La Gaceta Jurídica

¿Pugna de poderes entre jurisdicciones?

Al querer delinear los procesos de las jurisdicciones reconocidas en Bolivia nacen más vacíos jurídicos para su aplicabilidad. Cuando se propuso la Ley de Deslinde Jurisdiccional, se señalaba que “deslinde” es una alusión al modelo feudalista de lindes y deslindes de la propiedad comunitaria, estableciendo una separación de lo indio y lo criollo.

Los linchamientos no son sancionados por autoridad originaria y no responden a la justicia originaria.

Los linchamientos no son sancionados por autoridad originaria y no responden a la justicia originaria. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Sonia Maldonado

00:00 / 17 de septiembre de 2013

La separación indio-criollo, en materia jurídica, podría entenderse como una justicia para los comunes o poderosos (blancos) y otra para los indígenas originario campesinos (indios), antagónicamente distintos y separados, prolongando la discriminación y el racismo a pesar de la ley antirracismo.

Sin embargo, esta ley viene a ser la continuidad del pluralismo jurídico de la nueva Constitución Política del Estado (cpe) que se expresa en los dos subsistemas: i) el subsistema jurídico republicano (sjr) y el subsistema jurídico indígena originario campesino (sjioc).

Dicho pluralismo jurídico se manifiesta a través de una diversidad de jurisdicciones, pero también de derechos aplicables; es decir que dentro de la unidad jurídica de la Constitución existen diversas fuentes de producción normativa y diferentes jurisdicciones encargadas de la aplicación de estas normas (Alarcón Mondoño).

El srj tiene un fundamento universal porque se aplica a todos los habitantes del Estado por la única razón de encontrarse en su territorio, sin distinciones de ninguna naturaleza; en cambio, el sjioc tiene fundamento particular porque únicamente se aplica en los territorios y a los miembros de aquellas naciones y pueblos en cuyas comunidades se forma y produce este derecho consuetudinario y cuyas autoridades naturales están encargadas de su aplicación (Alarcón Mondoño).

El elemento determinante de la separación entre los dos subsistemas es el jurisdiccional, según el principio del “jus fori”, cada juez, dentro del ámbito de su jurisdicción y competencia, aplica su propio derecho; por lo tanto, la jurisdicción y competencia determina el derecho aplicable y no a la inversa (Alarcón Mondoño).

Sin embargo, la Ley Nº 073 de “Deslinde Jurisdiccional”, promulgada el 16 de diciembre de 2010, tiene niveles de ambigüedad. Al querer conceptualizar, explicar, orientar, encauzar y seleccionar, no alcanza con definir, contextualizando el significado y la valoración de las ideas para vincularlas con la realidad que vive el país en temas de derechos colectivos.

¿Qué se entiende por deslinde jurisdiccional?

Es el acto formal de distinguir los límites –en este caso de la jurisdicción–. Cuando existe discordancia entre dos o más competencias acerca del lugar en que se debe establecer la línea divisoria entre las mismas, surge la necesidad de deslindar esa línea divisoria, se trata de un procedimiento llamado jurisdicción voluntaria.

El objeto de esta ley es (artículo 1): “Regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico”.

En la cpe, en el capítulo cuarto, artículos 190 al 192, se establece el basamento de la Jurisdicción Indígena, Originaria Campesina e indica que la Ley de Deslinde Jurisdiccional determinará la cooperación y coordinación entre las jurisdicciones constitucional- mente reconocidas. Esta ley debería indicar el cómo.

La disputa

El conflicto entre ambas jurisdicciones deviene de su ámbito de aplicación, mismo que siempre fue motivo de disputa. El capítulo segundo de la ley se refiere a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, reconociendo expresamente el derecho a la vida, los derechos de género, los derechos de los discapacitados y prohibiendo también la violencia contra adolescentes, niños y mujeres.

En el parágrafo V, la ley se refiere al linchamiento, que suele asociarse a la justicia comunitaria, manifestando que es una “violación a los derechos humanos que no está permitida en ninguna jurisdicción y debe ser prevenida y sancionada por el Estado Plurinacional”.

Con ello se prohíbe la denominada “justicia por mano propia”, prohibiendo, además, expresamente, la pena de muerte, bajo sanción de proceso penal en la justicia ordinaria, tanto a quien la imponga, como a aquel que la consienta o ejecute. Sin embargo, los linchamientos no son sancionados por autoridad originaria, sino manifestaciones de furia colectiva que no responden a la justicia originaria.

Otro punto conflictivo es el del ámbito de vigencia de la jurisdicción indígena originario campesina, siendo sumamente importante el referido al ámbito de vigencia material de la misma, por lo que dispone que la jurisdicción indígena originario campesina conoce los asuntos que histórica y tradicionalmente estuvo conociendo, excluyendo de su campo de aplicación a diversas materias de la justicia ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.

Pero la Ley 073 no consigue esclarecer que es la justicia comunitaria y, a pesar de querer regular los ámbitos de vigencia, su promulgación sólo asegura su “existencia jurídica”. Cuando se valida una norma esta debe cumplir con requisitos formales y materiales.

La validez de la norma no depende sólo del acto de su promulgación y publicación –a partir del cual se declara la existencia de la misma, aunque si es uno de sus efectos–, en tanto, la norma debe existir jurídicamente para ser exigible. Una norma es válida cuando existe un acuerdo con el derecho.

Vigencia y aplicación

Al referirse a la vigencia de la norma en la jurisdicción indígena originario campesina, la Ley de Deslinde Jurisdiccional se aplicará cuando concurran simultáneamente los ámbitos de “vigencia personal, material y territorial”. Estos son los tres elementos que se requieren para que sea considerada en la jurisdicción indígena originario campesino.

En lo personal, se refiere a los sujetos, o sea los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino (que viven en el lugar); lo material es lo que anteriormente conocían y practicaban históricamente y tradicionalmente dentro sus territorios, bajo sus normas, procedimientos propios y saberes.

Asimismo, debe tomarse en cuenta su libre determinación (es decir, según el derecho consuetudinario de cada nación o pueblo indígena dado que no todos los pueblos son iguales, cada uno tiene su propia forma de aplicabilidad de justicia). Lo territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino (dentro de su territorio). Si concurren dos o los tres elementos, corresponde que las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina tengan conocimiento del hecho.

El artículo 12 de la misma ley establece la obligatoriedad de las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, siendo estas decisiones de cumplimiento obligatorio, además de irrevisables por la justicia ordinaria, agroambiental y las otras jurisdicciones reconocidas por la ley.

Si las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, haciendo uso de su derecho consuetudinario, aplican una pena dentro de su libre determinación, ésta no puede ser revisada por la justicia ordinaria, ya que estas determinaciones son irrevisables.

La jurisdicción indígena originario campesina, según la Ley de Deslinde Jurisdiccional, no puede aplicar su jurisdicción en diversas materias donde la justicia ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente tendrán tuición sobre ellas, enumerándose las siguientes:

En materia penal, en que se puntualiza los delitos específicos en los cuales sólo se aplica la jurisdicción ordinaria, tales como los delitos contra el derecho internacional, delitos por crímenes de lesa humanidad, delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, delitos de terrorismo, tributarios y aduaneros, delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado.

De igual manera, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Incluye los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio.

En materia civil, exceptúa los procesos en los que el Estado sea parte o tercero interesado y lo relacionado al derecho propietario. Excluye además todo lo relativo a materia laboral, de la Seguridad Social, Tributaria, Admi- nistrativa, Minera, de Hidrocarburos, Forestal, Informática, Internacional Pública o Privada y Agraria, exceptuando en este último caso la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas.

Se hace esta diferenciación, puesto que en estas materias se requiere de mayores elementos técnico-científicos para su investigación, por lo que deben ser realizadas en la jurisdicción ordinaria.

Es abogada.

Tomado de: Boletín Sena Nº 173, septiembre 2013.

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