La Gaceta Jurídica

Proyecto del Ministerio Público en la Asamblea Legislativa

Las comisiones de Justicia Plural de las cámaras de Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa concluyeron la etapa de socialización del proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público; luego empezará su tratamiento, mientras la oposición cuestiona el contenido de este documento por ser “penalista y contradictorio” al no preservar el estado de derecho planteado en la CPE.

Soriano (izquierda) en una sesión de comisión y Reyes en una presentación ante los medios.

Soriano (izquierda) en una sesión de comisión y Reyes en una presentación ante los medios. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 15 de abril de 2012

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Sandra Soriano, informó que la socialización del proyecto del Ministerio Público recogió sugerencias referidas a la capacitación y selección de altas autoridades y abogados en la carrera fiscal, pensando en una mayor cobertura en el área rural, además esto sería tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) la próxima semana.

“La propuesta se habría realizado con más de una veintena de organizaciones sociales y civiles que fueron invitadas para escuchar criticas, sugerencias y experticias para enriquecer la propuesta del proyecto”. 

En este sentido la senadora Soriano afirmó que la lucha contra el crimen y la delincuencia, además de ser una obligación de organismos del Estado, como la policía y  Fiscalía, es también responsabilidad de la sociedad.

Observaciones de la oposición

Sin embargo, la diputada Elizabeth Reyes Limpias de Unidad Nacional (un), argumentó que el proyecto no cuenta con un diseño institucional que defienda la legalidad y los intereses generales de la sociedad, que ejerza la acción penal pública y preserve el estado de derecho como manda la Constitución Política del Estrado (cpe) en su artículo 225, respecto a la función del Ministerio.

Por ello, asevera que el esquema que planificó el gobierno del proyecto es insuficiente y reconcentrado, porque se enmarca en la materia penal y no así en la defensa de los intereses de la sociedad, por lo tanto, no es coherente con la cpe.

Otra incoherencia que señala la oposición es que no da cumplimiento por resoluciones y disposiciones emanadas desde el Defensor de Pueblo cuando se inicien procesos penales por violación a los derechos humanos (cpe, artículo 222, numeral 3).

Omisiones de las disposiciones generales

La asambleísta dijo que las omisiones se manifiestan cuando las obligaciones de los fiscales de materia tendrían que elevar informes circunstanciales al Fiscal Departamental de Distrito, en casos de injerencia por parte de funcionarios de los órganos Legislativo y Ejecutivo y presentar querella contra los presuntos responsables por el delito de abuso de poder.

“Gozarían de obligatoriedad para iniciar de oficio un proceso ante cualquier intromisión de abuso de poder en sus funciones con el fin darles un instrumento político que les permita liberar de la influencia partidaria o de otro poder”. Por lo tanto, la tipificación del delito de “abuso de poder” sería sancionado con la pena privativa de libertad no menor a 10 años, cuando funcionarios del órgano Legislativo y Ejecutivo de manera directa o través de otra persona, pretenda influir en las determinaciones del Ministerio Público, añadió la opositora.

Organización jerárquica

La organización jerárquica en la estructura del diseño no garantiza autonomía y mejor manejo de la justicia, adaptándose a las necesidades del mundo moderno. En el esquema multifuncional propuesto por el proyecto debería ser diferente con el Fiscal General del Estado, fiscales superiores, fiscales departamentales y fiscales de Materia.

Los fiscales superiores tendrían que formar parte del Consejo Consultivo, que, además de las atribuciones señaladas por la Ley Ministerio Público, deberían formular ternas para que el Fiscal General designe a los Fiscales Departamentales y actuar como Tribunal Disciplinario de instancia para el procesamiento de los mismos, aseveró la parlamentaria.

Designación Fiscal General    

En el proyecto, las designaciones no determinan los parámetros y proceso e idoneidad técnica, es decir, como hacer la designación. Plantea Reyes que haya una elaboración al interior de la Asamblea Legislativa, un proceso y difusión respaldado de Reglamento Legislativo de Designación meritocrática, con lo que en este momento el órgano no cuenta.

“Postulaciones amplias, individuales e institucionales con la finalidad de abrir la participación de la sociedad civil, pero es muy difícil cuando ya se ha definido todo el manejo institucional y se le dice a la sociedad ‘te vamos abrir la puerta para que como organización social venga a ver cómo estamos haciendo’, pero nosotros ya hemos designado sin ninguna garantía constitucional”.

Planteó la diputada Reyes que  la evaluación de méritos debería estar a cargo de un directorio de docentes de las áreas constitucional, penal y administrativa acreditadas por las universidades públicas y privadas del país, personalidades de derechos humanos, garantizando que vienen siendo evaluados por personal técnico. 

Luego los postulantes con mayor puntuación pasarían a la fase de preselección en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa por separado, siendo preseleccionados aquellos que hubieron obtenido 2/3 (dos tercios) de votos de los legisladores presentes en la votación de cada una de las cámaras y sería elegido como Fiscal General quien  hubiera obtenido una confirmación parlamentaria de los dos tercios.

“Se requiere un reglamento al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice que las instancias que promuevan a los candidatos y evaluarlas no sean solo las políticas, por que la politización se inicia cuando se llama a la inscripción en una Comisión de la Asamblea y quiénes evalúan a los postulantes son diputados de mencionada repartición y quiénes deciden los diputados y senadores”.

Designación de otros fiscales

La Ley del Ministerio Público (lmp) no establece cómo se designará a los fiscales superiores, tomando en cuenta que la propuesta de rediseñó, éstos pertenecen a una jerarquía superior del Ministerio Público. El Fiscal General mediante convocatoria pública y calificación de capacitación profesional y méritos, pero ¿cómo se garantiza la independencia e idoneidad en la designación de estos fiscales?, afirmó Reyes.

La lmp en el artículo 39 establece que los fiscales de materia serán designados de conformidad a las normas de la carrera fiscal, pero debería precisarse el ingreso a la carrera fiscal a través de exámenes de competencia preparados por personal de las universidades públicas, previo curso de capacitación para abogados.

Atribuciones

Según la congresista, debería rediseñarse las atribuciones en función al perfil jerárquico de cada cargo. El Fiscal General con la definición de las políticas generales del Ministerio Público y la adopción de las decisiones más importantes.

A los fiscales superiores les corresponderá definir las políticas sectoriales para cada ámbito de actuación en el Ministerio Público, asesorar al Fiscal General y Tribunal Disciplinario para procesamiento de los fiscales departamentales, explicó. En cuanto a los fiscales departamentales, éstos serían los gestores o agentes de las políticas generales y sectoriales en su respectiva circunscripción territorial y supervisores jerárquicos de los fiscales de materia.

Por último, dijo que los fiscales de materia son operadores o ejecutores de las políticas generales y sectoriales por especialidad en los distintos casos.

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