La Gaceta Jurídica

Publicidad periodística de los procesos penales en Costa Rica

(Parte I)

Foto: nomikazab.blogspot.com

Foto: nomikazab.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Luis Sáenz Zumbado

00:00 / 06 de julio de 2012

Periodismo y procesos judiciales

Considerados puntos neurálgicos para la venta de noticias, los procesos penales se muestran cada día más como un centro de atracción de la actividad periodística.El inicio de la investigación, la definición de la situación legal de los imputados y los autos de elevación a juicio, así como la fijación de las fechas de los debates, son aspectos que atraen a los periodistas.

Hoy es común observar a los informadores en los pasillos de las salas de debate y en los juzgados de instrucción en busca de informaciones que, desde su punto de vista, son de interés para la población y deben, por lo tanto, ser difundidas (1).

Como consecuencia de ello, los reporteros han sido acusados, en múltiples oportunidades, de incursionar indebidamente en los juicios penales, al extremo de invadir el expediente judicial en busca de elementos relacionados con las declaraciones de los indiciados, las pruebas recolectadas por la policía y todo aquello que pueda convertir “en atractiva” la noticia.

Imágenes y nombres de los imputados llenan los espacios informativos de los medios noticiosos en una realidad cotidiana que es defendida por unos, los periodistas, y atacada por otros, los abogados.

Aunque distintas normas legales protegen la imagen de las personas (2), así como el secreto del sumario de instrucción (3), los periodistas acostumbran a publicar, un día sí y otro también, detalles propios de los procesos penales.

Los juicios penales no han podido escapar, a pesar del recelo de la ley y de los jueces, a las miradas incisivas de los periodistas, movidos, según sus palabras, por el derecho de la población a estar informada y por un invocado “interés público”.

Agrupadas en las denominadas páginas “policiales” o “judiciales”, esas informaciones pretenden transmitir al público un desarrollo pormenorizado de los juicios.La mayoría de las veces, sin embargo, esas informaciones parecieran incursionar en campos que, según quienes se oponen a la publicidad periodística de los procesos penales, deberían estar vedadas a la mirada indiscreta de todo extraño al juicio, en razón de las garantías de defensa del imputado y el principio de presunción de inocencia que rodea a todo proceso penal (4).

La vinculación de una persona a una acción delictiva tiene un carácter dañino para su personalidad e imagen, como consecuencia del estigma que conlleva en la sociedad todo lo vinculado con la represión del delito.

Por ello, pareciera absolutamente razonable que los medios de información no deberían, sólo en caso de evidente interés público, difundir imágenes y nombres de personas involucradas en una acción ilícita.

Aunque las investigaciones son mínimas, los periodistas saben, por experiencia, que la aparición de un nombre y una fotografía en una página “policial” o “judicial” sólo ayuda a consolidar los estigmas sociales contra las personas involucradas en los procesos.

Lejos de ayudar al imputado para que su juicio se desarrolle dentro de los cauces el debido proceso, se dice que la publicidad periodística se constituye en un elemento distorsionador, en la medida en que condiciona el ánimo de la población y, se quiera o no, influye en los puntos de vista de los jueces (5).

Dos derechos constitucionales

Es evidente que la cobertura informativa de los procesos judiciales plantea en apariencia un conflicto para el derecho penal y para el ejercicio del periodismo que no puede, de ninguna manera, ser resuelto con la descalificación de una actividad sobre la otra.

La publicidad periodística, o sea el ejercicio del periodismo profesional, no debería constituirse en un obstáculo para el desarrollo de procesos judiciales justos, enmarcados en el debido proceso, y respetuosos de los derechos humanos.

Los procesos penales tampoco deberían ser un límite para el ejercicio el periodismo, entendido como la práctica profesional dirigida a informar a la población de aquellos asuntos que le son de absoluto interés, pues su conocimiento entraña un beneficio y su no difusión un perjuicio.

Existen sectores en la prensa que se oponen a toda restricción al derecho de informar a la población sobre los procesos penales y, en tal sentido, estiman que todo aspecto del proceso, tanto en la etapa de instrucción formal como en el debate, debe ser objeto de difusión (6).

En apoyo a su tesis, esos sectores, en especial los periodistas, sostienen que el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Costa Rica consagra un derecho absoluto a publicar sin censura previa (7).

