La Gaceta Jurídica

Régimen disciplinario en el limbo

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 29 de mayo de 2012

El ciudadano boliviano que acude a los tribunales de justicia u oficinas administrativas del Órgano Judicial se encuentra en total indefensión ante las acciones y omisiones de los servidores y servidoras de dicho poder del Estado. Peor, el usuario de dichos servicios no cuenta con un escenario donde exista un verdadero sistema de control de la gestión judicial, un régimen disciplinario y un procedimiento de quejas y denuncias.

La gestión judicial, enfocada en modernizar y mejorar la atención a los ciudadanos, debe ser orientada –de una vez– a brindar respuestas inmediatas y oportunas a los procesos que conocen los jueces y a las quejas y reclamos de los usuarios.

Se dieron los primeros pasos de esto al publicar en la red internet los fallos y sentencias de algunos juzgados del país dentro de un programa de la cooperación internacional, plasmando de esa manera el principio contemplado en la Ley 025 de la Publicidad; en algunos distritos también se cuenta con centrales de notificaciones que modernizaron sus procedimientos, no obstante en otros continúan las peregrinaciones de los litigantes para materializar las mismas.

Pero se debe ir más allá, el simple cambio de nomenclatura de las instituciones judiciales no posibilitará que se produzcan cambios en la gestión judicial, hay que transformar de verdad internamente el Órgano Judicial, incorporar criterios de gestión, pues las que tenemos corresponden al siglo xix, es decir, en más de 185 años de existencia de la judicatura no se produjeron cambios trascendentales.

Pese a que hay magistrados que persisten en la idea de consultar a la hoja de coca para emitir sus fallos, lo que las autoridades coherentes deben hacer es promover desde las notificaciones electrónicas hasta la consulta online de expedientes en internet, con la finalidad suprema de acelerar los plazos para resolver juicios, pues otro de los principios contemplados en la Ley 025 es el de la Celeridad.

Decíamos que el ciudadano se encuentra en total indefensión frente a los servidores judiciales porque desde enero de este año no hay una instancia que juzgue a los malos funcionarios, pese a que la Ley del Órgano Judicial prevé, entre los artículos 184 y 212, todo el procedimiento y el detalle de las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los vocales de los tribunales departamentales, jueces y servidores de apoyo judicial en el cumplimiento de sus funciones.

Pero, ¿qué es lo que falta si existe toda la normativa y los procedimientos para ejecutar los procesos disciplinarios? Bueno, pues faltan los jueces disciplinarios. La Ley de Transición Nº 212, en su artículo 16, ordena a las actuales autoridades del Consejo de la Magistratura emitir la convocatoria pública nacional para la selección y designación de jueces disciplinarios en los nueve departamentos del país; pero dicha entidad, en un acto de completa irresponsabilidad, dejó trunco dicho proceso, pues, evidentemente, lanzó la convocatoria, se tomó los exámenes y, luego, el Plenario del Consejo de la Magistratura dejó esas nóminas para las calendas griegas, es decir, no designó a esas autoridades; entre tanto, las denuncias que existan en contra de vocales, jueces y servidores de apoyo judicial no tienen ninguna respuesta.

Esta pereza y dejadez de las autoridades administrativas del Órgano Judicial pone en tela de juicio la verdadera intención de los legisladores que promovieron una transformación, una “revolución judicial”, precisamente para que esta clase de hechos no se vuelvan a repetir, pues en la época republicana era común que las autoridades judiciales, en clara burla a las aspiraciones profesionales de muchos abogados del país, tomen exámenes y exámenes sin que éstos produzcan ningún resultado.

Vergüenza debería darles, pues lo único que están haciendo es replicar las actitudes negativas y reprochables de sus predecesores en esos altos cargos: múltiples viajes de numerosas delegaciones sin resultados concretos, tráfico de influencias, incapacidad para resolver las dificultades que se presentan, peleas intestinas por la distribución de pegas. En resumen: más y peor de lo mismo.

La experiencia marca que las denuncias en cuanto al régimen disciplinario giran, casi siempre, respecto a que no existe voluntad de trabajo y menos compromiso con la función judicial, cuando lo único que reclama el litigante o cualquier usuario del servicio es tener una atención con un mínimo de calidad humana y profesional que deberían tener los funcionarios.

Anteriormente, con la Ley 1817 del extinto Consejo de la Judicatura, el procedimiento señalaba con claridad dónde debía acudir el denunciante y las formas que debería observar para presentar la acusación. Todas las denuncias debían ser consideradas para verificar su pertinencia, a la vez debían cumplir con requisitos elementales mínimos. Luego, se pasaba a investigación y después se sustanciaba a través de un Tribunal Sumariante que determinaba una resolución que definía una sanción o sobreseimiento para el funcionario, luego de lo cual, se pasaba a una fase de apelación que sí era definitiva.

En la actualidad, la Ley 025 prevé un proceso similar, con la salvedad de que elimina los tribunales sumariantes para dar paso a los jueces disciplinarios y a los tribunales disciplinarios donde, al igual que en el actual procedimiento penal, participan jueces ciudadanos, esto en el caso de las denominadas faltas gravísimas.

Lo que no está establecido con total claridad es el procedimiento de quejas y denuncias, si bien se dice ante quién se debe presentar y cómo se lo debe hacer no se refiere, por ejemplo, a los términos perentorios para presentar una denuncia y cómo se podrá proceder de cara a las denuncias maliciosas, eso sólo para señalar un par de imprevisiones del marco normativo.

Es básico recordar a las autoridades judiciales, particularmente del Consejo de la Magistratura, que la inobservancia de las normas está sancionada y tipificada como incumplimiento de deberes, pero, más allá de este quebrantamiento de la ley, se está contraviniendo lo que significa uno de los encargos primarios de sus mandantes y es el de brindar respuestas inmediatas y oportunas a las necesidades del mundo litigante.

El cambio apunta a la desburocratización, a hacer más eficiente y eficaz la atención a los usuarios que realizan denuncias por faltas disciplinarias en contra de funcionarios del Órgano Judicial, no así al retorno a esquemas viejos, porque de eso ya tuvimos bastante.

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