La Gaceta Jurídica

Reestructuración de la Asamblea Legislativa ¿Unicameral? en Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 08 de octubre de 2013

En los primeros días de octubre el polémico debate sobre la redistribución de escaños en la Asamblea ha generado un conflicto entre las regiones afectadas.

En medio de la discusión han surgido voces de oficialistas y opositores para transformar a la Asamblea Legislativa en una instancia de representación unicameral.

Por ejemplo, el diputado del Movimiento Sin Miedo (msm) Fabián Yaksic, a tiempo de “lanzar” esta propuesta que, ciertamente, ya existió en la Asamblea Constituyente de 2007, aseguró que se debe hacer una reflexión profunda al interior de la Asamblea Legislativa para ver cuánto se ha avanzado en estos primeros años de etapa postconstituyente.

Esto determina hacer un análisis de la reorientación en el tipo de Asamblea Legislativa, que bien podría ser unicameral debido a que “es ocioso tener una directiva en la Cámara de Senadores y otra en Diputados, así como las mismas comisiones en ambas instancias (…) es burocracia que incrementa el costo de la legislación en nuestro país, tenemos dos cámaras absolutamente ociosas, se dice que una revisa lo que hace la otra, pero eso es mentira”, manifestó.

Asimismo, agregó que no se habría cumplido con la agenda trazada en 2010, dado que de las casi 400 normas aprobadas hasta la fecha “ni el diez por ciento tiene que ver con la Constitución Política del Estado” (cpe).

Por otro lado, el diputado de Convergencia Nacional (cn) Andrés Ortega manifestó que no es la cantidad, sino la calidad de legisladores lo que se debe cambiar, aunque también lamentó que esas sugerencias, presuntamente, desprestigian al denominado “primer” Órgano del Estado. Asimismo, la diputada “librepensante” del Movimiento al Socialismo (mas) Rebeca Delgado dijo que las organizaciones sociales ya habrían observado la labor de los representantes nacionales y que, por ello, sugirieron el funcionamiento de una sola Cámara, dando como ejemplo los casos de Perú y Ecuador. “Creo que podríamos reducir muchísimo el presupuesto y además garantizar la eficiencia y la eficacia en la función de los asambleístas”, aseguró.

En el caso de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) nació en enero de 2010 para implementar la nueva cpe, promulgada en febrero de 2009, que declara expresamente: “La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano” (artículo 145); habiendo reemplazado de esa forma al anterior “Congreso Nacional de la República”, aunque no dejó de ser regulada por los “reglamentos internos” del anterior Congreso, dado que hasta el presente no se ha sancionado ni aprobado una ley específica que regule exclusivamente la estructura, organización y funcionamiento de la apl como tal.

Esto debido a que la misma Constitución ha ingresado inadecuadamente a “reglamentar” algunos de estos aspectos, habiendo dispuesto –de manera muy desacertada– que “la organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados” (artículo 158, parágrafo II constitucional), vale decir que con un Reglamento de alcance camaral (que ya se encuentra en vigencia) se pretende regular el funcionamiento de la Asamblea, lo que constituye un contrasentido en el texto constitucional.

Revisando antecedentes del proceso constituyente en Bolivia se puede evidenciar que en la “Propuesta para la Nueva cpe” de la Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia (2006) y en las propuestas recogidas por el denominado “Pacto de Unidad”, el tema de la representación política en los espacios deliberativos del nuevo Estado Plurinacional fue de debate; de ahí que, en el momento de la construcción de la propuesta del Pacto, el debate central tenía que ver con la participación directa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la alp, de tal forma que ésta represente el carácter plurinacional del Estado, lo cual estaba estrechamente relacionado con el tema de la identidad referida a lo indígena originario campesino.

Es decir, tanto el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) planteaban con énfasis el tema de la representación directa y la elección de sus representantes mediante “usos y costumbres” y “normas y procedimientos propios”. En todo caso, se logró aclarar que la representación era por pueblo y no por organización.

Asimismo, dos aportes importantes del Pacto de Unidad en el tema de representación política fueron la forma unicameral de la alp y un sistema uninominal de elección de representantes a la misma. En el primer caso, se trataba de evitar los mecanismos de ingobernabilidad derivados de las tensiones de un sistema bicameral; en el segundo, consolidar formas de control social en las circunscripciones electorales (1). Sin embargo, ninguno de los dos fue consignado en el texto constitucional, lo que permite deducir que la idea de la unicameralidad no fue considerada ni valorada en sus reales dimensiones por parte del sector mayoritario de la Asamblea Constituyente, que se limitó a mantener el sistema bicameral.

En Latinoamérica existe Parlamento Unicameral en Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Nicaragua y Venezuela, un total de diez los países con ese tipo de Legislativo; en cambio, son nueve constituciones latinoamericanas con Congreso Bicamaral: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y, por supuesto, Bolivia (2009). Sin embargo, a pesar de que cada Cámara tenga un ámbito específico de funciones, hace tiempo que el sistema no está brindando los resultados esperados en términos de transparencia y eficiencia en la gestión legislativa.

De ahí que son válidos los argumentos que cuestionan la efectividad del sistema bicameral en Bolivia cuando se alude al enorme costo presupuestario que implica su mantenimiento (más de 30 millones de bolivianos anuales sólo en salarios), así como la burocracia perjudicial que supone el trámite legislativo (en el tránsito desde una cámara de origen hacia otra cámara revisora, que muchas veces no afecta en lo más mínimo el contenido del proyecto legislativo) y que, inevitablemente, incide en la demora injustificada para la aprobación de las leyes.

Esta situación se torna más crítica cuando se debe soportar la improvisación con que generalmente se actúa al interior de la alp, el desequilibrio político (aprobaciones por rodillo), afectación continua al principio de separación de poderes (cuando se aprueban leyes de manera inmediata por instrucciones presidenciales) y falta absoluta de control al poder gubernamental que ejerce el Órgano Ejecutivo (que muchas veces rebasa sus límites).

En mérito de estas observaciones, es indudable que para cambiar o reestructurar la Asamblea Legislativa se debe acudir a una reforma constitucional; sin embargo, ello implica la necesaria apertura de un debate crítico-constructivo sobre la utilidad o eficacia del sistema bicameral en que se organiza hasta ahora el Órgano Legislativo en Bolivia.

Nota

1. Pacto de Unidad. “El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado”. La Paz, 2010. Pág. 78. Disponible en: http://www.redunitas.org/PACTO_UNIDAD.pdf

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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