La Gaceta Jurídica

Protección a testigos, víctimas y servidoras y servidores públicos

Una tarea pendiente

La protección de testigos y víctimas, además, puede ser un hecho traumante.

La protección de testigos y víctimas, además, puede ser un hecho traumante. Foto: fusion-freak.com

La Gaceta Jurídica / Jorge Olivera García

00:00 / 31 de mayo de 2013

Podríamos entender que la protección de testigos y victimas es aquella tutela que el Estado y las leyes, a través de sus instituciones, brindan a aquellas personas que van a colaborar con la administración de justicia y que corren peligro de sufrir amenazas o algún daño provocado.

Los tratados internacionales, por ejemplo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (cadh) o “Pacto San José de Costa Rica”, mencionan que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y, en Bolivia, la Constitución Política del Estado (cpe), en su artículo 15 parágrafo I, reconoce que todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psicológica; en este sentido, es un deber del Estado dar protección a estos sujetos procesales que van a intervenir directamente en una causa y que muchas veces su testimonio es fundamental para esclarecer casos.

Históricamente, en nuestra legislación, la protección a testigos y víctimas no había sido incluida, encontrándose así un vacío jurídico e indicios de que en alguna medida se trataba de proteger principalmente a la víctima; pero, en sí, no existía una norma que tenga como objeto garantizar la seguridad de los testigos y víctimas; por otra parte, la poca observancia para este tema es deficiente hasta la actualidad, ya que no se establece parámetros ni una reglamentación que se aplique como protección.

Hablar sobre el régimen de protección a testigos y peritos en la legislación boliviana resulta difícil, debido a que en nuestro país no se había desarrollado una normativa en ese sentido, aunque existía la necesidad de implementarla por el aumento en los delitos graves y el temor a las consecuencias que podría traer declarar o efectuar dictámenes en contra de los presuntos delincuentes.

De este modo, ante la ausencia de un régimen regulatorio, el juzgador debía implementar medidas de protección circunstanciales a discreción para testigos y  víctimas cuando se encontraban en inminente peligro y para garantizar la efectividad de la prueba en el proceso judicial en contra del delincuente. 

A partir del aumento incontrolable que tiene la delincuencia en todos sus géneros en los últimos años, con el resultado, en muchos casos, ineficaz de la captura y procesamiento del sospechoso por la medida en que el proceso penal desarrolla sus diferentes etapas, resalta a la vista la falta de pruebas para esclarecer los hechos.

Tal ausencia es consecuencia, cuando se trata de la prueba testimonial, del temor manifiesto del testigo para rendir su declaración, pues la falta de garantías de protección reales y efectivas que salvaguarden la integridad física y psicológica del testigo y de su grupo familiar es una realidad.

Con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, nuestra normativa incluye específicamente la protección a víctimas, testigos y servidoras y servidores públicos, plasmado en su artículo 11 que menciona:“El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e instituciones públicas, protegerá a las personas que, por colaborar con la administración de justicia, corran peligro de sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidoras o servidores”.

A pesar de que en nuestro país, a través de esta nueva ley y este nuevo artículo, se ha establecido el marco normativo legal, no se ha considerado así una reglamentación para desarrollar el régimen de protección para testigos y víctimas plenamente, ya que en la legislación sólo encontramos ese artículo que menciona y hace referencia a esta temática.

En las legislaciones de ciertos países esta temática es una novedad, pero en otros el aspecto de la protección a testigos y víctimas ya está muy desarrollado; un claro ejemplo al cual podemos referirnos es la legislación argentina, su Código Procesal Penal de la Nación, en su Ley 23.984, establece que las medidas de protección serán sufragadas por el Estado, además que, en el caso de adultos mayores, mujeres embarazadas o enfermos graves, la autoridad se traslada a la residencia del testigo, otro aspecto que menciona es que estas medidas únicamente pueden ser otorgadas por el Órgano Judicial.

Así  también, la Ley Orgánica Española 19/1994, que ha implementado esta temática específicamente en la materia de drogas, brinda la protección a estos sujetos procesales; asimismo, en casos de gravedad aplicará medidas tales como el otorgamiento de una nueva identidad o el de proporcionar medios económicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo.

Estas legislaciones pueden brindar parámetros que podemos considerar como punto de partida para, posteriormente, crear una normativa que sea efectiva y que se adecue a la realidad social de nuestro Estado.

Es cierto que nos falta mucho por desarrollar en esta temática y establecer de una forma más constante el otorgamiento de las medidas de protección, lo que significa que, hasta que tengamos una normativa aplicable y precisa, nuestra sociedad seguirá teniendo casos lamentables en que los delincuentes, después de ser capturados, salen en libertad porque los testigos de cargo desaparecieron por temor a ser reconocidos por éstos o sus familiares, debido a que corren el riesgo de perder, inclusive, la vida o de uno de sus familiares.

Es tesista de la carrera de Derecho de Unifranz La Paz.

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