La Gaceta Jurídica

Recursos contra el crimen

…en el país no se ha hecho una evaluación oficial, por lo menos aproximada, de las dimensiones de la inseguridad ciudadana, sin embargo, se puede tener una estimación de acuerdo al volumen de información y denuncias que se presentan en diversas categorías de delitos…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 07 de septiembre de 2012

Recientemente fue posesionado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y –a partir de ello y de la conformación de la representación de Cochabamba para esta labor de planificación de políticas y acciones– se conoció que se tendrá a disposición de las instancias, al menos, 4.000 millones de bolivianos, de los cuales 2.200 corresponden al aporte del órgano ejecutivo y los restantes 1.800 serán destinados con cargo al Impuesto Directo de los Hidrocarburos (idh) de gobernaciones y municipios.

El respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó que el trabajo de los consejos departamentales de seguridad ciudadana será elaborar lineamientos y estrategias de lucha contra el crimen y ejecutar las tareas programadas en cada ámbito. Para el titular de esa cartera, la aplicación de las políticas de seguridad ciudadana busca que la población se encuentre protegida y resguardada para no vivir atemorizada “por un puñado de maleantes” y pueda realizar sus actividades con tranquilidad y confianza. Agregó que “no puede ser que un pequeño número de malhechores atemorice a un pueblo y haga vulnerable a un Estado, entonces tenemos que organizar al Estado en sus distintos órganos funcionales”.

Si bien el trabajo se plantea con perspectivas para destacar, algunas consideraciones pueden parecer alejadas de la realidad, pues en el país no se ha hecho una evaluación oficial, por lo menos aproximada, de las dimensiones de la inseguridad ciudadana, sin embargo, se puede tener una estimación de acuerdo al volumen de información y denuncias que se presentan en diversas categorías de delitos, lo cual deberá ser considerado por las instancias de lucha contra el crimen dirigidas por los consejos departamentales.

Asimismo, a este trabajo operativo se sumarán mecanismos y medios tecnológicos para aplicar con efectividad y pertinencia las leyes y el plan del nuevo sistema nacional de seguridad ciudadana. Para esto, el Ministro pidió al Consejo de Seguridad de Cochabamba celeridad en la elaboración de políticas y en la ejecución de tareas de lucha contra el crimen, también aseguró que se trata de una iniciativa única, que se encuentra acompañada de voluntad política y recursos económicos que diferencian los planes de la administración actual, además que la seguridad ciudadana no tiene color político ni ideológico.

En este acápite se debe felicitar la predisposición institucional, pero es necesario que se anuncie o genere desde un principio los dispositivos de control interno, social y de ejecución que necesitan los consejos, debido a que los niveles de recursos son bastante elevados y a que es evidente que la lucha no será solamente contra pocos bandidos de actividad apartada con asaltos, robos y otros ataques, sino contra grandes organizaciones a nivel de narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando y otras formas.

Este crimen organizado no es tampoco de carácter aislado, sino que puede estar enquistado o relacionado con funcionarios de instituciones de vigilancia y en las de carácter estatal o gozar de influencias de diverso tipo que pueden perjudicar los resultados esperados para esta lucha, por lo cual tendrá que ganarse confianza hacia la iniciativa con el compromiso del ministro, de “organizar al Estado en sus distintos órganos funcionales”.

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