La Gaceta Jurídica

Renunciar a los derechos humanos

A cambio del comercio

En la Asociación existen posiciones acerca de la agricultura contra el derecho a los alimentos.

En la Asociación existen posiciones acerca de la agricultura contra el derecho a los alimentos. Foto: canilec.org.mx

Olivier De Schutter* y Kaitlin Y. Cordes**

00:00 / 01 de abril de 2014

Las negociaciones comerciales celebradas recientemente en Singapur concluyeron sin que se lograra un acuerdo sobre la esperada Asociación Transpacífica; pronto tendrán oportunidad de concluir el que sería el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, pero, en vista de que existen graves motivos de preocupación porque no se tengan en cuenta en él las importantes consecuencias que tendrá para los derechos humanos, no es una razón para celebrarlo.

En la Asociación Transpacífica participan Estados Unidos, Canadá y otros diez países de la cuenca del Pacífico, con una producción anual combinada de unos 26 billones de dólares, es decir, cerca del el 40 por ciento del pib mundial.

Su importancia económica es tanta como sus ambiciones; las conversaciones no se limitan a las cuestiones comerciales tradicionales, que representan sólo cinco de los 29 capítulos propuestos, y examinan una gran diversidad de cuestiones relativas a la inversión y la reglamentación que afectarán a muchos millones de personas... y no siempre positivamente.

Si la liberalización del comercio ayuda o daña en general a los más vulnerables es una cuestión compleja, pero el debate teórico no debe impedirnos llevar a cabo una evaluación detenida de las consecuencias para los derechos humanos de los términos del acuerdo que está sobre la mesa. Se debería hacer la evaluación antes de que en las negociaciones se llegue a un acuerdo final sobre las cuestiones importantes y no se debería pasar por alto la forma de aplicarse dichos términos en la práctica.

Lamentablemente, los Estados miembros de la asociación no sólo no lo han hecho, sino que han excluido a las organizaciones independientes del proceso de evaluación, al no permitir la consulta de los proyectos de textos.

Una opinión exterior resulta importante cuando, como ha observado el economista premio Nóbel Joseph Stiglitz, un acuerdo sobre inversión y libre comercio es más que nada un “régimen de comercio dirigido que pone por delante los intereses de las empresas”. De hecho, la insistencia de la Asociación Transpacífica en las políticas de reglamentación indica que los intereses empresariales prevalecerán sobre los derechos humanos.

Aunque algunas propuestas (contra el cercenamiento de las aletas de tiburones, por ejemplo) beneficiarían a algunos grupos de promoción, es probable que muchas otras cláusulas causen un sufrimiento generalizado. Los borradores de propuestas sobre la propiedad intelectual que se han filtrado muestran un obstinado empeño por parte de Estados Unidos en exigir protecciones de patentes para plantas y animales, con lo que exceden el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio.

La posición de Estados Unidos podría limitar aún más el acceso de los agricultores a los recursos productivos, lo que afectaría al derecho a los alimentos, esas propuestas limitarían las opciones de los gobiernos cuando aborden cuestiones de derechos humanos relacionadas con los alimentos. Ese choque de intereses contraviene los principios básicos del Derecho Internacional, a saber, que los acuerdos comerciales de los países no deben entrar en conflicto con sus obligaciones conforme a los tratados relativos a los derechos humanos.

Por esa razón, antes de que se firme acuerdo alguno de Asociación Transpacífica, se debe hacer una evaluación de sus consecuencias para los derechos humanos y se debe añadir las necesarias salvaguardas suplementarias. Una evaluación galvanizaría el debate público sobre las cuestiones que se examina.

Aunque las negociaciones comerciales requieren discreción para evitar los alardes políticos por parte de los participantes, el secretismo que rodea las conversaciones sobre la asociación impide que se aireen importantes argumentos sobre derechos humanos. Ese derecho a ser oído –en particular sobre un asunto tan transcendental– es también importante.

La transparencia y la inexistencia de exclusión deben ser condiciones indispensables para todo acuerdo. Una evaluación de sus consecuencias para los derechos humanos no sería difícil de llevar a cabo: los principios rectores presentados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 explican cómo hacerlo.

Se trata de un asunto urgente. Cuando las negociaciones actuales sobre la Asociación Transpacífica tocan a su fin, la oportunidad de una evaluación transparente y rigurosa sobre sus consecuencias para los derechos humanos es cada vez menor. Aun así, los países negociadores podrían aún encargar una evaluación complementaria que se podría sumar a los requisitos para la presentación de informes.

Se debe considerar el retraso en la consecución de un acuerdo final como última oportunidad para corregir injusticias potencialmente profundas. Es lo mínimo que se puede esperar de. Si de verdad quieren que la Asociación Transpacífica sea un modelo para la economía mundial del siglo xxi, los negociadores deben demostrar auténtica capacidad de dirección.

Los negociadores de la Asociación Transpacífica deben tener en cuenta los derechos de todos los afectados por el acuerdo y actuar en pro del interés público y no sólo de intereses particulares de los agentes económicos que más se beneficiarán.

*    Es Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.

**    Es investigadora legal senior en la Universidad de Columbia.

Tomado de: bolpress.com

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