La Gaceta Jurídica

Reconocer fueros de cosa juzgada en trámites voluntarios invade competencias

Para considerar la cuestión de la delimitación de las esferas de Jurisdicción no Contenciosa o Voluntaria y la Jurisdicción Contenciosa debemos precisar previamente el concepto de Jurisdicción, que de acuerdo al artículo 11 de la Ley del Órgano Judicial “Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano Judicial”.

La firma y una pluma, símbolos de un contrato.

La firma y una pluma, símbolos de un contrato. Foto: contrato es.123rf.com

Juan Chávez Alanoca

00:00 / 10 de junio de 2014

De esto se distinguen dos aspectos a) La Jurisdicción como Poder que tiene el Estado, y b) La Jurisdicción como Función estatal que persigue la justa solución de los litigios, de acuerdo con el derecho objetivo o la satisfacción de pretensiones de parte. También debemos definir la Competencia como la facultad privativa de un Juez o Tribunal para conocer, ejercer la jurisdicción en un determinado asunto, de acuerdo al artículo 12 de la Ley del Órgano Judicial.

Así también debemos definir y diferenciar la Jurisdicción no contenciosa o voluntaria y Jurisdicción contenciosa, de acuerdo a la concepción doctrinal y legislación vigente: En la Jurisdicción no contenciosa o voluntaria, no existe controversias ni dualidad de partes; se realizan meros trámites voluntarios y en forma textual el procesalista Eduardo Couture sostiene que el acto judicial no jurisdiccional no tiene partes en sentido estricto, el peticionario o pretensor no pide nada contra nadie, falta un adversario. El no es parte, en sentido técnico, porque no es contraparte de nadie.... Tampoco tiene controversia. Si ésta apareciere, si a la pretensión del peticionante se opusiese alguien que se considera lesionada por ella, el acto judicial no jurisdiccional se transforma de inmediato en contencioso y, por tanto, en jurisdiccional... Todo acto no contencioso lleva la contienda en potencia, ya sea de parte interesada, ya sea de parte de los órganos del Ministerio Público, a quienes se da normalmente injerencia en estos procedimientos... Normalmente la sentencia proferida en la jurisdicción voluntaria se dicta bajo la responsabilidad del peticionario. El juez no conoce más verdad que la verdad que le dice la parte interesada, lo que es una manera muy relativa de conocer la verdad.... Se ha planteado reiteradamente el problema de saber si tales decisiones admiten apelación por el requirente. Algunos códigos tienen textos expresos en sentido afirmativo, pero el problema consiste en saber si puede causar agravio, y en consecuencia si es apelable una decisión que no juzga ni prejuzga y que siempre puede ser considerada en otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, ante el mismo u otro juez.

En cambio la Jurisdicción Contenciosa  es aquella ante la cual se realizan procedimientos  para juicios contradictorios, donde existen controversias entre las partes; se requiere de un juez y de una decisión que la dirima. Hay conflicto, litigio, contienda, controversia o discusión, y pueden ser de varias clases; Si los intereses del litigio pertenecen al campo civil, la jurisdicción contenciosa es civil y/o comercial; si pertenecen al campo penal, la jurisdicción contenciosa es penal; también puede ser constitucional, que comprende el recursos de hábeas corpus, amparo constitucional, y el proceso de inconstitucionalidad; laboral, agrario y el contencioso administrativo. También existe jurisdicción contenciosa militar, a la que están sometidos los miembros de la Fuerzas Armadas.

De las definiciones dadas se pueden establecer las distinciones siguientes:

1. La jurisdicción voluntaria es unilateral, es decir que existe una sola parte llamada “interesado” o “interesados” frente al notario, que solicita su actuación en su propio interés, no existe contraparte, en cambio la jurisdicción contenciosa es bilateral, hay dos o más partes que se hallan en desacuerdo.

2. En la jurisdicción voluntaria no se solicita la actuación de la ley, y del  Tribunal o Juez contra otro, sino que se pretende crear situación o estado jurídico para entrar en ejercicio de algún derecho. En tanto que en la jurisdicción contenciosa siempre existe conflicto jurídico, se buscan formas de hacer cumplir, forzadamente la resolución judicial, característica  de la jurisdicción en virtud del imperio. En la jurisdicción voluntaria no existe demandado, en la contenciosa siempre existe demandado, contraparte, porque en la voluntaria se buscan efectos jurídicos para el solicitante, mientras que en la contenciosa piden efectos jurídicos obligatorios y vinculantes para los demandados, es decir, no solo con respecto del peticionario o interesado.

3. La jurisdicción voluntaria establece las garantías antes del conflicto contra las lesiones que podrían suceder a futuro,  no presupone contiendas, por lo mismo no resuelve contiendas. La jurisdicción contenciosa garantiza y establece los derechos ya perjudicados, la función de la jurisdicción contenciosa es reparadora, mientras que la voluntaria es tutelar, en la jurisdicción contenciosa la misión del juez es decidir el derecho controvertido o dudoso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, mientras que en los actos de jurisdicción voluntaria no hay discusión ni fallo, ni ejecución del fallo.

4. La jurisdicción voluntaria declara hechos y situaciones jurídicas, siempre tiene un fin Constitutivo y no declara derechos; mientras que en la jurisdicción contenciosa se declaran derechos controvertidos y se limita a juzgar el derecho de las partes.

5. La jurisdicción contenciosa concluye con el fallo o sentencia, valor de cosa juzgada, luego de su ejecutoria. La resolución de la jurisdicción voluntaria no tiene fuerza de cosa juzgada, por lo que puede ser revisada.

6. La jurisdicción voluntaria por su esencia y naturaleza es un acto extrajudicial, es antítesis de judicial porque no está sujeto a formalidades jurídicas procesales, por no existir derechos controvertidos, conflicto, contraparte, derechos lesionados. Mientras que la jurisdicción contenciosa por su naturaleza litigiosa, es propia de conocimiento de los jueces.

7. La jurisdicción voluntaria comprende actividades que no son propias de la actividad jurisdiccional, sino de una actividad administrativa.

8. El objeto de la jurisdicción voluntaria son los derechos ya establecidos, declara derechos obtenidos, garantiza contra lesiones futuras, no siendo así la jurisdicción contenciosa, cuyo objetivo es el de garantizar y restablecer los derechos ya perjudicados.

9. Por la forma en que intervienen, el notario lo hace en forma preventiva y el juez en forma reintegradora.

10. La intervención del notario es solicitada por interese aislados o enlazados; en cambio el Juez interviene por intereses contrapuestos.

11. La Finalidad de la jurisdicción contenciosa es resolver un conflicto de intereses; mientras que la finalidad de la jurisdicción voluntaria es eliminar una incertidumbre, ambos con relevancia jurídica.

12. En la Jurisdicción voluntaria, el documento público da lugar a acciones o pretensiones, y en Jurisdicción Contencioso, la Cosa Juzgada  extingue el derecho de acción del demandante. El documento Público tiene promesa, por ley, de una tutela jurisdiccional específica, en cambio la Cosa Juzgada elimina dicha tutela en vía de acción sobre las mismas relaciones jurídica. La declaración legitimadora notarial está subordinada a la definitiva decisión judicial, en caso de contienda promovida por quien se crea postergado o perjudicado.

13. Finalmente por su concepto, naturaleza jurídica, contenido, función, procedimientos y la doctrina legal aplicable; los efectos de las diferentes intervenciones del Juez producen la sentencia que es acto jurisdiccional por excelencia, llevan en sí plenamente la autoridad de cosa juzgada, en cambio el acto notarial no produce en su plenitud el efecto de la cosa juzgada de la resolución judicial, ni se da en toda su extensión el principio contradictorio, y sólo lleva consigo una prevención juris tantum; actos de certificación, dación de fe, legitimidad y autenticidad.

Esta exposición busca analizar por qué el artículo 90 – III, de la Ley del Notariado Plurinacional, N° 483 de 25 de enero de 2014, no guarda congruencia y conformidad con su propia concepción doctrinaria, de que la jurisdicción no contenciosa o voluntaria notarial no produce en su plenitud el efecto de la cosa juzgada de la resolución judicial.

La Ley del Notariado Plurinacional prevé lo contrario al señalar en su artículo 90 (Procedencia). III. Los efectos jurídicos de las escrituras públicas resultantes adquieren la calidad de cosa juzgada, son de cumplimiento obligatorio y tienen fuerza coactiva.

Establecer imperativamente que las “Escrituras Públicas” adquieren calidad de cosa juzgada, son de cumplimiento obligatorio y tienen fuerza coactiva, similares a las “Sentencias Judiciales”, es una incoherencia del legislador, cuando hemos visto que la jurisdicción voluntaria notarial tiene su respectivo campo de aplicación. Por esto, la previsión del artículo 90, parágrafo III, se constituye en un tema polémico al asemejarlos con los efectos de la Jurisdicción Contenciosa.

Reconocer fueros de calidad de cosa juzgada en los trámites no contenciosos o voluntarios, invade competencias propias de la jurisdicción contenciosa, que es un campo exclusivo del Poder Judicial. Esta intervención del notario de fe pública en la jurisdicción no contenciosa o voluntaria, desnaturaliza su función fedataria, induciendo a la prevalencia de la jurisdicción voluntaria frente a la contenciosa, o al dirigismo judicial que ponga en riesgo las fundamentales garantías propias del proceso contradictorio.

En consecuencia sistematizar y redistribuir competencias en materia de jurisdicción voluntaria o competencia notarial en asuntos no contenciosos, no debe extenderse artificiosamente fuera de su propio ámbito, al campo de la jurisdicción contenciosa, por meras razones de alivianar la carga procesal, economía y celeridad procesal, es más en la vía voluntaria no hay imposición de sanciones porque el funcionario fedatario carece de este imperio y, aunque el ordenamiento jurídico atribuye a sus actos una eficacia de cosa juzgada, de cumplimiento obligatorio y con fuerza coactiva, no cabe en ningún caso estimarla como análoga a la derivada de la Sentencia Judicial, pues siempre quedará abierta la posibilidad de una revisión judicial.

Sin ingresar a mayores observaciones exegéticas, es necesario que todo anteproyecto y/o proyecto de ley antes de su promulgación y publicación, sea considerado y deliberado de acuerdo a la doctrina y legislación vigente, puesto que las nuevas leyes son para solucionar conflictos en la sociedad civil, y no así para generar nuevas problemáticas por vacíos, incongruencias y contradicciones jurídicos.

El autor, es Abogado, exnotario de Fe Pública, Diplomado en Derecho Notarial, Derecho Procesal Civil y Derecho Civil.

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