La Gaceta Jurídica

Protección a pacientes

El Estado debe incidir en este tema de protección a la ciudadanía, debido a que las personas que son pacientes en los centros de salud son también compradores de todo tipo de artículos y usuarios de otros servicios. En este sentido, la legislación para proteger a los consumidores está dispersa y en discusión…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 12 de febrero de 2013

Hace algunos días que en Trinidad, capital de Beni, fueron inauguradas las delegaciones para defender a los pacientes en dos hospitales públicos, con el objetivo de “promover la vigencia del derecho a la salud y garantizar que los usuarios reciban una atención eficiente”.  Las flamantes oficinas del Defensor del Paciente funcionan en los hospitales Materno Infantil Boliviano Japonés y Presidente Germán Busch, donde los directores de estas instituciones, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y Defensor del Pueblo firmaron los respectivos convenios.

Conforme a este mismo plan, anteriormente fueron instaladas oficinas equivalentes en Tarija y Pando, pues, según dijo el defensor Rolando Villena, “la Defensoría del Pueblo se ha propuesto impulsar la creación e implementación de las oficinas del Defensor del Paciente en hospitales públicos, donde se pueda orientar, informar y solucionar reclamos, además de viabilizar mejoras en la relación personal médico y usuarios, la calidad en el servicio que prestan y evitar la vulneración al derecho a la salud”.

Al respecto, cabe señalar que la iniciativa es por demás destacable e trascendental debido a la importancia de los servicios médicos para la población, tomando en cuenta que la atención de salud es un derecho constitucional que debe ser prestado en buenas condiciones. La trascendencia se hace mayor cuando, habitualmente, la atención a los pacientes ha sido criticada por la falta de consideración, mala educación y negligencia de los funcionarios y funcionarias, además de la falta de insumos e infraestructura para muchos casos.

Esta labor ha sido iniciada en los hospitales públicos, pero se trata de una misión que debe ser extendida a las varias cajas de seguro que funcionan en Bolivia, seguramente con la posibilidad de que esto sea ampliado a los centros de salud privados que, si bien cuentan con regulaciones estatales, estás no son muy efectivas en diversos niveles. Asimismo, las gobernaciones, ahora otra vez encargadas de administrar los servicios de salud, deben coadyuvar y sumarse a este plan de la Defensoría y cumplir las leyes que les otorgan deberes y responsabilidades al respecto.

Por otra parte, el Estado debe incidir en este tema de protección a la ciudadanía, debido a que las personas que son pacientes en los centros de salud son también compradores de todo tipo de artículos y usuarios de otros servicios. En este sentido, la legislación para proteger a los consumidores está dispersa y en discusión, mientras que la población es aún víctima de comerciantes, empresas de servicios y servidores de todo ámbito.

Como ejemplos se puede señalar que las oficinas del consumidor (odeco) que funcionan en varias instancias públicas y privadas son dependientes de éstas, por lo que se han convertido en centros de relaciones públicas que, con buena educación, se ocupan de interceder y convencer al usuario y poco de corregir los problemas. De igual modo, el comercio, en especial el de contrabando, al que recurre la población en especial para la compra de electrónicos y electrodomésticos, se encuentra plagado de mala atención, engaños y estafas que no son controladas y cuyas denuncias caen en saco roto. En resumen, la defensa de la población como usuario, comprador, paciente o educando permanece deficiente y las valiosas acciones en relación son todavía ínfimas.    

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