La Gaceta Jurídica

Razones fácticas y normativas para la aplicación(1)

Derecho extranjero en Bolivia

Son necesarias disposiciones que permitan la aplicación de derecho extranjero.

Son necesarias disposiciones que permitan la aplicación de derecho extranjero. Foto: iltgroup.eu

La Gaceta Jurídica / Sergio Rodrigo Castro

00:00 / 25 de junio de 2013

Antes de entrar a las consideraciones jurídicas sobre la aplicación de derecho extranjero en Bolivia, consideramos importante entender que este tema puede parecer algo impropio para la realidad boliviana y, al mismo tiempo, algo de matices muy empresariales y, por ende, algo no muy útil para los abogados.

En este párrafo intentaremos desmitificar esto, ya que, en realidad, existen verdades acumuladas en la sociedad boliviana y, a veces, no se ve más allá de lo aparente; concretamente se sabe que existen más de dos millones de bolivianos en el extranjero y, además, no será raro pensar que la mayoría todavía mantiene vínculos con Bolivia, ya sean familiares o de otra índole.

Asimismo, no resulta extraño suponer que estando en el extranjero no realicen negocios jurídicos encaminados a desarrollar su vida, actos de naturaleza civil esencialmente; entonces, bolivianos en el extranjero contraen matrimonio con extranjeros, tienen familia, se divorcian, fallecen, compran y venden, contratan, se obligan y obligan, vuelven a Bolivia y, al final, tienen problemas y conflictos con estos negocios.

De ese modo, a veces sienten la necesidad de aplicar el derecho extranjero en Bolivia, ya sea porque en el ejercicio de su autonomía de la voluntad así los dispusieron o, simplemente, porque dada la naturaleza de sus contratos, documentos o sentencias, éstos deben ejecutarse en el país.

Propio derecho

Entonces, la realidad jurídica y patente para los abogados es, fundamentalmente, la resolución de conflictos de esta naturaleza y, en determinados casos, aplicar derecho extranjero en cuanto el sistema jurídico lo permita, en este sentido, resulta fundamental el aporte de Huber, que en resumen explica que bajo el principio de soberanía, cada Estado tiene su propio derecho, el cual es vigente dentro su territorio y, en última instancia, es el propio Estado que autoriza que en los negocios jurídicos de las personas particulares, cuando no se transgreda el orden público estatal, se pueda aplicar derecho extranjero.

Estas permisiones las encontramos en dos aspectos: primero, en el marco de las normas de conflicto que están en el sistema jurídico local y en algunos acuerdos internacionales y, segundo, en la posibilidad de que se ejecuten sentencias emitidas en el extranjero; en este sentido, intentaremos ver el sentido de lo fáctico y lo normativo.

El sentido fáctico lo podríamos entender desde el sentido de Goldsmith, asumiendo que, en determinadas circunstancias, las normas y los sistemas jurídicos no ofrecen una solución clara a los conflictos emergentes del cosmopolitismo de la sociedad global, siendo necesario el entendimiento de los jueces del principio de justicia; es decir, la realidad implica que las nomas no deberían constituirse en un obstáculo a la autonomía de la voluntad y la protección del espacio subjetivo individual, sino más bien deberá cubrir el sentido de orden público y garantizar el arbitrio y su regulación, siendo necesaria la existencia de disposiciones internas que permitan la aplicación de derecho extranjero, ya sea como norma, como prueba o como sentencia.

Aplicación normativa

Normativamente, podríamos entender que existen espacios permeabilizados en el sistema jurídico, donde el nivel de interpretación judicial es relativamente abierto y asume ciertos principios y normas de conflicto que permiten una forma amplia de entender el caso y su resolución, a lo que Dworkin llamaría discurso de aplicación. Asimismo, existen lugares donde no existe esa amplitud, los espacios de orden público, donde toda interpretación suele ser literal, pro fiscum o simplemente restrictiva a las disposiciones administrativas.

En este punto, podríamos entender que todo lo que pertenezca a un espacio privado y propio del ámbito de la autonomía y arbitrio personal es susceptible de aplicación de derecho extranjero, pero, en lo público, toda aplicación normativa y toda interpretación es propia de la perspectiva local, a eso llamamos espacio del orden público.

Nota

1. El texto fue guión de la mesa de debate “Las Razones Fácticas y Normativas para la Aplicación del Derecho Extranjero en Bolivia”, durante las actividades del IV Foro Permanente sobre los Problemas Jurídico Internacionales de Bolivia.

Es docente de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Universidad Salesiana de Bolivia, sede Cochabamba, y vicepresidente del Idei Bolivia.

Tomado de: Revista del Instituto de Estudios Internacionales (Idei) Bolivia, año 3, Nº 63, junio de 2013.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia