de riqueza de flora y fauna e interés turístico.

Esto mismo deberá ser sopesado en casos que también pueden reducir su efectividad bajo intereses político sectoriales.

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