La Gaceta Jurídica

Protección del derecho al agua en la jurisprudencia constitucional

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 15 de abril de 2014

El Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, es un acontecimiento que se difunde ampliamente en Bolivia y en el resto del mundo. Tal es así que, este año, la Organización de las Naciones Unidas (onu) –en estrecha colaboración con sus Estados miembros y otras partes interesadas– hizo énfasis en el nexo “agua-energía”, abordando, en particular, las desigualdades, en especial para una gran parte de la población que vive en barrios marginales y zonas rurales empobrecidas sin acceso al agua potable, al saneamiento adecuado, alimentos suficientes y los servicios energéticos (1).

Por su parte, el Secretario General de la onu, en su mensaje respectivo, hizo énfasis sobre su importancia al señalar: “En el Día Mundial del Agua, comprometámonos a crear las políticas necesarias para garantizar que el agua y las energías sostenibles estén al alcance de todos y no solo de unos pocos”. Y es que también en esta materia se hace necesaria una distribución equitativa para todos los habitantes del mundo.

Además, es importante tener presente que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución A/RES/64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el “derecho humano al agua y al saneamiento”, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los que están en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de las Naciones Unidas, adoptó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, que en su artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. Esta observación también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Estos antecedentes internacionales muestran la capital importancia que tiene el derecho al agua y la necesidad de su protección a nivel mundial por tratarse de un elemento vital para toda la humanidad. En el caso de Bolivia, la importancia que la Constitución vigente le otorga al agua se visualiza desde el Preámbulo, cuando establece que la búsqueda del “vivir bien” implica el acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos, basados en los principios de respeto e igualdad entre todos, soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0052/2012 de 5 de abril ha señalado que “el derecho al agua tiene una doble dimensión constitucional, tanto como un derecho individual fundamental, como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo, que está reconocido en el texto constitucional como en instrumentos internacionales, cuya tutela y protección no debe responder a una visión antropocentrista y excluyente; en este sentido, por la naturaleza de este derecho en su ejercicio individual, no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de hecho en su uso racional como bien escaso por grupo social alguno –sea una comunidad campesina o sea una colectividad diferente– ni tampoco por persona particular”.

Entonces, el derecho al agua está reconocido por la Constitución Política del Estado (cpe) como un derecho fundamental y fundamentalísimo, pero en diferentes dimensiones:

A) El derecho fundamental al agua se constituye en un derecho autónomo que, vinculado al derecho de acceso a los servicios básicos, permite la configuración del derecho de acceso al agua potable (preámbulo y artículo 20.I y III de la cpe), que puede vincularse o relacionarse de acuerdo al caso concreto por el principio de interdependencia (art. 13.I de la cpe) al derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación adecuados, entre otros derechos individuales que tengan que ver con un nivel de vida adecuado y digno, lo que la Constitución denomina “vivir bien” como finalidad del Estado (preámbulo y art. 8.II de la cpe) o lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama el derecho al acceso a una existencia digna.

En este contexto, se debe precisar que existen dos vías de protección del derecho al agua potable en Bolivia:

1. Cuando se busca la protección del derecho al agua potable como derecho subjetivo y, por tanto, su exigibilidad depende del titular o titulares individualmente considerados; en estos casos, la tutela debe efectuarse necesariamente a través de la Acción de Amparo Constitucional; así, la SC 0014/2007-R de 11 de enero (corte de agua potable por sindicato campesino por no participar en las labores de la comunidad), SC 0562/2007-R de 5 de julio (corte de agua por el propietario, porque su inquilino no pagó el alquiler), SC 0470/2003-R de 9 de abril (corte de agua por decisión de cabildo abierto para que se suscriban acuerdos) y SC 0797/2007-R de 2 de octubre (corte de agua por empresas de servicios proveedoras), entre muchas otras.

2. Cuando se busca la protección del derecho al agua potable en su dimensión colectiva, es decir, para una población o colectividad, se activa la Acción Popular en razón a que el agua y los servicios básicos de agua potable (art. 20.I de la cpe) deben ser accesibles a todos, con mayor razón a los sectores más vulnerables, marginados y desprotegidos de la población, sin discriminación alguna (art. 14.II de la cpe), por ejemplo, las poblaciones rurales, campesinas y zonas de naciones y pueblos indígena originario campesinos.

En este ámbito puede protegerse a las colectividades de la discriminación en el acceso al agua potable en su dimensión colectiva, entendiendo por discriminación toda distinción, exclusión o restricción hecha en razón de características específicas de la persona, como la raza, religión, edad o sexo y que tiene por finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales (art. 14.II de la cpe).

La discriminación en el acceso al agua potable puede producirse a través de políticas públicas o medidas y actos discriminatorios y excluyentes.

B) El derecho fundamentalísimo al agua como derecho autónomo está íntimamente relacionado al derecho al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado (preámbulo y art. 33 de la cpe), en razón a que la protección de este último derecho implica, a su vez, la protección, conservación, preservación, restauración, uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos (arts. 373 y ss. de la cpe), así como de los ecosistemas asociados a ellos, sujetos a los principios de soberanía, solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad (art. 373.I in fine de la cpe) y al configurarse como derecho difuso se tutela mediante la Acción Popular de acuerdo a lo establecido por el artículo 34 de la cpe; por lo que, en este contexto, para activar la Acción Popular no se requiere formar o integrar un colectivo específico, conforme se determinó en la SC 1018/2011-R de 22 de junio (2).

Notas

1. Información disponible en: http://www.un.org/es/events/waterday

2. Este desarrollo jurisprudencial corresponde a la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0176/2012, de 14 de mayo de 2012.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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