La Gaceta Jurídica

Reformar o implementar justicia

En estos últimos meses Bolivia vive un amplio proceso de reflexión en función de las precumbres y la próxima Cumbre de Justicia, en las que, desde la participación de sectores y organizaciones, se debate y realiza propuestas para mejorar el servicio de justicia.

En lo establecido en el CNNA, el o la adolescente,  la víctima y la comunidad participan para restaurar el daño y la armonía.

En lo establecido en el CNNA, el o la adolescente, la víctima y la comunidad participan para restaurar el daño y la armonía.

La Razón (Edición Impresa) / William Herrera Áñez*

00:00 / 29 de mayo de 2016

Estos espacios de diálogo son una esperanza para cambiar los vicios en nuestro sistema de justicia, pues los grupos en mayor situación de vulneración de derechos son las principales víctimas de un sistema ineficiente e “injusto”.

En este contexto nace ¡un gran número de propuestas! que son presentadas en una gama diversa, pero, en general, podemos identificar dos aristas fundamentales: reformar o implementar. Es decir, por un extremo se postula la reconstrucción de todo el sistema y, por otro, la exigencia de implementación de la normativa construida antes de desecharla.

Ante estas dos posturas, ¿por cuál optar? Es innegable que nuestro sistema de justicia presenta serios problemas que demandan medidas que vayan, incluso, a una crítica epistemológica del Derecho y su práctica. En consecuencia, se debe promover acciones que permitan reconstruir, desde nuevos pilares, el sistema de justicia.

También es cierto que existen previsiones normativas de avanzada, las que concluyen en buenas prácticas y que deberían ser socializadas en el territorio boliviano. Un ejemplo de esto es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Caso particular

Hace unas semanas, debido a que jóvenes y adolescentes participaron en un hecho delictivo, se presentó propuestas que pretenden reformar el Código Niña, Niño y Adolescente (cnna) en lo que incumbe al Sistema Penal para Adolescentes. Esta reforma es dirigida al endurecimiento de las sanciones y la introducción de un modelo punitivo y represivo frente al enfoque socio-educativo y restaurativo que prevé nuestra normativa.

Cabe mencionar que la legislación en Justicia Penal para Adolescentes es una de las más avanzadas en términos de derechos humanos e, incluso, es referente en la región al introducir prácticas restaurativas. En ese sentido, en el cnna se establece un Sistema Penal para Adolescentes que parte del principio del Interés Superior del Niño, el cual reconoce al adolescente como persona capaz de ejercer derechos y asumir responsabilidades.

Por tal razón, se diseña un sistema en el que el adolescente con responsabilidad penal forma parte de un proceso en el que se busca la responsabilización por sus actos –como respuesta opuesta al clásico punitivismo–, persiguiendo que este adoles- cente no reincida y construya un proyecto de vida positivo para sí mismo y la sociedad.

Además de este enfoque, el cnna introduce las prácticas de justicia restaurativa como mecanismos alternativos al judicial de resolución de conflictos. Estos procedimientos, a más de brindar mayor acceso a la justicia, son prácticas mucho más ágiles, económicas y participativas.

En ellas, tanto el o la adolescente con responsabilidad penal, la víctima y hasta la comunidad (según sea el caso) participan activamente para la resolución del conflicto y la restauración tanto del daño cometido como de la relación o armonía quebrada por el hecho.

Podría seguir abundando en los avances de nuestra normativa en la materia, pero se requeriría mucho espacio para profundizar cada uno de los temas. Empero, se puede concluir que normativamente tenemos uno de los mejores sistemas de justicia penal para adolescentes en la región (1).

Sin embargo, en este caso el problema no recae en una reforma de los preceptos contenidos en el Sistema Penal para Adolescentes, sino en la implementación. A casi dos años de la vigencia del cnna no se ha implementado todas las previsiones normativas. De hecho, no se cuenta en ningún departamento con un programa de prácticas restaurativas y en muy pocos se cuentan con programas socio-educativos para el seguimiento de medidas no privativas de libertad.

Programas y prácticas

Se debe reconocer que, a pesar de las dificultades que presenta el Estado para implementar los postulados de esta norma, existen buenas prácticas que –con recursos económicos limitados y enfrentados a estigmas hacia la adolescencia que algunas autoridades presentan– muestran en el trabajo diario que un modelo socio-educativo y restaurativo es posible y brinda mejores resultados.

Así, podemos ver el Programa de Medidas no privativas de Libertad de Santa Cruz, el Centro de Reintegración de Trinidad-Beni, el trabajo en manuales y protocolos desarrollado en Tarija y Cocha- bamba o el recientemente abierto Centro de Orientación de La Paz.

Estas son algunas de las buenas prácticas que (si pudiesen verse reflejadas en políticas públicas a largo plazo y con fondos recurrentes) permiten ver los resultados previstos al formularse el cnna.

Por todo lo expuesto, las propuestas de reforma al Código formuladas al calor del momento pueden tener buenas intenciones y pretender responder a una demanda de seguridad en el país, pero para ser consideradas se debería implementar seriamente lo previsto en la actual normativa y, si después de una evaluación se identifica que el modelo socio-educativo y restaurativo no funciona (2), se podría ponderar otras alternativas.

Finalmente, volviendo al tema de las propuestas en las pre-cumbres y la Cumbre de Justicia, se deberá promover un análisis de corte dialéctico en el que se identifique los aspectos de la justicia que requieren una reconstrucción –o deconstrucción– profunda en términos de justicia y, por otro lado, se recupere los avances tanto normativos como en buenas prácticas que den lugar a una justicia que responda a nuestra realidad.

En este contexto, los preceptos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como las prácticas restaurativas, pueden constituirse en modelos que contribuyan a repensar la justicia en el país, desde una mirada integral del acceso a la justicia más cercana a la población, en especial de los grupos en mayor situación de vulneración de derechos.

Lanzamiento del Registro de Abogados

El miércoles 1 de junio será lanzado el Registro de Abogados del Estado (rae) que tiene por objeto contar con una base de datos de la cualidad profesional de la o el profesional registrado, registro laboral histórico, formación académica, experiencia en docencia y los motivos de su desvinculación laboral, según anunció el procurador general del Estado, Héctor Arce.  

“En un acto especial el día miércoles, en horas de la mañana, se ha de presentar de manera oficial los dos nuevos registros que está llevando adelante la Procuraduría General del Estado (pge) en concordancia a la Ley 768 el 15 de diciembre del año 2015”, recalcó Arce.

Agregó que el rae es el registro obligatorio de todas las y los abogados que prestan servicios de asesoramiento técnico jurídico en la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos judiciales que ejerce el patrocinio legal o asesoramiento en las instituciones, entidades y empresas de la administración pública.

El Procurador dijo que el rae concluirá en octubre, mientras que el Registro de Procesos del Estado (rope) será puesto en vigencia en abril de 2017 y que tiene por objeto el registro dinámico, en línea, de los procesos en los cuales sea parte la administración del Estado central, departamental o municipal.

Temáticas

Acerca de cómo debería ser la elección de autoridades judiciales, Arce planteó un sistema mixto, por ejemplo de los ministros del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) con la participación de los tres órganos de poder del Estado y la sociedad civil.

Asimismo, sugiere que nueve de los 15 magistrados del tsj sean elegidos por el presidente del Estado de ternas que sean remitidas por departamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que necesiten un consenso de dos tercios de votos para ser aprobadas.

También se propone que los restantes seis magistrados sean elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos, de ternas elaborados y remitidas por el tsj en virtud al escalafón judicial, indicó.  

El Procurador dejó en claro que la propuesta para la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, elaborada por profesionales de la Procuraduría General del Estado, está basada en el derecho comparado.

Arce manifestó que “es una simple propuesta, no es una voz oficial de nadie, estamos en un país libre, tenemos derecho a proponer, tenemos derecho a pensar y a soñar con una mejor justicia”, concluyó.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia