La Gaceta Jurídica

Realidades jurídicas: Cumbre sobre la justicia

...se ha planteado la necesidad de la aprobación de nuevos códigos sustantivos y adjetivos. Estamos de acuerdo, pero, por lo menos, sugiéranse los aspectos más básicos que deberían contener aquellas reformas. No se trata de echar a la basura todos los códigos vigentes y suplantarlos rápidamente.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y miembros del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y miembros del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral FOTO: Consejo de la Magistratura

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 28 de diciembre de 2012

Nuestro país, entre otras cosas, está mostrando al menos dos “manías”: dictar leyes por doquier y reunir “cumbres”. De este modo, ya está anunciada la “cumbre de la salud” y acaba de realizarse la “cumbre de los organismos de la administración de justicia”.

En esto de reunir “cumbres” hay que suponer que se implica al conglomerado de las más altas autoridades del ramo en cuestión con los representantes de la sociedad civil involucrados en la misma temática.

El primer problema que estos eventos originan es que, en buena parte, sus dirigentes o cabezas acaban haciendo de juez y parte y este detalle los lleva a perder las perspectivas de la materia que se discute. Y es que, en buena medida también, aquellas acabarán soslayando conclusiones que pudieran acabar afectándoles o poniendo en entredicho sus funciones.

Por eso, las “cumbres” no son precisamente los eventos más idóneos para el tratamiento de las diversas temáticas que, además, suponen el análisis de graves y complejos problemas que en el país son estructurales.

Para nadie es desconocido que la actividad de la justicia, una de las más trascendentes del Estado, está por los suelos. No se trata solamente de un problema por casos de corrupción que se descubren –como acaba de suceder con la red de extorsionadores–, es algo más grave.

El ciudadano en general ya no cree en que el Órgano Judicial cumple sus fines y objetivos; ha perdido la confianza en sus operadores. Por otra parte, los problemas dentro de esa temática son cíclicos, se repiten sin que haya posibilidades de solución y, por último, ni hablar de la tan cacareada “independencia del Órgano Judicial”, que, en los hechos, prácticamente no ha existido desde la fundación del país.

En medio de este panorama tan absolutamente negativo, se ha realizado en semanas anteriores la “cumbre sobre la justicia” y tenemos que lamentar que sus conclusiones repitan y prometan los mismos extremos, sin el planteamiento de soluciones concretas y a un plazo al menos mediano.

Hagamos un recuento de las conclusiones. En lugar de aclarar correctamente para qué existe el Ministerio de Justicia en un órgano como el Ejecutivo, ajeno al Órgano Judicial, se sugiere que se le otorguen tareas meramente formales. Se recomienda la creación de nuevas fiscalías “en función a las gestiones de presupuesto ante el Órgano Ejecutivo (¿Qué es esto?). Sobre las autoridades de la justicia comunitaria otra vez se emitieron los detalles formales (¿Y la Ley de Deslinde Jurisdiccional no merecía un análisis?).

Personas allegadas al poder político sacan ventajas económicas a nombre de la administración de justicia. ¿Qué gran descubrimiento, no? Además, hay que observar esta simpleza: Apertura de buzones de quejas a nivel nacional (¿!).

Implementar la carrera judicial, así como la de los funcionarios judiciales o los de apoyo y de los funcionarios administrativos. Nos preguntamos: ¿Quién garantizará permanencia de esos funcionarios, si cada vez que se producen cambios en los niveles jerárquicos vienen las “barridas”? Y ¿quién “elige” a aquellos magistrados? Supuestamente el voto popular, en base a nóminas aprobadas mediante decisiones político-partidarias en el Congreso. Ya hemos tenido una primera experiencia.

Entonces, ¿cómo se quiere que los “elegidos” así tengan la confianza de afuera y la solvencia para hacer de reformadores? Es lo mismo que dar al ratón la función de cuidar el queso.

Otra de aquellas conclusiones afirma que deberá evitarse la “ingerencia negativa” de las organizaciones sociales en la justicia. ¿Cómo se puede plantear este extremo cuando los llamados “movimientos sociales” son parte de la estructura gubernamental? Es como estar viviendo en otro país. Además, no se puede hablar de injerencia negativa o positiva; la injerencia es sólo eso y punto. Pero, contradictoriamente, a continuación se dice que deberá promoverse la participación de las organizaciones sociales para que “monitoreen la justicia” (¿Qué es esto?).

Se añade que deberá existir (sin decir cómo) la respectiva capacitación de la sociedad civil para concretar esa participación. Finalmente, se ha planteado la necesidad de la aprobación de nuevos códigos sustantivos y adjetivos. Estamos de acuerdo, pero, por lo menos, sugiéranse los aspectos más básicos que deberían contener aquellas reformas. No se trata de echar a la basura todos los códigos vigentes y suplantarlos rápidamente por otros nuevos.

Aquella es una tarea que es necesario encarar, pero no es algo que podrá realizarse a corto plazo ni mucho menos. Aquí estaríamos hablando de un periodo de, al menos, dos o tres años.

Se ha dicho, además, que “la corrupción, la retardación de justicia, la falta de infraestructura, la ausencia de personal y el presupuesto insuficiente siguen siendo las preocupaciones principales en la administración de justicia”. Tales afirmaciones son evidentes, pero no constituyen novedad alguna y se ha reiterado esto por más de una década, pero no pasa nada.

Aquellos problemas “clásicos” de la administración de justicia en el país, lejos de mejorarse o de aliviarse, se han agravado. El tema, por tanto, no consiste en volver a efectuar un listado de “enfermedades”, sino en atinar a señalar cuáles deberían ser los remedios y comenzar de inmediato el tratamiento. Los responsables de la administración de justicia tienen que entender que esta función está enferma de gravedad, podíamos decir que en “terapia intensiva”. Más “cumbres” no van a curar sus graves males.

*Es abogado analista constitucional.  

Espere…

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