La Gaceta Jurídica

Reflexión por la violencia sexual infantil

También se observa que la misma sociedad sostiene y socializa a las niñas para que sean preferentemente víctimas y a los hombres para ser preponderantemente victimarios.

Niños y niñas viven en un mundo en que no debe haber cabida para que experimenten acciones cobardes.

Niños y niñas viven en un mundo en que no debe haber cabida para que experimenten acciones cobardes. FOTO: cpunamuno.wordpress.com

La Razón (Edición Impresa) / Nelson Vilca*

00:00 / 12 de diciembre de 2014

Contrario a la creencia popular de que la familia es el espacio en donde se puede encontrar afecto y protección, es la familia uno de los ámbitos donde se encuentra mayormente el maltrato y violencia sexual contra los niños y niñas.

También se observa que la misma sociedad sostiene y socializa a las niñas para que sean preferentemente víctimas y a los hombres para ser preponderantemente victimarios.

También se cree que la violencia y el amor no coexisten, sin embargo, se observa que gran parte de los niños maltratados quieren a sus progenitores agresores; de hecho, se les enseña que ellos, los niños, merecen tal castigo para que se sientan culpables plenamente de sufrir la agresión. Estos niños, al crecer, creen que la violencia es parte de las relaciones y de la convivencia.

La violencia y el maltrato infantil son observados muchas veces en clases pobres, pero también hay casos encontrados en clases de elevados recursos económicos, solo que muchas veces son ocultados por medio de las influencias de poder y estos delitos suelen quedar impunes y silenciados.

Pero esta costumbre de culpabilizar de propiciar casos de abuso sexual solo a las clases pobres convierte a la pobreza en sinónimo de delito y ésta es criminalizada; así se considera a las clases sociales altas o medias como sujetos normales y ajenos a esos crímenes de abuso a menores de edad.

El entorno

Las organizaciones sociales y las ong también aducen que la violencia contra la mujer se desarrolla bajo la estructura patriarcal y que es nuestra sociedad la que impulsa estos crímenes porque incita a los hombres a demostrar su hombría, su poder, su autoridad sobre otros y acostumbra a la mujer, desde muy niña, a obedecer y a aceptar calladamente los roles impuestos.

Los niños, niñas y adolescentes son muchas veces ignorados y discriminados por la sociedad; el niño o niña misma es percibida por la sociedad adulta como una marginada, pues no comprende la relevancia de los hechos y esto hace que no tenga poder ni voto, entonces no existe. Esto hace que la sociedad invisibilice la realidad de los niños a pesar de sus discursos de preocupación por ellos.

La sociedad muchas veces no entiende que los niños y los adolescentes son sujetos de derechos, a pesar de que los adultos no los vean como tales. La paz, Cochabamba y Santa Cruz son los tres departamentos donde se registra más actos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, la mayor violencia es la psicológica, seguida por la física y, finalmente, la sexual. Muchas veces todas juntas en una misma persona, según datos de la defensoría de la niñez y adolescencia.

Los mayores agresores suelen ser los padres, seguidos por los educadores; en este panorama, la defensoría recibe de 20 a 24 denuncias de maltrato infantil por día.

También encontramos en diferentes casos de abuso sexual infantil la omisión o incumplimiento del deber de las autoridades que deberían prestar ayuda o asistencia a la víctima. Sea colegio, gobernación, alcaldía o centro de salud, el hecho de inasistencia está legislado de acuerdo a la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, Código Niño, Niña y adolescente, artículo 155. (obligación de denunciar), que establece que cualquier profesional e institución que conozca de un caso de maltrato a un niño debe denunciarlo. Además el artículo 149 determina las medidas preventivas y de protección contra la violencia sexual.

Referencias difíciles

Una muestra del gran número de casos de abuso a menores es que la fuerza anticrimen de Quillacollo, Cochabamba, declaró que en 2012 ha recibido 158 casos de denuncias de violación, 34 casos de adultos y 124 de violación de niñas y niños y adolescentes; para simplificar, podemos decir que la violación de menores en Quillacollo ocurre tres veces más que la violación de adultos.

Muchos violadores son menores de edad y son primos, hermanos, parientes, amigos, vecinos de las víctimas; solo siete de cada diez violaciones son denunciadas, las otras no. Un dato significativo es que el 90 por ciento de los procesos judiciales que existen en el país sobre violación se produce en Cochabamba y los padres de las victimas prefieren llegar a un acuerdo con el violador de su hija, pidiendo una suma de dinero a cambio de retirar la denuncia y renunciar al derecho de justicia. Otros progenitores obligan a la víctima a casarse con su agresor (datos defensoría de la niñez y adolescencia).

En diferentes investigaciones realizadas por nosotros en Argentina, Paraguay y Bolivia, se observa una inmensidad de leyes y reglamentos que protegen a la niñez y adolescencia, de acosos, abusos y explotación sexual, pero también observamos que los mismos operadores de seguridad o de justicia son los que incumplen esos reglamentos.

Un ejemplo de esto es la calle 12 de Octubre de la ciudad de El Alto, en La Paz, donde se puede encontrar hombres transitando y a los costados varios prostíbulos con cientos de clientes en las escaleras y pasillos, uno detrás de otro, viendo las puertas con mujeres jóvenes, a veces niñas, prostituyéndose por 30 o 40 bolivianos (5 dólares). A pocas cuadras de allí están las niñas “cleferas” (que se drogan con pegamento) que se prostituyen por 20 o 15 bolivianos (2 dólares).

En todos estos espacios la policía no está para impedir ese abuso a menores, pero hay protección de los interés de los proxenetas, quienes pagan por la seguridad de sus negocios. En Argentina se encuentra un sistema en que los comisarios son dueños de prostíbulos, donde también se vende drogas, pero en estos casos solo algunos responsables son detenidos.

El combate desigual

La lucha contra violencia sexual a menores de edad debe empezar en la sociedad y no solo desde leyes y reglamentos; esta situación no se acaba con penas más duras, pues existirá mientras los clientes demanden relaciones sexuales con menores.

Si esto continúa, las ofertas afloran, cueste lo que cueste, y es por dinero que las personas se involucran en un negocio altamente rentable y muy impune. Todos sabemos lo que sucede, pero fingimos no saberlo.

*    Es comunicador, investigador y documentalista.

Tomado de: bolpress.com

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