La Gaceta Jurídica

Reforma parcial de la Constitución

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 18 de octubre de 2015

La reforma parcial de la Constitución Política del Estado (cpe) no ha sido una práctica común en nuestra historia jurídica, pero, en este momento, no solo se ha convertido en un hecho de controversia, sino que, además, su procedimiento ha resultado enredándose en buena parte, sin motivo o por “razones” muy estrictamente políticas antes que jurídicas.

Lo único que quedó claro desde un comienzo es el propósito de la reforma parcial, que ha acabado circunscrita a solamente el artículo 168 de la cpe, el mismo que en su última parte se refiere al hecho de que el Presidente y el Vicepresidente del Estado podrán ser REELECTOS POR UNA SOLA VEZ DE MANERA CONTINUA. Ya en el momento de discusión de la Constitución vigente se escuchó las primeras voces para modificar ese texto, incluso hablando de un sistema de reelección indefinida que no se concretó.

Por lo tanto, cualquier planteamiento actual para cambiar ese sistema implica necesariamente una REFORMA PARCIAL DEL TEXTO CONSTITUCIONAL. Es obvio que, además, si hubiera la consiguiente decisión política al respecto también sería posible hablar de la reforma de otros artículos de la carta magna. Sería el caso, por ejemplo, de aquellos referidos a la elección de magistrados del Órgano Judicial, sistema tan criticado. Pero, al parecer, el único tema que interesa cambiar al partido de Gobierno es el referido a la reelección de los primeros mandatarios.

A su vez, dada su propia naturaleza y alcances, una reforma solamente parcial de la Constitución implica un procedimiento especial para que la misma se haga efectiva.

Aquí entramos en otra temática que es más completa y, además, supone varias fases. Y, otra vez, dentro de aquellas nos vamos a encontrar con la práctica, siempre complicada, de la democracia directa y participativa a través del referéndum.

Es el artículo 411 (inciso II) de la misma cpe el que se refiere al procedimiento que deberá seguirse cuando se trata de una reforma parcial del texto constitucional.

Su inicio solamente podrá tener dos caminos. Uno el referido a la INICIATIVA POPULAR, que se consigue alcanzando la firma de, al menos, el veinte por ciento del electorado. Esto último supondrá las firmas de algo más de un millón de ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.

La segunda forma sería mediante una Ley de Reforma Constitucional aprobada por dos tercios de votos del TOTAL DE MIEMBROS PRESENTES en la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, son dos tercios de los MIEMBROS PRESENTES en la sesión respectiva y no LOS DOS TERCIOS A CONTARSE SOBRE EL TOTAL DE SUS INTEGRANTES.

Pensamos que los conflictos han comenzado en el primer nivel del procedimiento. En efecto, quedó descartada la primera forma referida a la iniciativa popular y, por consiguiente, quedaba la segunda, o sea, dictar una Ley especial.

Pero, en realidad, se trató de un proyecto de ley que, en cuanto a su procedimiento, llegó a la etapa de su “sanción” por el Órgano Legislativo por su especial naturaleza. Pero fue en ese momento que el procedimiento normal y constitucional fue trastocado con la aparición y protagonismo de un ente ajeno al tema, como es el caso del Conalcam (Consejo Nacional para el Cambio), que no es nominado siquiera en nuestra normativa y que acabó asumiendo un papel oficioso en cuanto a la presentación de la iniciativa que promovió el posterior proyecto de ley.

Pero, resulta aún más curioso lo que sucedió luego. El artículo 111 de la ley que aprobó el Código Procesal Cons- titucional dice que “la consulta de Constitucionalidad de un PROYECTO DE LEY tiene por objeto… (etc., etc)”. O sea, lo que decíamos, se trata de CONSULTAR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEYES. Esto, además, resulta obvio. Promul- gada una Ley, la consulta resultaría ociosa y originaría, en todo caso, una demanda o acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, de ese esquema, el propio Tribunal Constitucional Plurina- cional (tcp) observó la documentación enviada por la Asamblea Legislativa y le pidió que “aclare” si se trata de un proyecto de ley o una ley definitiva.

¿Es que ese Tribunal no advirtió de antemano la diferencia entre un proyecto de ley que es consultado sobre su constitucionalidad y una ley sancionada y promulgada (artículo 172, inciso 7, de la cpe)?

De todas formas, no está demás señalar que el texto constitucional que nos hemos permitido señalar no habla en concreto de esa consulta ante el tcp.

Por su parte, el artículo 121 de la ley que aprobó el Código Procesal Constitucional habla de consulta sobre la constitucionalidad de las preguntas para el respectivo referéndum.

Y es que, en todo caso, volviendo al artículo 411 (inciso II) de la cpe, este dice que “cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio…”

En forma para nosotros innecesaria, el texto constitucional complica las cosas. Ahora resulta que las preguntas del referéndum han sido enviadas al Tribunal Supremo Electoral (más enredo) y luego (al final) que la reforma deberá ser aprobada en referéndum.

¿No estaremos corriendo el riesgo de que, una vez más, lo único que acabe haciendo el ciudadano sea confundirse?

El partido de Gobierno, por último, está muy apurado en conseguir la reforma, cuando apenas ha transcurrido algo más de un año del reciente periodo de los actuales gobernantes.

*    Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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