La Gaceta Jurídica

Regulaciones y cuestionamientos

Aranceles y vacíos

El profesional debe cumplir con la rectitud de conciencia.

El profesional debe cumplir con la rectitud de conciencia. Foto: saberderecho.com

La Gaceta Jurídica

00:00 / 23 de agosto de 2013

Una vez descrita la estructura de la lea, considero necesario realizar cuestionamientos e interrogantes que deben ser aclarados y resueltos en el DS que reglamentará la Ley Nº 387 en el plazo de 90 días a partir de la promulgación:

El art. 31 regula el cambio de patrocinio sobre una causa que fue encomendada a otro abogado, en consecuencia, este cambio sobreviene por fallecimiento o renuncia de la o el abogado, sin embargo, se incorpora un requisito consistente en la autorización de juez que conoce la causa, la interrogante surge en el siguiente sentido; ¿qué pasa si el juez no autoriza el cambio de patrocinio?

Sea la razón que fuere, se debe incorporar en el DS reglamentario lo siguiente: en  caso de que el juez no autorizare el cambio de patrocinio, la parte patrocinada debe acudir al Ministerio de Justicia o acudir a los colegios departamentales para que se autorice por escrito la contratación de un nuevo defensor, siempre que exista justa causa, así evitar el desamparo de la parte patrocinada.

El art. 40 describe como infracción leve patrocinar causas cuando se encuentre en la función pública, considero que esta infracción se debió incorporar como infracción grave o gravísima, teniendo en cuenta que un funcionario público puede ejercer influencia en los operadores de justicia para obtener una decisión a su favor.

En el capítulo III del título II se regula el procedimiento para el procesamiento de las infracciones a la ética, se olvidaron regular lo relacionado a las excusas y recusaciones de las autoridades (miembros) de los tribunales nacionales y departamentales del Ministerio de Justicia y de los colegios de abogados, toda vez que pueden existir conflictos de interés entre el abogado infractor y el o las autoridades que conforman los mencionados tribunales.

Emolumentos

El capítulo IV del título I regula los aranceles y honorarios profesionales de las y los abogados, sin embargo, en el Decreto Supremo (ds) reglamentario debe incluirse lo siguiente: que ningún abogado puede acordar honorarios profesionales en una cuantía menor a la fijada por el Ministerio de Justicia, por un tema de dignidad, lo que pudo haber sido beneficioso de incluirlo en la ley, sin embargo, puede ser incorporado en el reglamento.

Los artículos 56 y 57 regulan el presupuesto y la transferencia de los recursos económicos, así como las fuentes de financiamiento del Ministerio de Justicia, sin embargo, estos dos artículos fueron erróneamente incorporados en el capítulo III, que regula el procedimiento por infracciones a la ética de las y los abogados, algo inaceptable desde todo punto de vista.

Estos artículos deberían ser incorporados en otro capítulo, donde sólo se regule lo relacionado a los recursos económicos necesarios para la implementación de la lea, con esto el ordenamiento jurídico se vuelve incoherente y hasta contradictorio; en consecuencia, esta norma no se ajusta al manual de técnicas normativas, teniendo como parámetro que los capítulos comienzan por una sola idea, que deben ser susceptibles de desarrollo mediante sucesivos y coherentes artículos subordinados entre sí, que cada uno de los cuales exprese siguiendo siempre un orden lógico y coherente de exposición. 

Un dato curioso, en su parte resolutiva la scp Nº 336/2012 declaró la inconstitucionalidad del ds Nº 100 y por conexitud el dl Nº 16793 y dispuso la vigencia temporal de un año de ambas normas, lo curioso radica en que la scp se emitió el 18 de junio de 2012, sin embargo, la Ley Nº 387 (que regula el ejercicio de la abogacía) fue promulgada el 9 de julio de 2013; es decir que el cómputo de un año para la emisión de una nueva ley del ejercicio de la abogacía finalizaba el 17 de junio de 2013, sin embargo, después de 21 días de culminado el plazo que otorgó el Tribunal Constitucional recién fue promulgada la norma.

En consecuencia, nuestro país estuvo 21 días sin ninguna norma que regule el ejercicio de la abogacía (vacío jurídico), puesto que a partir del 18 de junio de 2013 las dos normas declaradas inconstitucionales fueron expulsadas del ordenamiento jurídico vigente conforme la sentencia constitucional de referencia. La pregunta innegable que alguien debería respondernos es: ¿se sancionará a los responsables de incumplir la sentencia constitucional 336/2012 por 21 días (las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio) o, simplemente, se convertirá en un dato anecdótico?

Se debe recalcar que la profesión permanente de defensa del Derecho exige del abogado no sólo la preparación científica que se recibe en las universidades, sino una conjunción de diversas cualidades, además el abogado debe cumplir otra exigencia: la rectitud de conciencia.

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