La Gaceta Jurídica

Reglamento de Consulta y Participación en hidrocarburos

El Decreto 29033, Reglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas, aprobado en 2007 y específico para los pueblos indígenas, tuvo escasa aplicabilidad y las autoridades petroleras obviaron su cumplimiento. Un ejemplo de esto es la consulta para la sísmica 2D del bloque Lliquimuni desarrollada contradiciendo convenios internacionales y la Constitución.

“La consulta para la sísmica 2D  del bloque Lliquimuni contradice convenios y la Constitución”.

“La consulta para la sísmica 2D del bloque Lliquimuni contradice convenios y la Constitución”. Foto: Archivo La Razón

Marco Ribera Arismendi

00:00 / 08 de mayo de 2015

El reciente Decreto Supremo 2298 de 18 abril 2015, modificatorio y complementario del DS 29033, modifica y vulnera el espíritu del Reglamento 29033. Como antecedente cabe recordar que este último fue modificado en 2007 y 2008 por los Decretos 29124 y 29574, las modificaciones se orientaron mayormente a acelerar el proceso, reduciendo el tiempo de la consulta (artículo 12. Párrafo 2-29574) y dar más protagonismo a ypfb.

El Decreto 2298 ha sido denunciado por fuentes vinculadas a organizaciones indígenas (Erbol 15 abril 2015) en sentido de convertir la consulta participativa en un documento administrativo con intervención de notario público y allanar la explotación petrolera en tierras indígenas.

Como en otras normas extractivistas, los considerandos hacen mención a varios artículos de la Ley petrolera vigente (3058) y de la Constitución Política del Estado (cpe) a fin de resaltar la supremacía del sector petrolero. Por puro formalismo hace mención a algunos artículos de la Constitución sobre la consulta previa e informada, incurriendo en contrasentidos con el espíritu del Decreto en cuestión.

Pone de manifiesto la voluntad política de restar importancia y protagonismo a los dueños del territorio, supeditando importantes acciones que estaban en el 29033 no modificado al Ministerio de Hidrocarburos, que es la autoridad competente (ac) del proceso.

En el DS 29033 no modificado, si bien la ac convocaba por escrito a la Instancia Representativa del Pueblo Indígena opi (artículo 10,a); la reunión preliminar era organizada por instancias de representación local (opi), quienes definían lugar y fecha del evento. En la modificación (2298) queda por sentado (artículo 2,I) que la ac es la que define lugar y fecha de la reunión, considerando plazos perentorios en caso de no obtener respuesta escrita.

Si a la ac se le ocurre realizar la reunión en Santa Cruz o donde sea, los líderes indígenas del norte de La Paz o de Pando, al no poder movilizarse oportunamente por sus limitaciones económicas entrarán en la cláusulas de incumplimiento.

En el DS 29033 no modificado se preveía que la instancia de representación indígena realice la coordinación interna según sus usos y costumbres (artículo 11,I) y presente una propuesta escrita de realización del proceso de consulta y participación (artículo 11,I). Dicha propuesta escrita por la opi debía contener un plan metodológico y cronograma de reuniones, asambleas, etc., asesoría técnica y legal, presupuesto de la consulta (artículo 11,I,a).

Lo primero a precisar es que el lugar, fecha y propuesta escrita, con la metodología incluida, tiene relación directa con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Es decir, la opi, con los respectivos asesoramientos y capacidades logradas arduamente, era responsable de organizar el preámbulo al proceso de consulta.

La modificación con el DS 2298 establece que si no hay respuesta escrita por parte de la opi, la ac procederá a realizar la segunda convocatoria especificando la fecha y el lugar de la Reunión de Consulta y adjuntando la propuesta metodológica para la misma.

El decreto vuelve a mencionar (artículo 2,II) que la ac establecerá una metodología, cronograma y presupuesto para ejecutar el proceso de consulta y participación, la cual será concertada con la opi.

Cuando las opi tenían potestad de organizar el proceso según sus usos y costumbres, es decir, definir el presupuesto (y los cronogramas) junto con la metodología (el cómo), podían establecer el número de reuniones o talleres, asambleas o encuentros a realizarse para socializar la información del proyecto, además dónde, lo cual implica distancias y las formas de movilización.

Con la modificación, la ac se arroga el poder de definir dónde, cómo y cuánto implica la consulta.

El procedimiento

El carácter draconiano del decreto despoja a los indígenas del derecho de asumir, desde la lógica de sus usos y costumbres, el desarrollo de un proceso que los atinge e impacta. El proceso de consulta se realizará a la medida y gusto de los intereses del sector y las empresas petroleras.

En este sentido, el Decreto 2298 es anticonstitucional, puesto que viola la CPE en su artículo 352, que establece: “(…). En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”. Lo paradójico es que en los considerandos el Decreto modificatorio menciona el texto constitucional y el artículo 352.

En el DS 29033 no modificado, se privilegiaba la elaboración del Acta de entendimiento y el Convenio de validación de acuerdos entre la opi y la ac, situación que ha sido marginada del 2298, eliminando el inciso “c” del articulo 18,II, que establecía la nulidad del proceso si se realizaba sin considerar el acta de entendimiento, lo que muestra la marcada verticalidad de la norma modificatoria.

Se incorpora un nuevo artículo (19) al DS 29033, el cual define que en cualquiera de las fases previstas de la consulta, la asistencia al evento de las instancias representativas de los pio y cc, o la determinación de las bases en asamblea bajo voto resolutivo, dará continuidad a la ejecución de la Consulta y Participación en el estado en que se encuentre la misma y de acuerdo al procedimiento previsto en el presente Reglamento.

Hay un fondo perverso en sentido de que un proceso de consulta, de facto ya mal encaminado, y que fuese observado por la opi legítima, puede seguir adelante si otras supuestas representaciones de la opi (paralelas o inorgánicas-ilegítimas) o un grupo de base (cooptado) emitan un voto resolutivo a favor de las operaciones petroleras.

Finalmente, el artículo adicional 1, referido al contenido del componente ambiental y social del Documento de Información Pública, muestra la clara tendencia a relativizar los impactos ambientales o socioambientales de las operaciones, al mencionar de forma reiterada y tendenciosa: “los posibles impactos”.

El Decreto firmado por el presidente y su gabinete instruye en el artículo adicional 2, de las Disposiciones finales, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y al Vice- ministerio de Desarrollo Energético velar por el buen desarrollo de dichos procesos, garantizando la viabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. No se instruye a ninguna instancia velar por el respeto de los derechos indígenas o de la Madre Tierra.

Las organizaciones y pueblos indígenas y campesinos podrían impugnar esta norma por tener visos de anticonstitucionalidad y vulnerar sus derechos, sin embargo, considerando la coyuntura, así como el debilitamiento y divisiones que han sufrido la mayoría de las organizaciones por los procesos cooptativos, lo que quedaría es que negocien en condiciones de equidad y respeto el proceso de consulta impuesta por la ac, es decir, el dónde, cuándo, cuánto (presupuesto) y, en especial, el cómo (la metodología) para que dicho proceso se ajuste lo mejor posible a sus usos y costumbres.

Es bólogo y activista ambiental.

Tomado de: bolpress.com

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