Quienes se oponen a tal argumento, entre ellos importantes grupos de abogados y funcionarios judiciales, sostienen que la publicidad periodística es perjudicial para el imputado, en la medida en que daña su imagen y prestigio, al presentarlo como un sujeto contrario al orden social y viola el principio constitucional de presunción de inocencia (8).

Por constituir ambos derechos bienes jurídicos tutelados es válido, sin lugar a dudas, preguntarse ¿cuál debe prevalecer sobre el otro?

Quizá sería importante precisar que en la doctrina constitucional se acepta hoy que ningún derecho o libertad es absoluta y su ejercicio por parte de un individuo encuentra un límite en el ejercicio de los derechos y libertades de sus semejantes (9).

En Europa Occidental y en América Latina el conflicto ha recibido varias respuestas. En algunos sectores de la doctrina española y latinoamericana la aparente pugna de derechos constitucionales se ha resuelto con la vigencia siempre de los llamados derechos sociales, entre ellos la información sobre los derechos individuales, como el honor y el principio de presunción de inocencia.

De acuerdo con este principio, el derecho a la información, entendido como un derecho dual (10), debería prevalecer siempre que entre en colisión con derechos individuales, por entender que el primero tiene un rango social.

La solución, sin embargo, parece ser muy simple porque, como se reconoce en la doctrina jurídica, la información no constituye una licencia de inmunidad para incursionar en esferas propias de las personas que carecen de relevancia para la vida en comunidad.

En el prolongado debate, algunos sectores se han pronunciado a favor del derecho de la información (11), por estimar que es un derecho social, en tanto otros se inclinan por el derecho individual en la medida en que no exista un evidente interés público de por medio (12).

De acuerdo con el primer concepto, el profesional puede informar de todo y sobre todo, aunque lesione cualquier otro bien jurídico, a condición de que la información sea verdadera y esté de por medio un evidente interés público (13).

Al lado de esos planteamientos se ha esbozado, en especial en Italia y España, la llamada “teoría de los límites” que, en lo fundamental, dice que la información encuentra limitaciones en otros bienes jurídicos (14).

Según este planteamiento, la información es un derecho dual, tutelado constitucionalmente, que encuentra límites en otros bienes jurídicos también protegidos por el ordenamiento, como el honor, la intimidad, la vida privada, la imagen y el nombre de las personas.

Soria rechaza la “teoría de los límites” por considerarla “unilateral y simplista” y por entender que la información es un derecho que no siempre debería ceder ante el honor, la intimidad, la vida privada y la imagen (15).

Según su punto de vista, la información debería prevalecer sobre otros bienes jurídicos en la medida en que se justifique en la verdad y en un interés público. En este caso, prevalecería el derecho social sobre el derecho individual.

La lesión de un bien jurídico

La presunción de inocencia supone una garantía para el imputado en un proceso penal de que no será considerado culpable por el hecho ilícito que se le atribuye, en tanto un tribunal, legalmente constituido, no lo afirme en una sentencia firme.

Esto quiere decir que el indiciado es frente a la comunidad un inocente a quien, por distintas razones, los cuerpos represivos del Estado someten a investigación y a proceso.

De ninguna manera, por lo tanto, esa persona debe ser considerada culpable. Una presunción distinta constituye una violación a esa garantía, tutelada en la Constitución Política y en el Código de Procedimientos Penales, y podría devenir, eventualmente, en una ofensa a su honor.

Algunos sectores de la doctrina estiman que la difusión de la imagen y el nombre de las personas involucradas en los procesos penales constituye una vulneración a este principio, en la medida en que la vinculación constituye un estigma social muy difícil de borrar. Se acusa a los medios de prensa de dar una marcada publicidad al inicio de los procesos y a dejar de lado, por su poco atractivo, las sentencias que declaran la inocencia de los implicados.

Caso aparte constituyen, sin lugar a dudas, los malos manejos del idioma cuando se presenta a un indiciado como autor del ilícito. En estos casos, es posible que el periodista pueda enfrentar un proceso penal por un delito contra el honor. La prensa debería, en términos generales, observar rigurosamente el principio de presunción de inocencia aún en aquellas informaciones en que, dada la relevancia del imputado o el hecho, se evidencie un marcado interés público.

El interés público

En términos generales, el periodismo fundamenta su actividad en un alegado “interés público” y en el derecho de la población a estar informada.

¿Qué cosa es el interés público? La respuesta a ésta pregunta es fundamental porque, de acuerdo a lo expuesto, constituye el elemento esencial para delimitar las barreras que el periodista puede saltar en su labor informativa.

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, el interés público es visto como un móvil válido para que el periodista pueda incursionar en áreas propias de las personas, como la vida privada y la intimidad (16).

Se dice que la vida privada de un funcionario público debe ceder ante el derecho de la información cuando se sitúa entre ambos un interés público. Ni la doctrina ni la jurisprudencia han construido un concepto unitario de interés público y, como consecuencia de ello, se carece de un punto de referencia común.

Lo cierto es que los periodistas, de manera general, tienden a confundir “interés público” con curiosidad y, por ello, muchos consideran que lo desconocido por los consumidores de noticia se ubica en esa categoría.

Este concepto, que podría llamarse “subjetivo”, carece de relevancia para el derecho, en la medida en que la curiosidad no constituye un parámetro para autorizar una eventual vulneración de un bien jurídico, como la intimidad, ante el ejercicio de un derecho social como la información.

Sobre el concepto de la curiosidad y lo novedoso se cimentó, a principios del siglo xx, el periodismo “amarillista” y “sensacionalista” que, desde una perspectiva estrictamente mercantilista, vendió noticias explotando las pasiones más bajas el ser humano.

La doctrina jurídica rechaza este concepto “subjetivo” de interés público, por entender que su precisión debe ser definida por el derecho en caso de un conflicto provocado por la incursión indebida de un periodista en campos como el honor, intimidad, vida privada e imagen de las personas (17).

Los tribunales en Costa Rica han construido un concepto de interés público sobre el criterio del peligro o la afectación causada a la colectividad (18). En sus resoluciones de los últimos años, la Sala precisó que el peligro o la afectación pueden ser originados por sujetos vinculados al aparato el Estado y también por particulares.

Como consecuencia de ello, es de interés público la actividad de los funcionarios de la administración del Estado y de los sujetos privados que ocupan posiciones destacadas en la producción y en la dirección de la economía en la medida en que puedan causar peligro o afectación a la colectividad.

La ausencia de ese peligroso de esa afectación constituye un elemento muy valioso para determinar, por lo tanto, que hecho tiene o no interés público.

Dada la vida en común, al sujeto le interesa conocer aquellos acontecimientos que le puedan causar perjuicio o peligro. En el cumplimiento de la labor de vigilancia que debe cumplir el periodista, como profesional, la denuncia y la información de esa afectación se constituye en un evidente interés de todos.

El interés público, por lo tanto, está referido a todo aquel acontecimiento o hecho que involucre a un sujeto de la administración o privado que pueda causar peligro o daño a la colectividad, sea en actividades políticas, económicas, sociales, ambientales, religiosas o de cualquier otro tipo.

Es interesante destacar, además, que ese interés público debe ser actual, pues sin ese elemento, exigido por la jurisprudencia y la ley, pierde todo sustento. Por ello, “En principio, “los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir materia de información, debido a que ellos atañen únicamente al sujeto afectado y su conocimiento no es necesario para el bien colectivo” (19).

Continuará

Notas

1. Con la aparición del diario Excelsior, en 1974, los medios informativos comenzaron a prestar mayor atención a los tribunales de justicia y a la Corte Suprema de Justicia como fuente de información. Ese diario creó una sección denominada “Policiales/Judiciales” que pretendió recoger las noticias cotidianas sobre las acciones delictivas en la sociedad y el funcionamiento de los mecanismos represivos. Ante lo complejo de la información judicial, algunos medios no vacilaron en contratar periodistas con estudios en derecho para tratar de garantizar una mejor cobertura.

2. El artículo 47 del Código Civil dice: “La fotografía o la imagen de una persona no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas o vendidas en forma alguna sino es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe, por necesidades de justicia o de policía, o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público

3. El artículo 196 del Código de Procedimientos Penales establece el secreto del sumario. El último párrafo de la norma, que es lo que interesa para el análisis de la actividad periodística, puntualiza que “el sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los abogados que tengan algún interés legítimo”. Es decir, el artículo prohíbe indirectamente el acceso de los periodistas a los expedientes judiciales. Por ello, la labor el periodista está supeditada a la voluntad de los informantes.

