La Gaceta Jurídica

Publicidad periodística de los procesos penales en Costa Rica

(Parte Final)

La Gaceta Jurídica / Luis Sáenz Zumbado

00:00 / 10 de julio de 2012

Criterios en la doctrina

En términos generales, las doctrinas española y francesa no rechazan la cobertura periodística de los procesos judiciales (1). En Estados Unidos, las posibilidades de información son amplias aunque en las salas de debate está prohibida, en una mayoría de los estados, la presencia de cámaras de televisión, de micrófonos, grabadoras y fotógrafos (2).

Existe un convencimiento, en quienes respaldan la labor de los periodistas, de que las sociedades tienen derecho a estar informadas de todo acontecimiento que se tramita en los órganos jurisdiccionales que tenga relevancia pública. Además, creen que el profesional de la información puede impedir, con su papel de vigilante, excesos de la estructura jurisdiccional contra los imputados.

De esa manera, dicen, la publicidad periodística puede constituirse en un instrumento muy efectivo para garantizar el debido proceso en los procesos penales y evitar, de esa manera, las arbitrariedades del juez y de la policía.

Sin duda, estos conceptos compaginan muy bien con los criterios que dieron origen a las audiencias orales de los juicios penales, empeñados en romper su carácter inquisidor y lograr la democratización de la justicia.

Novoa Monreal sostiene que ese derecho a la información debe ser lo suficientemente amplio, en materia judicial, para que la sociedad esté informada de todo lo que le interesa en razón al peligro o afectación que pueda representar un proceso determinado (3).

Sin embargo, desde su punto de vista, ese derecho comienza a debilitarse en la medida en que la información tenga un mínimo interés para la colectividad o, lo que es más importante, no sea de utilidad pública.

De esta manera, no deberían difundirse aquellos procesos judiciales, ni los nombres de las personas involucradas, en la medida en que carezcan de “utilidad” y de interés público.

El periodista debería tener presente siempre que la ausencia de ese interés y esa utilidad pública hacen resaltar, sobre todo otro motivo, el principio de presunción de inocencia.

Ignorar ese principio, garantizado por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es violar un derecho fundamental del individuo y exponer al periodista a enfrentar un proceso penal por violar el honor, la intimidad, la vida privada o la imagen, en aquellos ordenamientos donde están tutelados esos bienes jurídicos (4).

El secreto del sumario

En Costa Rica, el secreto del sumario está consagrado en el artículo 195 del Código de Procedimientos Penales que contempla varias hipótesis.

El sumario, según la norma, solo puede ser examinado por las partes y sus abogados defensores (5).

Una lectura a contrario sensu indica que nadie puede revisar el expediente excepto el juez, las partes o sus abogados.

Es obvio que el periodista no puede tener acceso al expediente. La información que difunde debe ser suministrada, por lo tanto, por alguna de las partes, uno de los abogados, el juez o alguno de los funcionarios administrativos que intervienen en los tribunales, sea el secretario o los escribientes.

Una vez rendida la declaración del imputado, el juez está facultado por el mismo artículo para, “mediante resolución fundada”, ordenar en secreto el sumario durante un período máximo de diez días ante la posibilidad “de que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad”.

Durante este período, solo el juez tiene en teoría acceso al expediente. Ese plazo, sin embargo, puede prorrogarse por otro tanto igual ante “la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación”.

La disposición tiene como propósito evidente impedir que la difusión de algún dato pueda poner en peligro las labores de indagación.

En su párrafo último, la norma indica que “el sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los abogados que tengan algún interés legítimo”.

Como se observa, el artículo no contempla la posibilidad de que los periodistas puedan tener acceso a los sumarios. Estos están vedados a los periodistas.

Derieux sostiene que el secreto del sumario pretende, en principio, impedir que la difusión prematura de ciertas informaciones estorbe el trabajo de la policía y el tribunal en la búsqueda de los autores del hecho punible, de la convocatoria de los testigos o en la reunión de los diversos elementos de la prueba.

“Es necesario también actuar de tal manera que la información difundida no pueda perjudicar a las personas encausadas ni comporte el riesgo de influir sobre la decisión de los jueces que han de intervenir en el caso”, sostiene el autor (6).

Publicidad de los juicios

En Costa Rica, la fase oral de los juicios penales es pública y, por lo tanto, los periodistas pueden darle la cobertura que consideren necesaria y conveniente.

Por razones de orden, en algunas oportunidades los jueces han restringido, en especial en casos de mucha resonancia, la presencia de cámaras de televisión y la movilización de los periodistas en la sala de debate.

Sin embargo, el carácter público de los debates constituye un elemento a favor del periodista para que pueda ejercitar su profesión.

En principio, sin embargo, el periodista debería de tener claro que lo público del debate no constituye licencia para que pueda dejar de lado los derechos tutelados por el ordenamiento a favor de los imputados.

El principio de presunción de inocencia mantiene su vigencia hasta que el tribunal declara la culpabilidad y la sentencia está firme.

Desde ese punto de vista, como dicen algunos autores, los periodistas no deberían con sus publicaciones tratar de condicionar el debate, influir en los fiscales o en los jueces y dictar sentencias anticipadas (7).

El honor, la imagen, la intimidad y la vida íntima de las personas son bienes jurídicos que no pueden ser dejados de lado por el periodista. Todo imputado tiene derecho a esos bienes y puede demandar protección el ordenamiento en caso de una flagrante violación.

El traspaso o no de las barreras de lo permitido es cuestión que no corresponde fijarla al periodista. En caso de violación es evidente que el profesional puede enfrentar un proceso penal.

Aunque una mayoría de los periodistas se cuidan de no hablar del culpable, sino del “presunto autor”, Derieux y Novoa Monreal coinciden en que la presentación de la información, su reiteración y su ordenamiento pueden conducir al público a condenarlo con anticipación (8).

Es interesante destacar que los defensores de la publicidad del proceso lo concibieron como un medio para garantizar, dentro de un sistema democrático, la defensa de los derechos del imputado, en especial el debido proceso, frente a jueces y policías arbitrarios y procedimientos injustos.

La publicidad del debate no fue pensada, de ninguna manera, como un instrumento para facilitar la difusión de los elementos más “sensacionales” del acontecimiento centro el proceso penal.

Lo “informable”

Aunque legalmente sólo el sumario está fuera de la mirada del periodista, en principio sólo debería de informar de aquello que sea de evidente utilidad pública para la comunidad.

El profesional no debe olvidar que todo proceso penal incide en la vida el imputado y de sus familias y, por ello, la difusión de nombres o imágenes puede dañar irreversiblemente el honor y la reputación de muchas personas.

Por ello, los periodistas deberían de seleccionar muy bien los aspectos de los procesos penales que tienen una justificación para ser difundidos. En estos casos, no se trata evidentemente de la información por la información.

Si bien su labor informativa puede constituirse en un ojo vigilante para garantizar el debido proceso, en la medida en que el juez no podrá excederse en sus funciones so pena de ser denunciado por la prensa, también parece evidente que el periodista no debería usar la información para presionarlo o condicionar sus criterios, en una clara violación al principio de independencia.

Por razones de orden, en algunas oportunidades los jueces han restringido, en especial en casos de mucha resonancia, la presencia de cámaras de televisión y la movilización de los periodistas en la sala de debate.

Se dice que la publicación de las sentencias puede tener un efecto preventivo en personas que, por distintas razones, son proclives a delinquir, en especial niños y jóvenes.

Es posible que ese sea así aunque es claro que las duras condiciones el encarcelamiento, por ejemplo, poco han ayudado en la rehabilitación de los sentenciados (9).

Es evidente que algunos procesos penales pueden tener un evidente interés para las comunidades, en especial en aquellos casos en que estén involucrados funcionarios públicos o personas de relevancia cuya actuación es siempre motivo de atención. Sin embargo, ese interés parece decaer cuando su trata de personas sin mayor incidencia en la sociedad.

La relevancia de un personaje constituye, en razón del interés público, una causa para informar de un proceso penal. Ello, sin embargo, el periodista debe hacerlo pero protegiendo siempre el principio de presunción de inocencia, su derecho a la imagen, al honor, a la intimidad y a la vida privada.

La sentencia condenatoria no convierte al condenado, sin embargo, en un sujeto sin derechos. La pena impuesta por un tribunal no constituye una licencia para que ninguna persona, incluida el periodista, pueda denigrar su honor con el uso de expresiones injuriosas.

Los límites a la seudoinformación

El ejercicio del periodismo frente a los procesos penales no puede ser desvirtuado como consecuencia de un mal entendido interés público.

Todo exceso que desvirtúa el periodismo sólo puede dar origen a fenómenos de seudoinformación. El “amarillismo” y el “sensacionalismo” son situaciones que carecen de protección legal y de tutela jurídica.

Los periodistas deben saber que en caso de litigio, producto de una querella por delitos contra el honor, nunca prevalecerá el concepto que equipara interés público con curiosidad pública.

El periodismo como ejercicio de derechos constitucionales carece de límites previos. La información desvirtuada es reprimida por el ordenamiento y esa práctica encuentra muchas limitaciones en el honor, la imagen, la intimidad y la vida privada.

Ninguna norma jurídica reprime en Costa Rica la cobertura noticiosa de los procesos penales. Los límites jurídicos están fijados para los excesos.

Desde ésta perspectiva, el periodismo puede jugar un papel importante de vigilancia y control sobre los procesos, de tal manera que se convierta en un instrumento de vigilancia del debido proceso.

Nada protege al profesional que intente usar los procesos penales para vender noticias explotando los conflictos que origina. Esa conducta no es amparada por el derecho.

Conclusiones

Excepto la norma del Código de Procedimientos Penales que restringe el acceso al sumario, y las regulaciones que impiden difundir el nombre y la imagen de menores de edad, el periodista en Costa Rica no encuentra mayores limitaciones jurídicas para informar sobre los procesos penales.

En razón del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de ese país, este profesional puede informar ampliamente sobre los procesos penales.

Sin embargo, el periodista debe tener claro que su información no puede, en razón de los bienes jurídicos también protegidos por la Constitución Política y la ley costarricense, desconocer el principio de presunción de inocencia, el honor, la imagen, la intimidad y la vida privada de las personas.

La información que vulnere esos bienes jurídicos sin un fundamento superior, como sería un evidente interés público, se convierte en seudoinformación y, por ello, podría ser objeto de un proceso penal.

Toda persona sometida a un proceso penal es inocente en tanto no haya una sentencia firme que lo declare autor del hecho ilícito acusado.

Por ello, el periodista debe impedir que su información viole ese principio o pueda, de cualquier manera, influenciar, condicionar, o vulnerar el principio de independencia del juez.

Todo manejo inadecuado de las noticias que constituya una violación de cualquier bien jurídico tutelado podría conllevar, eventualmente, una responsabilidad penal al periodista.

Los indiciados tienen derecho a proteger su honor, su imagen, su intimidad y su vida privada. Sólo un comprobado interés público podría permitir que esos derechos sean vulnerados.

Como la solución a ese eventual conflicto corresponde al juez, y no al periodista, éste debe saber que se expone a enfrentar un proceso penal por cualquier exceso en las versiones que difunda.

La ausencia de normas jurídicas que limiten la información de los procesos penales es una garantía para el ejercicio de un periodismo libre.

Sin embargo, los profesionales deben ser conscientes que los excesos y las deformaciones de la práctica profesional constituyen, por ello, un serio peligro para el periodismo.

Las víctimas de esos excesos creen ver muchas veces en la adopción de normas jurídicas rígidas un medio para frenarlas.

Novoa Monreal dice, en tal sentido, que los periodistas en el tratamiento de estas informaciones deberían adoptar normas éticas claras que rechacen esos manejos inadecuados de la información. La “autoregulación” que proteja los intereses de todo el cuerpo social es una mejor opción que la norma represiva (10).

Bibliografía

BARROSO ASENJO, Porfirio. Límites constitucionales al Derecho de la Información, Barcelona Editorial Mitre, 1984.

DERIEUX, Emmanuel. Cuestiones ético-jurídicas de la información, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1983.

DESANTES GUNTER, José María. La función de informar, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1976.

HERNANDEZ VALLE, Rubén. Las libertades públicas en Costa Rica, San José, Editorial Juricentro, 1980.

MOLIENERO, César. Libertad de expresión privada, Barcelona, ATE, 1981.

MUÑOZ MACHADO, Santiago. Libertad de prensa y procesos por difamación, Barcelona, Editorial Ariel, 1987.

NOVOA MONREAL, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de información, México, Editorial Siglo XXI, 1987.

ONETO, José. El acceso de los medios de comunicación a las vistas de los juicios, en Libertad de expresión y derecho penal, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1985.

ORTEGO COSTALES, José. Noticia. Actualidad. Información, Pamplona, Editorial Universidad de Navarra, 1966.

SORIA, Carlos. Derecho a la información y derecho a la honra, Barcelona, ATE, 1981.

NOTAS:

1. Veáse Derieux, opcit, pp.61-6, Barroso Asenjo, op.cit, págs. 91-95, Oneto (José), el acceso de los medios de comunicación a las vistas de los juicios, en Libertad de expresión y derecho penal, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1985, págs. 29-35.

2. Oneto, op.cit., pág. 33.

3. Novoa Monreal, op.cit., págs. 208-215.

4. “El acusado tiene derecho a que no se le convierta en pasto del público y a que la prensa no lo destroce. No puede ser el objeto de una campaña sensacionalista que sirva, solamente, a los bajos apetitos de los lectores. La prensa, en sus resellas y comentarios, que han de ser siempre dignos y discretos, debe respetar de forma absoluta el principio de la presunción de inocencia a favor de cualquiera que no haya sido condenado definitivamente”. Vanderveeren (Christian), citado por Derieux, op.cit., págs. 1-12.

5. La Sala constitucional acogió un recurso el 23 de octubre de 1990 y declaró inaplicable un párrafo del artículo que prohibía a las partes o a sus abogados revisar el expediente antes de la declaración del o de los imputados. El voto es el número 1331-90.

6. Derieux, op.cit., pág. 90.

7. Así, véase Soria, op cit.; Molinero, op.cit.; Desantes, op.cit., y Novoa Monreal, op.cit.

8. Derieux, op.cit., págs. 98-99, y Novoa Monreal, op.cit., págs. 2l4-215.

9. “Los relatos de crímenes y delitos tienen el riesgo, por su abundancia, repetición y la importancia que se les conceda, de desempeñar un papel mucho más perjudicial que beneficioso, incluso si su incidencia no puede demostrarse rigurosamente o varía de acuerdo con las circunstancias y las personas”, Derieux, op.cit., pág. 89.

10. “La cabal conciencia de los periodistas honestos sobre los abusos que puede admitir una libertad incontrolada de dar información y, al mismo tiempo, su deseo de escapara toda clase de limitaciones legales que pongan en riesgo una amplia libertad de prensa, han llevado a que se acentúe en los últimos tiempos una preocupación por determinar y hacer efectivas normas éticas a las que deben ajustar su conducta los periodistas en el ejercicio de la profesión”, Novoa Monreal, op.cit., pág. 216.

*    Es abogado y periodista costarricense.

Tomado de: cienciaspenales.org

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