La Gaceta Jurídica

Reconocimiento del pluralismo jurídico en Ecuador

Durante el Taller Trinacional Perú, Ecuador y Bolivia, “Justicia Plural: Logros y Desafíos”, desarrollado en Sucre entre el 29 y 30 de agosto, un miembro de la diversidad cultural ecuatoriana explica cómo se debe entender la constitucionalidad plurinacional que identifica la diversidad de los pueblos indígenas y la consistencia del pluralismo jurídico desde la perspectiva doctrinaria cultural vigente.

El jurista ecuatoriano expone su experiencia ante los asistentes en la capital boliviana.

El jurista ecuatoriano expone su experiencia ante los asistentes en la capital boliviana. Foto: RPJ

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 21 de septiembre de 2012

El Coordinador de Justicia Indígena del Ecuador, Yupanki Atik Kuricamak, admitió en un encuentro en Sucre que para la sociedad de su país se hizo muy difícil entender el nuevo rol del Estado que reconocía constitucionalmente la diversidad intercultural y que representaba principios y valores jurídicos propios en cada nación indígena de ese territorio.

La perspectiva del sector indígena ecuatoriano no era encontrarse en una época de cambios, sino en un cambio de época que hizo dificultoso entender el verdadero proceso de transformación entre los pueblos ancestrales.

“Desde esa concepción no pretendimos cambiar las cosas, sino las ideologías, cosmovisiones, principios doctrinarios y las instituciones mono culturales que han existido en el ecuatoriano, argumentó Atik Kuricamak.

A partir de la nueva Constitución ecuatoriana y la construcción de nuevos retos, existió un nuevo país plurinacional e intercultural ecuatoriano.

Sería importante entender al nuevo Estado, cuando este reconozca los derechos de los catorce sistemas de justicia con sus instituciones, autoridades, saberes y ciencias, incluyendo el mestizo, por lo tanto, la vigencia del pluralismo jurídico con sistema propio desde las comunidades, añadió el legalista indígena.

“Cada sistema jurídico está obligado a potencializar cada uno de sus propios métodos y leyes jurídicas. No podemos hablar de justicia indígena y ordinaria porque en la realidad somos diversos” 

Constitución de la República del Ecuador

Artículo 1.‐ El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada (…). 

Artículo 57.‐ Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

Justicia Indígena

Artículo 171.‐ Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones juris- diccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

Por ello el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarían sujetas al control de constitucionalidad con los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

Entre la interculturalidad y el colonialismo

Denunció la resistencia surgida en este país desde las propias autoridades  e instituciones para  transitar al nuevo sistema y  construir un nuevo sistema constitucional.

“La sociedad que construyó el Estado mono cultural,  no ha logrado entender los nuevos preceptos jurídicos,  filosóficos y políticos,  efecto que ha desatado muchas dificultades en el nivel constitucional y legal actual”.

Atik admitió una resistencia internamente para llevar a cabo los cambios, producto de un sistema colonial de 520 años. Este inconveniente serió y complejo no sólo abarcaría a los sectores sociales mestizos, sino dentro de los propios pueblos indígenas.  Tal es el caso que los profesionales abogados indígenas siguen haciendo una serie de cursos para el ejercicio profesional en justicia ordinaria, dejando olvidada a la indígena. Por ello, reconoció que el problema de la colonización no sólo está en la cultura mestiza, sino en el seno mismo de las nacionalidades indígenas.

En este país la plurinacionalidad reconoce la diversidad cultural con sus derechos, instituciones y autoridades, coexistiendo elementos jurídicos de la pluralidad, mientras la interculturalidad no es jurídica, pero sí política, porque trata de construir una nueva sociedad incluyente, humanitaria, solidaria y unida desde la diversidad, puntualizó el expositor.

“Estos retos implican la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, sino (también) con los que manejan el poder político y económico para construir una nueva sociedad intercultural”.

Sin embargo, el abogado indígena destacó la iniciativa de crear instituciones antes de la promulgación de la nueva Constitución ecuatoriana plurinacional e intercultural con la implementación de la educación intercultural bilingüe, el Consejo Nacional de Pueblos y Naciones Indígenas y el Instituto Financiero en el marco de la diversidad y la salud intercultural,

No obstante, estas instituciones, que fueron creadas con la finalidad de profundizar saberes interculturales, ahora estarían siendo absorbidas por el régimen de gobierno en el ámbito de la interculturalidad, violando los derechos de los pueblos indígenas.

El pluralismo jurídico

Resaltó Atik Kuricamak la presencia de 15 sistemas jurídicos en el Ecuador, incluyendo el de justicia ordinaria ejercida por la clase mestiza. A la coexistencia de estos procedimientos los llamó pluralismo jurídico.

Para entender los derechos de los pueblos y naciones indígenas existen cuatro elementos, idioma, territorio, historia y visión, por lo tanto, los mestizos no pueden ser considerados como una nación, declaró el abogado.

Desde el ejercicio propio de varios sistemas jurídicos reconocidos en ese país se habría avanzado muy poco,  porque desde la Constitución de 1998 muchas autoridades no entendieron hasta dónde se tenía las potestades para ejercer la justicia indígena.

Sin embargo, resaltó que la Constitución del 2008 reconoció a la jurisdicción indígena y ordinaria. A la primera con sus propios derechos, procedimientos y autoridades.

Con este reconocimiento, lo primero que se hizo fue capacitar a las autoridades comunales de los pueblos quechuas y fortalecer las instituciones de administración de justicia con principios y derechos propios para luego ocuparse de una Ley de Coordinación y Cooperación.

La mencionada norma, elaborada desde los profesionales abogados indígenas, no delimitaría el ejercicio jurisdiccional indígena como la Ley del Deslinde Jurisdiccional vigente en Bolivia, tampoco su actuación se subrogaría a los sistemas jurídicos nacionales.

No obstante, en el marco del pluralismo jurídico –dijo– no encontramos muchos aspectos para coordinar con las autoridades judiciales ordinaria, pero sí de cooperación es los casos con el reconocimiento de la paternidad y asistencia del servicio de la policía en las dos jurisdicciones.

Por lo tanto, esta ley reconoce la institucionalidad administrativa de los sistemas de justicia indígena que visibiliza las instituciones y tribunales. En ese marco, se creó la Coordinadora de Justicia Plurinacional que no se encuentra en la Constitución ecuatoriana, pero sí cuenta con un reducido presupuesto técnico para fortalecer el sistema y capacitar a las autoridades campesinas.

No sanciona, busca la armonía

Mencionó Atik Kuricamak que la jurisdicción ordinaria soluciona los conflictos mediante el castigo, utilizando preceptos jurídicos;  nosotros hallamos soluciones mediante los principios propios de no castigar o sancionar, sino buscamos la paz y armonía para que ese ciudadano se reintegre a la comunidad. Por ello, capacitamos a las autoridades con principios propios.

“En vez de llamarle delito, los indígenas nombramos aquellas contravenciones como la tristeza grande, normal y pequeña. (Por ejemplo), cuando existe un caso de asesinato con alevosía (tristeza grande) hay reunidas 6 mil autoridades comunitarias implantando justicia, sin existir defensores ni acusadores”.

De esta manera, en la resolución de los casos que se emiten desde las asambleas comunitarias (tribunales), también conformadas por mujeres, no se vulnera los derechos humanos constitucionales e internacionales, por lo tanto, los fallos sólo serían controlados por la Corte Constitucional, siendo la única institución facultada para revisar los actos de las autoridades indígenas, argumentó.

“El Estado, mediante la Constitución Plurinacional, reconoce a los diversos. En ese marco, admitir las nuevas formas de administración de justicia ha logrado instaurar nuevas instituciones,  tanto para las naciones mestizas y (las) diversas.

El jurista Atik, por último, reconoció que la justicia indígena ejerce la gratuidad, al contrario de la jurisdicción ordinaria. El costo económico que representa contar con abogados, uno para el que acusa, otro que defienda, etc., además de los altos sueldos de los magistrados, implica para un sistema una alta inversión monetaria.

*    Es periodista.

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