La Gaceta Jurídica

Reflexiones sobre el ya “famoso” segundo aguinaldo

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 13 de diciembre de 2013

El recientemente creado segundo aguinaldo ha dado mucho que hablar y lo continuará haciendo. Es que no se trata solamente de algo que ha acabado apareciendo en forma por demás intempestiva, sino que muchas de sus características son evidentemente singulares.

Un primer aspecto que ha sido analizado en espacios de prensa, en radio y televisión sobretodo, es el que tiene que ver con el respaldo jurídico del respectivo Decreto Supremo 1802 que resulta ser la norma creadora de aquel beneficio. Es cierto que para la gente que está segura de recibirlo (que no es la mayoría) el segundo aguinaldo resulta, en los hechos, una verdadera GANGA. Pero, volvamos a la interrogante de si sus bases legales son firmes. Y no parecen serlo.

En efecto, fue la Ley de 18 de diciembre de 1944 la que dispuso la instauración del AGUINALDO como obligación de TODOS LOS EMPLEADORES. Por tanto, fue una LEY. Ahora, una norma de rango y jerarquía jurídica INFERIOR, como lo es un Decreto Supremo, modifica los alcances de la Ley original y crea un segundo aguinaldo más otras variantes, por ejemplo aquella que suprime este nuevo beneficio (sin argumento alguno) a favor de los jubilados.

El hecho anterior no solamente vulnera el ordenamiento legal vigente, sino que atenta contra la Constitución Política, distorsionando el llamado bloque de constitucionalidad.

Por cierto, el artículo 410.II establece cuál es el orden y cuál es la jerarquía normativa a respetarse. No es a capricho. La última parte del inciso II del artículo citado dice: “La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales… etc. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanados de los órganos ejecutivos correspondientes”.

Sobre el tema, en el espacio radial “Diálogo en Panamericana”, sorprendidos, hemos escuchado (seguramente de parte de alguien que no debe ser abogado) que aquella norma constitucional no es aplicable (¿?) cuando se trata de una norma cuyo texto es favorable a los trabajadores, como sería precisamente el caso del segundo aguinaldo. ¿Se imaginan?

¿De alguna parte del artículo 410 de la Constitución Política del Estado (cpe) es posible aún con un gran esfuerzo DEDUCIR aquél extremo? Habría igualmente mucho que analizar en torno a los alcances, no respetados, de los artículos 339 y siguientes de la Constitución Política. Habrá que preguntarse, asimismo, si se han cumplido los alcances del artículo 313 de la misma cpe en sus propósitos de eliminar la pobreza y la exclusión social y económica.

Se ha dicho, además, como argumento a favor del segundo aguinaldo que éste es parte de las políticas distributivas del Gobierno y que trata de premiar el esfuerzo y la contribución de una mayoría del país a su desarrollo, o sea, incentivar a los “sectores productivos”.

Frente a semejantes afirmaciones nos preguntamos ¿qué de “productivo”, tiene, por ejemplo, el Órgano Legislativo, igualmente el Ejecutivo, el Judicial y el Electoral, que van a llevarse una parte sustancial del regalo?

El beneficio del aguinaldo, desde su creación hace casi setenta años, ha tenido una característica repetida: no ha logrado beneficiar a todos, pero sí a una buena parte de los trabajadores y/o empleados, tanto del Estado o funcionarios públicos como aquellos de la actividad privada.

Ahora, se hace una expresión, los jubilados. Aquellos que trabajaron una buena parte de su vida, tanto en las entidades públicas como privadas. ¿Cuál el motivo? Pues que no son gente “productiva” y/o que al Estado ya le falla la economía. O sea, la platita ya no le alcanza, según se dice, para el pago correspondiente.

O sea, antes de crear el nuevo beneficio, ¿el Gobierno no estaba obligado a calcular para quienes iba a alcanzar o no? Si no llegaba a alcanzar en los hechos, la solución era, como se ha hecho hasta que escribimos este trabajo, excluir de un plumazo a casi ciento cincuenta mil personas. Fácil, ¿o no?

Lo increíble es que ningún argumento vale ante la posición del Gobierno de excluir de este segundo aguinaldo a quienes desde muchísimos años ya han estado cobrando el primero.

¿O es que –nos preguntamos– no hay ninguna relación entre el uno y el otro? ¿O se ha escogido mal el nombre? Porque, en última instancia, podría haberse hablado de PRIMA (que no es una novedad), asociando este detalle con aquél otro que está relacionado con el carácter “productivo” de los beneficiarios.Mas, esto último acababa excluyendo a una buena parte del sector público, a buena parte del allegado o que es afín al partido de Gobierno (lo que no conviene).

Aquí existen razones “más que suficientes” para que se haya resuelto mantener la denominación de “aguinaldo”.

A partir de hoy en adelante va a ser muy necesario precisar algunos conceptos. Primero, ¿hasta dónde el Gabinete de Ministros puede cambiar esquemas legales preexistentes mediante sus propios decretos supremos con el argumento, absolutamente endeble, de que la cpe en su artículo 172, inciso 3, establece que le corresponde al Presidente del Estado “Promover y dirigir las políticas de Gobierno y de Estado”?

O, también, lo señalado genéricamente en el artículo 298 de la misma cpe al hablar de las competencias “privativas” del nivel “central del Estado”, destacando (inciso 22), “Política económica y planificación nacional…”

De esta manera, podríamos deducir cualquier cosa.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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