La Gaceta Jurídica

Proyecto ambicioso, limitado por brechas y ambigüedad

Debate

La Gaceta Jurídica / Morgan Benhaim

00:00 / 06 de septiembre de 2013

El comercio de bienes de consumo está regulado internacionalmente y cuidadosamente controlado, pero el comercio mundial de armas y municiones no, ni lo ha estado históricamente. En la actualidad no hay criterio jurídicamente vinculante, fuerte y aplicable de manera universal que regule las transferencias de armas convencionales a través del mundo.

Este vacío legal aparece como una aberración, sabiendo que sólo las armas pequeñas y armas ligeras matan cada año más que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce), este tipo de armas es responsable del 90% de los asesinatos u homicidios en el planeta, de los cuales 80% es contra civiles.

El objetivo del Tratado sobre el Comercio de Armas (tca) es subsanar la falta de regulación mundial en el tema, creando un instrumento jurídicamente vinculante que obligue a los Estados a evaluar los riesgos asociados a las posibles consecuencias negativas de las transferencias de armas.

Pero los intereses han sido distintos según los países, y hasta contrapuestos en varios casos, por lo que el Tratado es el resultado de una confrontación de años donde cada Estado intentó no perder ventajas o adquirir nuevas con el instrumento internacional.

La discusión del tca se impulsó con el apoyo de la sociedad civil y de las ong, pero se inició con el soporte de pesos pesados en materia de producción y exportación de armas, Estados Unidos y países de la Unión Europea.

En relación al proceso de aprobación del Tratado, en la Asamblea General de la onu cada país tiene un voto; pero el funcionamiento no es igualitario porque algunos tienen más influencia que otros. Para que el Tratado sea útil y eficiente tiene que ser aprobado por los países grandes exportadores de armas.

Como presión, si el Tratado no conviene a sus exigencias, no lo van a firmar. Es un conflicto de intereses muy fuerte, los países que producen y exportan armas ganando sumas colosales con este negocio muy oscuro son los que tienen mayor influencia sobre la orientación final del Tratado.

A pesar de esta constatación, el tca es un primer paso en dirección a una regulación de uno de los principales factores de los conflictos: la venta de armas. Asimismo, los países exportadores de éstas son, en su totalidad, miembros del Consejo de Seguridad de la onu, más Alemania (según la Stockholm International Peace Rese- arch Institute (Sipri), éstos concentran el 74% de las exportaciones de armas del mundo), pero no pudieron imponer todos sus deseos en el Tratado y tuvieron, en una decisión sin precedentes, que aceptar algunos compromisos.

Por ejemplo, gracias a la inflexibilidad de países africanos opuestos al gobierno Chino y estadounidense (presionado por los poderosos lobbies de las armas, como la National Rifle Association), entre otros, se logró que las armas pequeñas y ligeras (que producen 500.000 muertos por año, según la Osce) sean explícitamente mencionadas en el campo de aplicación del Tratado.

El Tratado, artículo 6, prohíbe cualquier transferencia que viole un embargo o vaya en contra de las obligaciones de acuerdos internacionales de los que el Estado exportador es signatario. Prohíbe las transferencias de armas sólo “si hay riesgo manifiesto” contra la paz y la seguridad o puedan ser utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional humanitario, derechos humanos o convenios internacionales.

El Tratado abre la puerta a interpretaciones sin control. Los Estados tendrán posibilidad de esquivar el convenio argumentando el derecho a la legítima defensa, reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, o apelar al riesgo de terrorismo para justificar armas de exportación.

Los autores del Tratado se quedan a mitad de camino, centrándose en el tráfico ilícito en lugar de limitar severamente el comercio “legal”, respondiendo a los deseos de los principales países exportadores, por lo que el objetivo principal parece ser limitar la competencia desleal mediante la imposición de normas más estrictas a los competidores del sur, del este de Europa y de Asia; pero no para reducir el enorme flujo de armas que alimentan conflictos y la creciente inestabilidad de las sociedades.

Dentro de sus criterios de evaluación antes de cualquier transferencia, el tca omite totalmente los efectos nefastos que puede tener la compra de armas sobre el desarrollo de los derechos económicos y sociales. Esta falta aparece como violación grave a esta “regla de oro” exigida por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) u Oxfam.

En la falta de obligación de transparencia o exclusión de los acuerdos de cooperación entre dos Estados, el Tratado no cumple los desafíos iniciales. Si dos Estados tienen un acuerdo de cooperación en materia de defensa, el Tratado no sirve. Asimismo, el texto final subraya que los principales países exportadores no están dispuestos a reducir la cantidad de armas en circulación.

Desde el fin de la guerra fría los conflictos entre Estados han disminuido en beneficio de los internos, lo que explica el surgimiento de grupos armados no estatales, rebeldes, movimientos de liberación nacional, grupos paramilitares o milicias. Sin embargo, ninguna referencia aparece en el Tratado, esto significa que el negocio de armas con ellos no está prohibido de manera explícita.

El tca aparece también insuficiente en su ámbito de aplicación cuando ignora el material policial y de seguridad, las nuevas armas (drones, robots), productos de doble uso (tecnologías para fines civiles o militares). Tampoco aparece alguna mención sobre el préstamo, donación o intercambio de armas. Municiones, piezas y componentes no forman parte del campo de aplicación del tca y no fueron sometidos a un proceso de reglamentación estricto.

La vida útil de las armas modernas puede ser larga y para su mantenimiento se necesita piezas y componentes. La capacidad militar de un país puede ser limitada sin el acceso a piezas de repuesto. Por ejemplo, el régimen de Muammar Kadhafi, en razón de sanciones internacionales, no pudo importar piezas ni componentes en 2011, la Jamahiriya árabe de Libia disponía en teoría de 374 aviones de combate, pero la mayoría estaba fuera de servicio, limitando la capacidad de organizar operaciones aéreas. Muchas armas, especialmente en África, son enviadas como repuestos y luego ensambladas, hecho que estaría fuera del Tratado.

Una vez más, los países exportadores consiguieron que el Tratado no sea demasiado vinculante para no frenar el lucrativo negocio. Como sucede hoy, el Tratado puede ser esquivado y hay pocas esperanzas para que tenga real impacto sobre los conflictos y la protección de civiles.

El Observatorio del Armamento (ong francesa de peritaje y de información sobre armamento) preconiza la creación de un organismo internacional e independiente de control (que podría ser coordinado por la onu) capaz de prohibir toda transferencia si le parece necesario. Esto es todavía una utopía.

De manera menos ambiciosa pero más verosímil, el Tratado podrá ser enmendado seis años después de su entrada en vigor. Podemos esperar que en el futuro los países firmantes lo fortalezcan para volverlo vinculante y que ofrezca protección digna a los civiles.

Según Verena Haan, especialista en cuestiones de armamento de AI, hay buenas probabilidades de que el Tratado no sea operativo antes de dos años, porque no existen las 50 ratificaciones para su entrada en vigor; mientras tanto, y contrariamente a las poblaciones civiles víctimas de conflictos y violencia armada, los grandes grupos industriales de armamento, políticos de ética limitada y señores de la guerra siguen tranquilos porque el negocio continúa.

Tomado de: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (inredh.org)

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