La Gaceta Jurídica

Regulación de medios de cara al milenio

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 29 de marzo de 2013

Con base a diagnósticos –traducidos en ensayos– vemos la necesidad de regular los medios de comunicación social. Hemos sostenido que la Deontología informativa es un excelente complemento de un ordenamiento positivo; también afirmamos que todo Derecho supone, siempre, ÉTICA; pero la ÉTICA, no implica necesariamente Derecho. El elemento medular de la ética –área especializada de la filosofía que estudia la mora– es que es incoercible; por eso mismo, no hay fuerza extrema que COMPULSIVAMENTE PUEDA HACER CUMPLIR UNA FALTA MORAL.

Dentro de los muchos ejemplos, cito dos: un periodista –ahora político– vuelve a los micrófonos. ¿Qué autoridad jurisdiccional puede decirle que no puede volver a los medios? El periodista-político, a pesar de que las normas éticas dicen que no puede seguir en las pantallas, continúa como si nada hubiera sucedido. Éticamente no corresponde su retomo a los medios, pero, ¿hay ley que le prohíba? ¡No hay nada!

Debería existir una Ley que diga: “el periodista que entre a la acción política, no podrá volver a ejercer la noble tarea de periodista”. Si una persona –varón o mujer– contrae nupcias con un nombre del espacio público, fundamentalmente un servidor público, producto del voto popular no debería retornar a ningún medio de comunicación. En ambos casos, su permanencia en los medios la hace no creíble. Debiera permanecer en la política o cambiar de profesión.

Para el caso de que se regularían los medios de comunicación social hay tres condiciones de irrecusable observancia, que el gobierno que promulgue la Ley sea verazmente democrático; es decir, no sea autoritario ni con tendencias autoritarias y, mucho menos, gobiernos totalitarios; que la Ley sea proyectada en un 100 por ciento por propietarios de medios de comunicación, sindicatos de la prensa y asociaciones departamentales y nacionales de la prensa.

Eso no es todo, el proyecto elaborado por astas organizaciones debe ser remitido a la Asamblea Legislativa y ser aprobado y sancionado sin ninguna observación; el Parlamento no debe modificar ni una coma del proyecto enviado por las organizaciones que tienen que ver con los medios de comunicación. La base debe ser la actual Ley de Imprenta, que debe ser modulada con la nueva Constitución Política del Estado (cpe).

Inicialmente, requerimos una ley que regule el DERECHO DE REPLICA. Esta ley solucionaría los problemas existentes. En estos momentos vemos que, v. gr., la prensa plana, en su generalidad, rectifica datos dentro de las noticias; vemos que los medios se disculpan públicamente.    

Esto no ocurre en radio y televisión. En los últimos 20 años no conocemos que un canal televisivo o radioemisora se haya disculpado de la fuente. La prensa plana –mal llamada escrita (porque en la Radio y la Televisión también se escribe)–, aun cuando no hay una ley especial sobre derecho de réplica, RECTIFICA sus errores, ¿por qué la radio y la televisión no han de hacerlo?

Desde una perspectiva eminentemente legal, el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana Sobre Derechos Humanos), en sus artículos 13 y 14, instituye el DERECHO DE LA RÉPLICA: “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes (…) a través de medios de difusión (…) tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”. De donde resulta que el ejercicio de este derecho está supeditado a que el Estado sancione una Ley especial sobre derecho de réplica (que no tenemos). Esta norma debe ser modulada con el artículo 106 de la cpe, que dice: “el Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, A LA RECTIFICACIÓN Y A LA RÉPLICA…” Requerimos de una norma que mejore algunos elementos de la Ley de Imprenta de 1925. Evidentemente, las condiciones han cambiado. El artículo 2 se complementaría así: “son responsables de los delitos cometidos por particulares y periodistas, por intermedio de la prensa plana, radio y televisión”. Se mantendría que la RESPONSABILIDAD es en cascada y no solidaria ni mancomunada.

Del mismo modo, el artículo 7 debe incluir los delitos cometidos por periodistas y particulares mediante radio y televisión. También se debe actualizar las sanciones. Debe mantenerse las penas pecuniarias, pero habría que actualizarlas. La multa podría ser graduable de 1.000 a 5.000 Bs. Eso al margen de la reparación de daños que prevé el ordenamiento civil.

Otro de los tópicos que debe ser regulado tiene que ver con la constitución de los jurados de imprenta. Nuestro criterio es que cuarenta es excesivo. Debería reducirse a la mitad. En el jurado debe estar irrecusablemente un miembro por cada organización empresarial, sindical o institucional; las asociaciones nacionales y departamentales de la prensa deben tener representantes igual que los sindicatos de prensa y los empresarios de medios de comunicación. El resto de los miembros del tribunal se integrará con ciudadanos notables en cada departamento.

En la actualidad, la Ley de Imprenta establece el plazo de cuatro meses para la prescripción. Será prudente que el plazo sea ampliado a seis. Para el caso de que se instaure una causa penal el damnificado tenga 6 meses para interponer la acción.

La ley debe subordinar cualquier proceso penal a que, previamente, el interesado dilucide el conflicto mediante el DERECHO DE RÉPLICA. Si el damnificado por el manejo irresponsable de una información se ve perjudicado, antes de acudir a los jurados de imprenta debe agotar el derecho de réplica. En caso de que el Medio sea renuente a la publicación de la réplica, recién se abriría la competencia de los jurados de imprenta.

El artículo 54 de la Ley de Imprenta debe ser reformulado para que se reconozca al periodista o la víctima pueda interponer los recursos de apelación y casación, para garantizar el debido proceso. El artículo 64 debe complementarse del siguiente modo: EN NINGÚN CASO la sentencia podrá decretar la clausura de la radio, canal de televisión o prensa plana, bajo sanción penal por delitos de abuso de autoridad y violación a los derechos constitucionales.

Es verdad que el artículo 60 establece el derecho de réplica bajo el nombre de vindicaciones. Nosotros pensamos que la víctima no tiene porqué pagar un solo centavo para su publicación. Tratándose de radio o televisión la rectificación debería producirse en el mismo programa y en el mismo horario. La prensa plana debe publicar las vindicaciones en el mismo lugar con el mismo titular y en recuadro.

El resto de Ley de Imprenta debería mantenerse sin más modificaciones. Por ejemplo, los tipos penales, delitos y faltas previstas en ella están bien y no ameritan más modificaciones. Lo que hay que dejar de lado son las peticiones de colegiatura obligatoria. En otro momento hemos demostrado que las buenas intenciones serían demandadas de anticonstitucionales porque atentarían la libertad de expresión.

  • Es experto en Derecho de la Información.

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