La Gaceta Jurídica

Reglamento de cárceles

…podrán acceder a los beneficios de extramuro o ser parte de la implementación de un sistema progresivo con un régimen cerrado, otro intermedio y uno abierto, entre otras ventajas; pero la pregunta es si todo deberá ser parte de un engranaje efectivo sin retardación de justicia y con sentencias ejecutoriadas.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 31 de julio de 2012

No es para nada un secreto que el sistema penitenciario del país se encuentra en una crisis que no ha podido ser solucionada, pese a los anuncios de esta administración de Gobierno; sin embargo, se tiene la noticia de que la Dirección General de Régimen Penitenciario (dgrp) tiene listo el reglamento para la regulación del funcionamiento de las cárceles, además que incluye los deberes, restricciones y derechos de los reclusos y los deberes y responsabilidades de las funcionarios, civiles y uniformados, que trabajan en este ámbito.

El documento ya se encuentra en el Ministerio de Gobierno, donde debe ser aprobado con una resolución administrativa y se prevé que será entregado a los detenidos y detenidas  al momento de ingresar a uno de los centros de privación de libertad y a los mismos empleados de estos lugares, quienes deberán estar capacitados para aplicar la norma.

El “Reglamento para centros penitenciarios” es un documento que ha demorado mucho, siete años a decir del propio director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, y surge con el objetivo de “recuperar las cárceles para el Estado y que la sociedad esté tranquila con la administración que se hace de los penales”, dice este titular.

Entre los mayores problemas que se presentan en las cárceles del país, por lo menos en la mayoría, el hacinamiento provoca graves inconvenientes de salud física, emocional y sicológica en los internos, debido a que, desde la llegada a uno de estos recintos por determinación judicial o policial los penados deben enfrentar situaciones complicadas de corrupción, entre ellas comprar o alquilar un sitio para dormir, el cual les será “entregado por los comerciantes de los penales” con ciertas “comodidades” de acuerdo a lo que puedan pagar.

Los cambios que se prevé con esa disposición incluyen que los castigos como el calabozo, donde se mantiene a un convicto en incomunicación por su comportamiento, ahora deberán ser consultados al Consejo Penitenciario, que estará conformado por el psicólogo, médico, trabajador social, abogado y el director del penal, instancia en la que se evaluará, por votación calificada en 20 por ciento de cada uno de esos miembros, la pertinencia de la sanción interna. Esto llevará a procesos mediante consejos que mejorarían el servicio de rehabilitación que deben cumplir los recintos penitenciarios.

Otro punto interesante de esta reforma podría ser que las personas en reclusión se podrán poner en contacto con el “Servicio Penitenciario” para informar o hacer saber cómo se considera personalmente en el transcurso de cumplir su reclusión, aspecto que incluirá pautas de mejora en su trabajo o educación, para lo cual deberá cumplirse verdaderamente con estos aspectos en el proceso de rehabilitación y reinserción social que deben lograr o, por lo menos, intentar los presidios, obligaciones que son soslayadas y, desde siempre, no parecen tener aplicación o incentivo real de parte de las autoridades encargadas del tema.

Ciertos resultados serán favorables para quienes cumplen condenas, pues de esta forma podrán acceder a los beneficios de extramuro o ser parte de la implementación de un sistema progresivo con un régimen cerrado, otro intermedio y uno abierto, entre otras ventajas; pero la pregunta es si todo deberá ser parte de un engranaje efectivo sin retardación de justicia y con sentencias ejecutoriadas.

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