La Gaceta Jurídica

Relevancia internacional de la situación crítica de los derechos humanos

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 10 de febrero de 2015

Habiendo transcurrido la primera quincena de enero de este año se difundió una noticia preocupante sobre la vigencia de los derechos humanos en el país.

Y es que el Estado Plurinacional de Bolivia enfrenta cuarenta denuncias de violación a los derechos humanos, presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) de la Organiza- ción de Estados Americanos (oea).

Del total de casos, 12 están con medidas cautelares (1), 16 en etapa de admisibilidad, seis con informes de admisibilidad, cuatro con acuerdos de solución amistosa (2) y dos con informes de fondo, según lo comunicado por el procurador General del Estado, Héctor Arce, en un informe de rendición de cuentas.

El informe del Procurador también estableció que cuatro denuncias de violación de derechos humanos culminaron con la emisión de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Juan Carlos Trujillo Oroza (2000), Renato Ticona Estrada (2008), familia Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña (2010) y Pacheco Tineo (2013).

Ahora bien, que el Procurador rinda cuentas acerca de las acciones y los logros alcanzados durante su gestión es algo loable, que pone de manifiesto la transparencia con que maneja los asuntos públicos que por Ley se le han encargados, dado que una de sus funciones consiste, precisamente, en defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas.

Todo esto en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano.

Sin embargo, lo lamentable es que ahora ya es de conocimiento de toda la comunidad internacional la situación crítica en que se encuentra la vigencia de los derechos humanos en Bolivia y es criticable que las violaciones a los derechos no hubieran podido ser resueltas oportunamente a nivel interno.

Esto demuestra, una vez más, la ineficacia del sistema judicial nuestro que requiere profundas reformas, pero, sobre todo, un cambio de actitudes de los operadores de justicia frente a los ciudadanos y a su clamor de justicia; asimismo, es muy dudoso que ahora un referéndum –con una pregunta cerrada que se resuelva en un “Sí” o un “No”– pueda solucionar todo aquello.

Es por la ineficacia del sistema de justicia en Bolivia que ahora dichas violaciones tendrán que ser conocidas y dilucidadas por una instancia supranacional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos, que es, precisamente, la instancia consultiva encargada de asegurar el respeto y vigencia de los derechos humanos, con el propósito de efectivizar el derecho de acceso a la justicia de todos(as) los(las) ciudadanos(as) a nivel regional.

Al respecto, es necesario recordar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh) es el marco legal de protección integral de los derechos humanos en Latinoamérica y, orgánicamente, está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y la Corte Interame- ricana de Derechos Humanos (coidh).

Estos órganos protectores encuentran justificación en la misma Convención Americana de Derechos Humanos (cadh), cuya entrada en vigor en 1978 constituyó, indudablemente, un paso fundamental en el fortalecimiento del sidh pues reconoció una amplia gama de derechos e incrementó su efectividad.

En Bolivia, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, se dispuso la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Dere- chos Humanos (cadh) (3), denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, y suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada Interame- ricana sobre Derechos Humanos.

Este instrumento internacional tiene como fecha de entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la misma Convención.

Con este antecedente, y precisamente por la situación crítica en que también se encuentra el sistema judicial boliviano, es que resultaría ilógico y absurdo volver a discutir sobre la permanencia o retiro de Bolivia del sidh, porque, de esa forma, las posibles violaciones de derechos humanos que no sean resueltas eficazmente en sede judicial interna (pese a agotar todas las instancias de un proceso judicial) no podrían ser conocidas por ninguna otra autoridad, que, como tercero imparcial, ponga fin al conflicto dilucidando la situación de los derechos vulnerados.

Ello revela la enorme importancia que tienen los mecanismos del sidh (la Comisión y la Corte) para procurar la efectiva vigencia de los derechos humanos en los países de la región, pero, sobre todo, para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos(as), que es también una forma de asegurar el “vivir bien” de todos los bolivianos(as), en consonancia con los valores que promueve nuestra Constitución.

Lo que resta ahora es dar seguimiento a estos casos de violación de derechos humanos pendientes en la cidh y analizar la mejor manera de asumir defensa como Estado, asegurando la vigencia o restablecimiento de los derechos de las personas involucradas, en caso de que sus reclamos tengan sustento jurídico y constitucional suficiente.

Notas

1. De acuerdo a la página web de la organización, las medidas cautelares implican solicitar al Estado “adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”.

2. Entre los acuerdos con solución amistosa están los registrados en 2007 y que se refieren a la denuncia presentada por Víctor Hugo Arce Chávez, por incumplimiento de una sentencia de amparo, y la de Miguel Ángel Osorio y James Rocha Terrazas, también por incumplimiento de una sentencia de amparo, de acuerdo a una revisión de datos en La Razón.

3. A través de la citada Ley, se reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Convención: “Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención”.

Asimismo, también se ha reconocido como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de acuerdo al artículo 62 de la misma Convención).

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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