4. “El propio contenido de éste tipo de información, el perjuicio que puede originar a las personas procesadas, la influencia nefasta que puede ejercer sobre ciertas personas y el peligro que de todo pueda derivarse para toda la sociedad, el interés que el público o parte el público parece demostrar y el lugar que, en consecuencia, le destinan los medios de información...todos esos elementos justifican que exista una preocupación y su presto atención al asunto”. DERIEU, Emmanuel, Cuestiones ético-jurídicas de la información, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1983, p. 62).

5. “Los jueces tienen que tener independencia y no pueden estar condicionados por determinadas informaciones, que pueden suponer informaciones, que pueden suponer una presión sobre ellos. Aquí tenemos la coexistencia del deber de informar del informador con otros deberes de respetar la independencia de los jueces, de respeto a las instituciones y a las personas”. DESANTES GUNTER, José María, La función de informar, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1976, p. 187).

6. Aunque en Estados Unidos la Primera Enmienda de la Constitución Política prohíbe todo tipo de restricciones a la actividad periodística, en una mayoría de los estados está prohibida la presencia de cámaras de televisión y de fotografía en los debates. En Costa Rica esa restricción no existe, en términos generales, aunque el juez puede ordenar, por razón de orden y de higiene, el retiro o la no presencia de las cámaras de televisión. Véase MUÑOZ MACHADO, Santiago, Libertad de prensa y procesos por difamación, Barcelona, Editorial Ariel, 1988).

7. El artículo 29 de la Constitución Política dice: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometen en el ejercicio de este derecho, en los casos y el modo que la ley establezca”.

8. El principio de presunción de inocencia tiene rango constitucional en Costa Rica y está contenido en el artículo 39. El artículo 1 del Código de Procedimientos Penales desarrolla este concepto al indicar, entre otras cosas, que nadie puedo ser “considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal”).

9. HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, Las libertades públicas en Costa Rica, San José, Editorial Juricentro, 1980. pp. 1-53.

10. El derecho de la información, a diferencia de la llamada “libertad de expresión” y la “libertad de prensa”, tutela derechos a favor del sujeto activo y el sujeto pasivo del proceso. Es decir, el llamado emisor tiene derecho a buscar, difundir y publicar la información. El sujeto pasivo o receptor tiene derecho a ser informado. Sin embargo, esa información debe ser veraz y precisa.

11. Véase NOVOA MONREAL, Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información, México, Editorial Siglo XXI, 1987, p. 195.

12. Entre otros, véase BARROSO ASENJO, Porfirio, Límites Constitucionales al derecho de la información, Barcelona, Editorial Mitre, 198, y MOLINERO, César, Libertad de expresión privada, Barcelona, Editorial ATE, 1981.

13. Véase SORIA, Carlos, Derecho a la información y derecho a la honra, Barcelona, ATE, 1981, pp. 52.

14. Soria, op.cit.

15. Soria, op.cit., p. 116.

16. El artículo 12 de la Ley de Imprenta de Costa Rica contempla una atenuante muy especial que puede llevar al Tribunal incluso a la absolución del querellado, aunque sea culpable, en caso de que haya actuado movido exclusivamente por un interés público.

17. ORTEGO COSTALES, José, Noticia, actualidad, información; Pamplona, Instituto de Periodismo de Ja Universidad de Navarra, 1966, p. 76.

18. Entre otras, véanse los siguientes fallos: Sala Tercera, N. 357 de 10.30 horas, de 19 de diciembre de 1984, causa seguida por EGM contra EChZ por el delito de calumnia por la prensa; Sala Tercera, N. 18-F de 10.30 horas, de 30 de enero de 1985, causa seguida por OBS contra LFR por el delito de injuria; Sala Tercera, N. 227-F de 25 de octubre de 1989, causa seguida por RRP contra EER y otros por los delitos de injuria y calumnia por la prensa.)

19. NOVOA MONREAL, op cit., p. 209.

*    Es abogado y periodista costarricense. Tomado de: cienciaspenales.org

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia